Principios Doctrinales

Políticas públicas

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Las políticas públicas son las respuestas que el Estado o poder público otorga a las necesidades de los gobernados, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios. En este sentido, está ligado directamente a la actividad del Estado en tanto ejecutor, es decir, aludiendo a la Administración del Estado, centralizada o descentralizada. Involucra una toma de decisiones y previamente un proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades.

Este concepto de acuerdo a diversos académicos se puede entender como lo siguiente:

• Dye (2008) define a la política pública “es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer”.

• Aguilar Villanueva (1996) en tanto, señala que una política pública es “en suma: a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce”. (Villanueva,1996).

• Finalmente, Kraft y Furlong (2006) plantean que “una política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos: [Las políticas públicas] reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión(Kraft y Furlong, 2006).

Las principales áreas de análisis de las políticas públicas son:

• Beneficios y repercusiones en la sociedad.

• El desarrollo social.

• La economía, la infraestructura y expansión de las vías generales de comunicación, de las telecomunicaciones, del desarrollo social, de la salud y de la seguridad pública, entre otras.

• Los planes de desarrollos anuales, quinquenales, etc.

• Los presupuestos anuales de los estados y las administraciones autonómicas y municipales

• La administración pública o sistema burocrático y sus planificaciones

• Los tratados internacionales y las declaraciones de principios de los estados individuales o unidos en agrupaciones regionales: Naciones Unidas, América Latina, Unión Europea, etc., con énfasis en la cohesión social y la gobernabilidad para desarrollos integrales o totales.

1. Introducción.

El hombre por naturaleza, está destinado a la convivencia. Su necesidad de interacción con sus

semejantes fue lo que al final determinó las formas primitivas de la vida social y por ende, la

aparición del Estado.

El nacimiento del Estado es muy antiguo. Se estima que hace más de cinco mil años, emergen los

primeros esbozos de la autoridad centralizada en Egipto y demás civilizaciones contemporáneas,

para luego continuar su evolución, desde las polis griegas, pasando por el Imperio Romano, hasta

el Estado moderno que surge con las revoluciones y cambios sucedidos en Francia, Estados

Unidos e Inglaterra.

El Estado, pues, puede definirse como una organización jurídico – política que está autorizada a

ejercer su influencia para regular la interacción y convivencia de los miembros de la sociedad. El

filósofo español Ortega y Gasset concibe al Estado como la culminación del desarrollo social,

mientras que para el filósofo alemán Hegel, el Estado es un logro admirable de la civilización

moderna, en donde los grandes grupos de personas acuerdan subordinar sus intereses privados

para el bienestar de los miembros de la sociedad. Con la creación del Estado se alcanza un grado

elevado de organización social regida por una ordenación jurídica, la cual tiene una única finalidad:

el bien común.

Dentro del Estado, prevalece a lo largo de la historia reciente, la tesis de Montesquieu acerca de la

separación de poderes. Este principio demuestra una y otra vez ser fundamental e indispensable

para la existencia de la gobernabilidad. Por naturaleza, las actividades del Estado se manifiestan

en tres formas que se les denomina funciones: legislativa, administrativa y jurisdiccional,

enmarcadas dentro de la fuente primaria de toda Nación: La Constitución. Mediante los actos

legislativos, el Estado instituye el ordenamiento jurídico que regula su organización y su acción, así

como la vida social. Mediante actos administrativos, el Estado provee las necesidades y mantiene

los servicios públicos de seguridad y de vida. Mediante actos jurisdiccionales, el Estado interviene

en las controversias y dirime las mismas, en los casos en que se precisa su aplicación.

Dichas acciones, decisiones y lineamientos ejecutados por el Estado se denominan Políticas

Públicas. Por lo tanto, ellas son las acciones de Gobierno, que buscan cómo dar respuestas a las

diversas demandas de la población. Las mismas juegan un rol fundamental en el desarrollo

económico y en el bienestar social de una nación.

En Venezuela, la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico.

Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la misma. En ella

están plasmados los principios fundamentales que deben regir las políticas públicas a seguir. Sin

embargo, el Estado venezolano, aún cuando cuenta hoy en día con recursos y ordenamiento

jurídico que en teoría le da capacidad de ejecutar, no sigue, desconoce y es poco efectivo en la

aplicación de la Constitución.

De nada sirve discutir en la Asamblea Nacional o en los Ministerios del Gobierno, una cantidad de

programas de Políticas Públicas, si no hay capacidad de ejecución. Por lo tanto, necesitamos no

solamente políticas públicas con programas coherentes y bien estructurados, sino también un

Estado eficiente y productivo para llevar a cabo la ejecución de las mismas.

Para ello, la existencia de instituciones robustas es una condición importantísima para que las

políticas públicas tengan resultados favorables y el enfoque racional y administrativo que trate de

resolver de fondo los problemas sociales.

2. Las Políticas Públicas de la Quinta República

Una vez aprobada la Constitución Bolivariana en Diciembre del año 1999, el Gobierno Nacional

comienza a distanciarse del marco referencial que se encuentra en nuestra Carta Magna.

2.1. En materia Socio-Económica

En lo

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