"Participación Ciudadana"-La Cruz De Rio Grande-2011

I. Objetivos

A. Objetivo General

Identificar el acceso que han tenido los ciudadanos a las informaciones sobre la gestión pública de La Alcaldías Municipal.

B. Objetivos Específicos

a) Valorar las oportunidades para las organizaciones civiles que han brindado el Comité de Desarrollo Municipal y otros espacios de concertación local.

b) Conocer el grado de incidencia ciudadana en la consulta, aprobación, ejecución y monitoreo de políticas públicas en sus municipios.

c) Sistematizar las recomendaciones para fortalecer la participación ciudadana y las organizaciones civiles en la gestión pública municipal.

II. Hipótesis

La participación ciudadana, aplica una serie de oportunidades para el fortalecimiento de las relaciones sociales en el municipio, permitiendo así, a los ciudadanos ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, para la recuperación de los espacios legales y representativos del municipio.

III. Introducción

Se trata de un estudio cuanti-cualitativo, transversal y propositivo. La principal fuente de información han sido líderes de organizaciones civiles y Funcionarios de gobierno de diferentes comunidades seleccionadas, que suman un total de10 personas, es decir un promedio de 9.61 informantes por comunidad que fueron entrevistados en base a una guía semi-estructurada. Por otro lado, se ha recogido información de fuentes documentales y registros accesibles.

La información recogida de las distintas fuentes ha sido procesada conforme las temáticas seleccionadas, una vez que fue verificada la validez de la misma. Posteriormente realizamos el análisis de los resultados, tratando de sintetizar los hallazgos más relevantes, de explicar los factores que condicionan la dinámica local, de valorar los avances y limitantes identificadas y de recopilar las recomendaciones planteadas a fin de fortalecer la participación ciudadana y el rol de las organizaciones civiles en la gestión pública y el desarrollo local.

Consideramos que la problemática analizada en esta ponencia no es exclusiva de la Cruz de Rio Grande, sus experiencias positivas y negativas pueden contribuir al conocimiento y a la práctica de las organizaciones civiles de la mayoría de los municipios del país.

IV. Marco teórico

El concepto más extendido de “ciudadanía” proviene de las Ciencias Jurídicas, enfocándola como una relación legal entre las personas y el Estado que establece derechos y deberes entre ambos. Por tanto, la definición generalmente aceptada de “participación ciudadana” se refiere a todas aquellas prácticas de interacción entre los actores de la sociedad civil y el Estado. Es decir, que el concepto alude a las acciones de intervención de ciudadanas y ciudadanos, de forma individual y colectiva, ante las instituciones del Estado, sea como elector, fiscalizador, contribuyente, asociado o proponente de políticas públicas. Desde la perspectiva de la gestión pública, la participación ciudadana cabe en todas las fases del ciclo de políticas y programas, desde el diagnostico de la problemática, pasando por la elaboración de la política, la planificación e implementación de programas y proyectos, hasta el monitoreo y la evaluación de resultados e impacto, tal como lo establece la Ley de Participación Ciudadana en Nicaragua.

Un concepto sociológico de ciudadanía lo planteo T. Marshall quien distingue tres dimensiones: la “ciudadanía civil” que significa el goce de derechos civiles, la “ciudadanía política” implica el derecho de participar en elecciones, y la “ciudadanía social” abarca los derechos de educación, salud, habitación, empleo, seguridad social.

Marshall, 1997.En este sentido, Bottomore distingue una “ciudadanía sustantiva” que implica tener las capacidades para ejercer los derechos de la “ciudadanía formal” o jurídica, y señala que la definición y vigencia de los derechos ciudadanos es un campo de lucha sociopolítica entre grupos sociales con intereses contrapuestos. (Bottomore, 1992).

Esta distinción ha sido retomada desde un enfoque feminista, señalando que la igualdad formal de derechos que han alcanzado las mujeres en muchos países, difícilmente se ejerce en la práctica por la desigualdad existente entre géneros, o mejor dicho por la subordinación del género femenino en distintos ámbitos sociales (familia, iglesia, empresa, partido, etc.) y la exclusión de oportunidades (educación, salud, etc.) que permitan desarrollar sus capacidades y sus derechos ciudadanos.

En el contexto latinoamericano, Ana García señala que “Respecto a la ciudadanía formal, las diferencias entre mujeres y hombres se han reducido a su mínima expresión en los últimos cincuenta años. En cuanto a la ciudadanía sustantiva, la situación escaramente diferente” (García 2001 pp. 206).

La limitante clave de la participación ciudadana de las mujeres reside en la diferenciación entre un ámbito público asignados los hombres donde se ejerce la política y la ciudadanía, y un ámbito privado o domestico atribuido a las mujeres. Por esta razón, los movimientos feministas han planteado la ruptura de esta distinción patriarcal vía la politización de lo privado y el acceso equitativo de las mujeres al ámbito público (Aguilar 1997).Coincidentemente, desde una perspectiva antropológica y con el auge de los movimientos indígenas se ha señalado que muchos grupos étnicos se encuentran excluidos de las oportunidades y condiciones sustantivas para ejercer la ciudadanía formal.

Así ha surgido un enfoque multicultural de la ciudadanía que enfatiza el respeto de la diversas identidades, normas y organizaciones propias de las diversas culturas existentes en un país y la necesidad de una “discriminación positiva” para que los grupos excluidos pueden acceder en igualdad de condiciones a los derechos ciudadanos (Bello Alfaro 2004).En cuanto al concepto de “participación”, se lo ha definido como la “acción y efecto de participar”, es decir se trata de “tomar parte” personalmente de una actividad o de un programa (temporal), o “ser parte o miembro” de una organización o de una comunidad (permanente). Existen distintos ámbitos de la vida social donde cabe a las personas “tomar o ser parte”.

En el caso de la participación ciudadana nos referimos a un ámbito socio-estatal especifico, denominado por algunos autores como “ámbito público “en tanto se abordan asuntos de interés común para los miembros de una sociedad, y por otros autores se llama “campo político” en

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