Reforma Fiscal

Relativo a la Reforma Fiscal Integral 1

La lógica y la ley de la necesidad indican que la reforma fiscal integral tendría que resolver simultáneamente los siguientes problemas: a) el fiscal, propiamente dicho; b) el eléctrico, pues su componente fiscal es grande; y el cuasi fiscal, porque está condicionando las finanzas públicas y la política monetaria y crediticia.

Los tres forman una misma madeja. No verlo así significa dejar pendientes lastres muy pesados.

La fiscal, propiamente dicha, debería enfocarse en reestructurar y reorientar el gasto para mejorar su calidad y eliminar el superfluo, dado que un gasto público estéril, nunca parirá desarrollo, sino clientes pobres.

Asimismo, debería limitar el crecimiento de la deuda pública; perseguir un superávit primario que sobrepase el 2% del PIB; impulsar el ahorro corriente como base de la inversión; eliminar el financiamiento de apoyo presupuestario para ejecutar gastos corrientes; y limitar el porcentaje en que puede ser modificado el presupuesto vía el complementario.

Así concebida, conduciría a unas finanzas públicas robustas y sanas.

La del sector eléctrico estaría encaminada a impulsar la eficiencia, moderar los costos y acabar con los apagones. Englobaría el ajuste de tarifas y la eliminación de los subsidios, con lo cual el gobierno liberaría recursos sustanciales para destinarlos a actividades prioritarias.

Las distribuidoras tendrían que combatir frontalmente el fraude, cobrar el servicio e invertir en mejoría de líneas, transformadores y equivalentes. El reconocimiento del costo marginal para establecer los precios de despacho podría ser ponderado, pues no es razonable que se aplique a tabla rasa en un sistema con plantas tan desbalanceadas en su rendimiento y consumo. La energía se vendería directamente a las distribuidoras. Y los contratos podrían ser revisados en aquellos aspectos que faciliten la convivencia.

Se trata de llevar a cabo una negociación para corregir distorsiones, en la que se brinde a los agentes las seguridades de reglas claras, pago normal, y futuro alentador, a cambio de permitir la reestructuración del sistema hacia uno que brinde al país la cobertura de electricidad que necesita, al menor costo posible, con nuevas inversiones en generación y distribución.

Y, por último, la de la deuda cuasi fiscal consistiría en que el gobierno la asuma y permita al Banco Central sanear su estado financiero y eliminar sus pasivos con el público en forma de certificados. Esto sacaría al organismo monetario de la competencia en el mercado de valores, y permitiría conducir los ahorros del sistema financiero hacia el financiamiento a la producción, en vez de hacia operaciones de tesorería.

Se requeriría eliminar la ley de capitalización del Banco Central, modificar la monetaria y financiera, y destinar los recursos que el gobierno paga por intereses, más una parte adicional que no superaría el 0.5% del PIB, a asumir el compromiso con los tenedores de estos títulos, que en todo caso se haría voluntariamente, y quien no lo desee sería desinteresado a vencimiento. Además, en el futuro, el Banco Central tendría que cubrir sus gastos con sus propios ingresos y aplicar una austeridad rigurosa.

En definitiva, una reforma integral con este alcance bien podría ser asumida por la población y los agentes económicos, incorporándole el justo aporte de una modificación de la estructura tributaria que facilite la competitividad, reduzca la informalidad, y de músculo al gobierno para que pueda cumplir con sus objetivos económicos y sociales.

Y así concebida tendría una visión de futuro, pues emergería una economía más fuerte.

Corresponde ahora a las autoridades decidir qué es más importante para el éxito de su gestión: aprobar ahora un paquete tributario desconectado de la solución de los problemas fundamentales, arrastrando una pérdida sensible de su capital político y social, o, en cambio, someter al Congreso un presupuesto para el 2013 que sea de transición, sin cambios en el ordenamiento tributario, para dar lugar a la aprobación dentro de pocos meses de una reforma integral con visión de desarrollo.

Lo apropiado sería aparcar la prisa, y aprovechar la pausa para poner sobre la mesa los problemas y sus soluciones. Y llegar a acuerdos, si o si. Y si no, imponerlos, pero ya con fuerza moral para hacerlo, si fuere por interés de la nación y no de grupos ni personas.

Relativo a la Reforma Fiscal Integral 2

Hay que ver muchos libros sobre tributación para encontrar una definición de reforma fiscal. El profesor Federico. Herschel decía que el significado y la profundidad de una reforma fiscal dependen fundamentalmente del sentido que se le atribuye. Para el francés, Maurice Laure, una reforma fiscal es una renovación suficientemente profunda de la legislación tributaria para eliminar los defectos generales de los impuestos en vigor.

Algunos dirán que la definición de Laure no es precisa porque lo fiscal se refiere también al gasto público. El profesor Herschel aclaraba que se hablaba tanto de reforma fiscal que muchas veces daba la impresión de que cualquier cambio en la legislación tributaria podría llegar a constituirse en tal reforma.

Si parece difícil encontrar en un texto la acepción del concepto reforma fiscal, resulta algo más complicado establecer el significado del concepto de reforma fiscal integral. Se habla tanto de reforma fiscal integral que uno teniendo una idea de lo que significa reforma tributaria o fiscal no se atreve a preguntar que significa integral, pues es tan extendido el uso del vocablo que uno asume que debe ocultar su ignorancia con el silencio y unirse al coro para que no se note que no sabe de lo que habla, pero siempre hay un afán humano de saber de las cosas, que obliga a separar lo claro y distinto de lo oscuro y confuso.

Buscando el significado de la palabra integral, para calificar una reforma tributaria o fiscal, uno observa que estapalabra tiene diferentes significados y como algunos conceptos considerados nuevos sirven para renombrar cosas viejas de tal forma que parezcan nuevas.

En la sana virtud de dar nuevos nombres a las cosas siempre hay muchos economistas. Los de esta categoría desdeñan los impuestos como instituciones jurídicas y le importa poco, salvo cuando afectan los intereses que defienden, que los mismos se establezcan por medio de la ley, de acuerdo con el principio de legalidad, o por cualquier otra disposición no legal, pero si le preocupa la eficacia operativa de los tributos como instrumentos de política económica, para que estos respondan a la obtención de los objetivos prestablecidos en su noción normativa del orden de las cosas, que siempre está

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