PRINCIPIO

En los últimos años el nivel de la bancarización se ha incrementado notoriamente, lo que trajo consigo que a fines del año 2003 nuestro país apruebe la norma legal que regule la bancarización y el denominado impuesto a las transacciones financieras. En sus inicios esta ley se creó con la finalidad de impulsar la formalización de la economía, promover la documentación de operaciones, reducir la evasión y combatir sobre todo la informalidad y fomentar la bancarización, planteándose que tendría carácter temporal.

Pero hoy a casi 10 años de su vigencia es diferente, el impuesto a las transacciones financieras se ha convertido en el impuesto más cuestionado, ya que no ha cumplido con su finalidad de reducir la evasión tributaria y la informalidad, sino más se ha convertido en un medio para obtener mayor dinero y así sufragar los gastos de la caja fiscal.

Desde su creación ha sido objeto de críticas por considerarse que este no grava las rentas o la generación de riquezas, sino solo el movimiento de dinero, que manifiesta una grave omisión al principio de capacidad contributiva, al no tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente, que vulnere el principio tributario, además que este impuesto desvirtúa la obligación constitucional del estado de proteger el ahorro, ya que fomenta el retiro de fondos de las instituciones financieras.

La potestad tributaria del estado de crear e imponer a los ciudadanos diversos tributos no puede establecerse sobrepasando los límites que para nuestro caso concreto lo establece la constitución política del Perú de 1993 a través de los principios tributarios contemplados en el artículo 74 de nuestra Carta Magna; y en forma particular el principio el principio de no confiscatoriedad de los tributos; principio que señala que ningún tributo puede alcanzar un nivel que absorba una parte sustantiva de las rentas, de los ingresos o patrimonio de los contribuyentes cumpliendo dos funciones por un lado como un mecanismo de defensa de derechos constitucionales como el de la propiedad, evitando que la ley tributaria pueda afectar irrazonable y desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas; y la segunda es su función institucional, dado que con sus observancia se asegura que ciertas instituciones que conforman nuestra constitución económica, como el pluralismo económico, la propiedad o la empresa no resulta suprimidas o vaciadas de contenido cuando el estado ejerza su potestad tributaria.

Asimismo teniendo en cuenta que le tribunal constitucional manifestó la improcedencia de la inconstitucionalidad respecto a lo argumentado a la vulneración del principio de no confiscatoriedad en donde el efecto temporal del impuesto fue uno de los elementos los cuales sirvieron fallo por la demanda se diera en ese extremo; y siendo que a la fecha el referido impuesto a través de modificaciones de su ley originaria de creación ha sufrido variaciones

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