Revista De Administracion

Revista de Administración pública INAP.

El combate a la corrupción en la Administración Pública Federal.

México ha experimentado a lo largo de la última década importantes cambios en los diferentes ámbitos de la vida económica, política y social, en este conjunto de cambios la Administración Pública Federal no es la excepción; hoy el Gobierno Federal cuenta con instituciones como consecuencia de una nueva concepción dentro de la gestión gubernamental.

El presente artículo pretende resaltar la importancia de esta nueva concepción de la Administración Pública Federal, como parte de una estrategia integral, dirigida al combate a la corrupción y a la promoción de una nueva cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio y función del quehacer gubernamental en el ámbito federal.

 Percepción del combate a la corrupción en el sector público.

En una definición laxa de corrupción en el sector público, se podría considerar suficiente, la corrupción es el “abuso de un poder conferido para obtener una ganancia privada.

En este sentido vale la pena señalar algunos de los avances institucionales más significativos que se han venido desarrollando para combatir la corrupción, con la creación de importantes organismos, como en el diseño y promulgación de novedosas normas y leyes que han permitido enfrentar dentro del sector público el fenómeno de la corrupción.

Instrumentos institucionales y legales en el combate a la corrupción

La creación de la Auditoria Superior de la Federación (2000)

La creación y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (2000)

El lanzamiento e implementación del Programa Nacional de Combate a la Corrupción (2001-2006)

La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2002)

La creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (2002)

La reforma al artículo 6° Constitucional que establece el acceso a la información como derecho fundamental (2007)

La reforma en materia del ejercicio del gasto público y su fiscalización que busca mejorar la calidad de ambos elementos (2008)

La promulgación de la Ley Presupuestaria y Responsabilidad Hacendaria, cuyo enfoque se orienta a los resultados en la rendición de cuentas.

Hay que reconocer que lamentablemente dichos esfuerzos institucionales no han sido lo suficientemente extensos y consolidados como para influir positivamente en la percepción de los mexicanos sobre los avances que se han venido desarrollando a favor de la transparencia y el combate a la corrupción, aunado a lo anterior, se añade el hecho de que el desempeño de los gobiernos en el combate a la corrupción, es un factor sumamente relevante para impulsar el desarrollo de un país.

De 1995 a 2008, México ha mantenido un promedio en el rango de calificación de 3.3 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional.

“El Índice de Percepción de la Corrupción mide el grado de corrupción que se percibe entre los funcionarios y los políticos. Se construye con información que se obtiene de expertos y encuestas empresariales llevadas a cabo por determinadas instituciones independientes y acreditadas. Su cuantificación se realiza considerando una escala de 0 al 10, donde “0” es altamente corrupto hasta “10” que es altamente transparente.”

En el caso del Indicador del Instituto del Banco Mundial en este estudio, el mejor resultado alcanzado por México con relación al control de la corrupción fue de 53.4 en 2003, observándose a partir de ese año un descenso constante hasta 2006. Fue en 2007 donde se logró un repunte considerable de 10.4 por ciento en comparación a 2006 con una calificación de 48.8. Es decir, muy cerca del 50 por ciento.

“Este indicador se expresa en términos porcentuales y se calcula a partir de la ponderación de múltiples variables obtenidas en diversos estudios –encuestas a población abierta, encuestas a sectores específicos de la población, análisis de expertos, reportes de organizaciones no gubernamentales y estudios sobre riesgo país, entre otros- realizados por organizaciones independientes y acreditadas. De acuerdo con el estudio, si el indicador agregado se ubica en el rango entre 75 y 100 por ciento, se considera que el país presenta una muy buena calidad en esa dimensión. Si se ubica entre 50 y 74 por ciento, se asume que la calidad de esa dimensión en el país es buena. Si el resultado cae en el rango entre 25 y 49 por ciento, se considera que la calidad de esa dimensión es mala y si se ubica en el rango entre 0 y 24 por ciento es muy mala.”

Por lo que respecta al estudio de Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) diseñada por Transparencia Mexicana, éste mide a nivel nacional las experiencias de corrupción en 35 trámites y servicios públicos, siendo los resultados del 2003 los más significativos al obtener una calificación del 8.5. En el 2007 se logró una ligera mejoría respecto a 2005, ya que sólo en el 10 por ciento de los casos se pagó un soborno para recibir un servicio, lo que implica una ligera reducción respecto al porcentaje de corrupción registrado en ese año, que fue de 10.1 por ciento.

“El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno mide las experiencias de corrupción de jefes de hogar en 35 trámites y servicios, mediante la aplicación de 32 encuestas estatales realizadas a una muestra estrictamente probabilística. El índice se obtiene al dividir el número de veces en los que se dio mordida en los 35 servicios encuestados, entre el número total de veces que se utilizaron los 35 servicios, para después multiplicar ese resultado por 100.”

 La estrategia anticorrupción en la Administración Pública Federal.

Consciente de la complejidad del fenómeno de la corrupción en el sector público, el Gobierno Federal ha encaminado su estrategia bajo la premisa de que un gobierno honesto, porque un gobierno que se precie de ser honesto, tiene la obligación de ser eficiente, eficaz y competitivo.

Algunas de las pautas que los modelos académicos internacionales recomiendan para que los países se adapten a la nueva gestión pública son:

Desarrollar y fortalecer sistemas de servicio civil bajo criterios de mérito y flexibilidad.

Fortalecer la capacidad fiscal del Estado y mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión del gasto.

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