Revocatoria Directa

La Revocación Directa de los Actos Administrativos es de naturaleza excepcional ya que sólo procede en los casos especiales señalados por la ley. En circunstancias ordinarias serían los tribunales contenciosos administrativos los órganos competentes para suprimir del ordenamiento jurídico aquellos actos administrativos demandados ante la jurisdicción por razones de legitimidad, es decir, cuando tales actos administrativos contraríen la Constitución o la Ley.

La Administración, sin embargo, como un mecanismo extraordinario o excepcional, asume la competencia, en virtud de un expreso mandato del legislador, de revocar sus propios actos administrativos cuando, por razones de legitimidad o de mérito, tales actos sean contrarios a las disposiciones vigentes de una categoría normativa superior o sean contrarios al interés público o a las conveniencias de la comunidad.

Cuando estemos frente a la incompatibilidad de un acto administrativo con las normas constitucionales o legales, se dirá que procede la Revocación Directa por razones de legitimidad. Cuando el motivo de la implementación del mecanismo, o mejor, cuando se procede por parte de la Administración a decretar la Revocación Directa de un acto administrativo por cuanto es incompatible con el interés publico o social, diremos que el mecanismo excepcional de la Revocación Directa procede por razones de mérito. Aún en el caso de que la Revocación Directa proceda por razones de equidad, como cuando causa un agravio injustificado a una persona, se entiende que únicamente puede proceder como un mecanismo excepcional de impugnación que otorga a la Administración la facultad de suprimir un acto administrativo previamente expedido por ella sólo en el evento de que se subsuma en la hipótesis normativa señalada por el legislador.

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