Seguridad Juridica

SEGURIDAD JURÍDICA E INVERSIÓN

Cada periodo en la historia de la mayoría de los países ha estado aparentemente relacionado con un problema económico que ha destacado sobre los demás. El logro de un crecimiento económico sostenido, en términos del incremento de la renta nacional de pleno empleo, o del “potencial productivo” “La manía del crecimiento”, ha caracterizado los manifiestos de muchos partidos políticos y ha sido tratado como una solución para otros muchos problemas económicos. Como ya se ha dicho el factor tecnológico se considera uno de los factores determinantes en el proceso de desarrollo y crecimiento económico

La seguridad jurídica es un concepto del que se habla en los ambientes políticos y económicos de los países que reciben y generan inversiones extranjeras. Ningún alto ejecutivo con experiencia en esta materia necesita que sus asesores legales le expliquen lo que es la seguridad jurídica. O la hay o no la hay. Se trata de una percepción que se asienta en la experiencia y se actualiza con la realidad del día a día. Podemos decir que, en lo esencial, la seguridad jurídica se conecta con la vigencia del principio de legalidad, el respeto al derecho de propiedad y con la confianza de los inversores y empresarios en que se mantengan las reglas de juego que existieron a la hora de invertir.

Las controversias planteadas que posteriormente deben ser dirimidas en vía contenciosa tributaria- específicamente referidas a la interpretación y alcance de normas jurídicas a una situación en particular, usualmente se sintetizan en la ausencia de idoneidad de aquellos que han sido designados para desempeñar funciones públicas o de sus auxiliares, escenario este que no sólo atenta contra la seguridad jurídica, sino que soslaya el desarrollo y aleja la inversión privada, elementos trascendentales para el progreso de un país.

La libertad económica o libertad de Empresa en materia de inversiones es considerada como un elemento fundamental del módulo constitucional de libre mercado en los países como Venezuela, son caracterizadas como un Estado Democrático y Social de Derecho hasta el punto de afirmar que no hay economía de mercado sin libertad de Empresa.

Los países que reciben empresas inversoras procuran dar garantías a éstas de que sus derechos serán protegidos conforme al ordenamiento jurídico vigente. Los gobiernos del país al que esas empresas pertenecen, naturalmente, siguen con especial interés ese proceso de interrelación económica. Si el país receptor de las inversiones conculca la seguridad jurídica con actos que pueden ser calificados de sorpresivos, ilegales o arbitrarios, predominantemente vinculados con razones políticas coyunturales, todo el proceso inversor queda en entredicho y en riesgo.

El sistema democrático de gobierno se sustenta en una relación particular entre poder y derecho, es así como se construye el Estado de Derecho. El derecho es una presencia esencial para la democracia ya que comprende a todos sus elementos, y a las relaciones que los mismos suscitan de conformidad con una nota común a todos: el sometimiento al marco jurídico positivo.

En la Inversión extranjera y seguridad jurídica Hay que señalar que la inversión extranjera directa (IED) tiene el potencial de generar empleo, aumentar la productividad, transferir conocimientos especializados y tecnología, aumentar las exportaciones y contribuir al desarrollo económico a largo plazo de los países en desarrollo en todo el mundo. Los países, cualquiera sea su nivel de desarrollo, tratan de aumentar la IED en pro del desarrollo.

La inversión extranjera son aportes provenientes del exterior, propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa en moneda convertible o en bienes físicos o tangibles, se considera de igual manera como contribuciones tecnológicas intangibles.

Todo esto dentro del marco

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