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Registros Y Notarias Venezolanas


Enviado por   •  27 de Septiembre de 2014  •  322 Palabras (2 Páginas)  •  217 Visitas

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Análisis

-Registros y Notarías Venezolanas, con una breve Reseña Histórica.-

Con la finalidad de obtener un conocimiento ajustado a derecho, comenzaré mi análisis de Registros y Notarías con los fundamentos legales, que son un conjunto de normas que regulan a los funcionarios públicos, basados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que es la supremacía legal de nuestro ordenamiento jurídico, que contiene un conjunto de normas generales que regulan a los funcionarios públicos como lo muestra en la Sección Tercera del Capítulo I del Título (IV) (Del Poder Público), y culminare con la reseña histórica solicitada, además de acotar 2 inquietudes.

Comienzo por decir, en primer lugar, encontré el establecimiento de una reserva legal que tiene dos vertientes, la primera para la determinación de las funciones asignadas a los funcionarios y la segunda para el régimen de los requisitos relativos al ejercicio de los cargos. Así lo podemos observar en el único aparte del artículo 144 ejusdem, en el que aparece una disposición que señala lo siguiente: "La ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos para ejercer su cargo". Esta norma nos conduce al campo de la reserva legal (Ley), tanto de las funciones que se asignen a un funcionario público, como de las condiciones que los mismos han de llenar para el ejercicio de sus cargos (Reglamento). También señala este artículo en su primera parte que “La ley establecerá el Estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública.

Posteriormente, en el artículo 145 constitucional encontramos el principio absoluto de la imparcialidad de los funcionarios de quienes se indica que "están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna", y la prohibición de los funcionarios de celebrar contratos con los entes públicos territoriales o institucionales a los cuales sirvan, ni por sí ni por interpuesta persona, salvo las excepciones.

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