Politica Exterior

Los conceptos de soberanía y seguridad nacional puestos en duda desde la década de los noventa, vuelven a ser motivo de análisis en todos los países, especialmente en América Latina, donde perviven la desigualdad social y una democracia en construcción.

Los endémicos desequilibrios sociales ocasionados por la pobreza, impunidad, corrupción, inseguridad, migraciones forzadas, conflictos étnicos y religiosos subsisten en paralelo con la urgencia de acabar con el terrorismo, armamentismo, crimen organizado, migración laboral e ilegal, desastres naturales, desequilibrios ecológicos, problemas de salud y una crisis económica histórica que desploma la producción, agudiza el desempleo, incrementa el hambre y restringe el comercio exterior. Fenómenos que de una u otra manera minan la seguridad, la estabilidad y la eficacia de gobiernos y relaciones regionales.

El narcotráfico, es uno de los problemas más característicos, del creciente “crimen organizado”, tomando en cuenta el consumo, tráfico, la producción, lavado de dinero, debe tomarse en un enfoque local, nacional e internacional, simultáneamente, paralelamente, en el sentido de que se trata de un crimen organizado trasnacional, la delincuencia es un tema local que se conecta con redes internacionales. Y es un flujo de información la cual se comparte, y se trata de ejercer un dominio y control territorial. Es una lucha constante y sonante, en la cual el crimen organizado esta a la alza, y cada vez se apoderan de mas territorios, sin importar que y quienes estén de por medio, su único interés es el obtener el control y el poder.

El Estado, concebido como un ente soberano cuya misión es proporcionar bienestar social dentro de un territorio determinado, está en entredicho. ¿Cómo se puede preservar la soberanía y la seguridad nacional cuando las políticas públicas responden a las premisas de una problemática interna y a compromisos que traspasan fronteras?

Actualmente hay cosas que están por encima de la soberanía y el bienestar social, es una problemática constante, ya que recientemente en México, las fuerzas armadas se han convertido en la última década, en parte fundamental de las tareas de seguridad pública, para los gobiernos estatales y federales, dejando atrás el verdadero papel que desempeñan o desempeñaban, que era ocuparse en la defensa nacional y en el auxilio a la población en casos de desastres. Y así es como el crimen organizado, hace que el gobierno mueva algunas de sus piezas, para poder combatirlo.

Grandes temas del Constitucionalismo Mexicano, La soberanía nacional, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, pág. 72.

La violencia deteriora la integración social; rompe el tejido social; impacta negativamente el crecimiento y desarrollo económico. Ahuyenta la inversión nacional, pero especialmente, la extranjera. Erosiona la legitimidad del Estado y aumenta la desconfianza de la ciudadanía; y reduce el apoyo a la democracia. Sin seguridad no hay predictibilidad y las incertidumbres aumentan. Los costos de la seguridad individual y de las sociedades aumentan, con ellos la inequidad y la fragmentación de las ciudades. En breve, la violencia aumenta la ingobernabilidad, debilita la democracia, aumenta la desconfianza y genera las condiciones para violaciones a los derechos humanos.

La seguridad pública – la seguridad ciudadana – es un bien público que debe reforzarse y perfeccionarse. Esta es un área de déficit en las Américas. Allí se evidencian las mayores vulnerabilidades. Para poder enfrentar esta situación la construcción de políticas públicas de Estado es una condición esencial. Sin ellas surgirán propuestas autoritarias y populistas que agravaran los problemas, además de politizar y polarizar las opciones. Su carácter de Estado esta dado por la construcción de una visión nacional y de largo plazo. Esta va más allá de la del partido en el poder o de la coalición gubernamental; de su período de gobierno. Se propone incorporar perspectivas de diferentes actores, con un horizonte temporal que cruza los períodos de gobierno. Es un tipo de política pública sobre la cual existe una efectiva voluntad política. Es decir, metas y objetivos; un camino para alcanzarlas; y los recursos humanos y materiales necesarios para ello; expresado todo lo anterior en un marco institucional.

Viendo que la violencia, y el crimen organizado aumenta, podemos entenderlo como un obstáculo para que se pueda desarrollar una buena política exterior, la inseguridad, el tráfico de armas, el contrabando, el narcotráfico, son algunos de los factores en los que México se ve afectado para desarrollar una buena política exterior, actualmente todos los ciudadanos están en un estado de alerta, debido a la situación tan violenta que se vive en el país, pero la cooperación internacional, puede ser fundamental, para combatir de manera eficiente y eficaz, el crimen organizado y la violencia. Un ejemplo adecuado aparece frente al tema de los narcóticos, allí es necesario mirar simultáneamente la producción, el tráfico, la adicción, el consumo y el lavado de dinero. A la vez, es necesario ubicar al conjunto diferenciado de actores estatales y la gran variedad de los no estatales involucrados en las diferentes partes de este tema, en donde el crimen organizado y el Estado son los principales.

Francisco Rojas Araven

Meeting on Inter-American Institutions, October 12, 2007o actual.

El tráfico de armas, contrabando, trata de personas, narcotráfico, piratería, comercio ilegal, secuestro, extorsión, corrupción de fuerzas policiales y políticas e incremento en la capacidad de fuego de las fuerzas delincuencias representan atentados contra la seguridad pública, pero también podrían llegar a significar afectaciones a la cohesión social, el ejercicio de autoridad y la eficacia de las instituciones gubernamentales. De allí la urgente necesidad de que los cuerpos policiales se equipen, modernicen y profesionalicen para atender esta circunstancia, por demás anómala, en el marco de los esfuerzos de paz, estabilidad, soberanía y desarrollo en el que se encuentran comprometidos los países latinoamericanos.

Sin embargo, el reconocimiento de la debilidad de los cuerpos policiales para combatir al crimen organizado ha conducido en algunas zonas de México, como por ejemplo, las ubicadas al sur del Río Bravo o en Michoacán, a una creciente intervención del ejército y la armada en tareas de seguridad pública que mantienen ocupados a críticos y analistas que temen por la vulnerabilidad de los derechos humanos.

En el caso de México, fue la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que otorgó constitucionalidad a la participación del ejército y la armada en el Consejo Nacional

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