Situado Fiscal

Inicialmente se establece el situado fiscal como una transferencia de ingresos corrientes de la Nación a los Departamentos, el Distrito Capital y los Distritos Especiales de Cartagena y Santa Marta. Luego se adicionó el de Barranquilla, mediante el Acto Legislativo No. 1 de 1993, dicha transferencia estaba destinada a financiar los servicios de educación y salud, en los niveles que señalara la ley y de esta misma forma este será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política.

Pero, a raíz de una serie de graves problemas fiscales y de deficiente cobertura de los servicios de salud y educación principalmente, que se estaban presentando con el modelo de transferencias diseñado por la Carta del 91, el Gobierno Nacional presentó al Congreso un proyecto de reforma constitucional, para cambiar el esquema y alcanzar el fin esencial de garantizar la estabilidad de los recursos asignados a dos sectores fundamentales para el desarrollo económico y social del país: la educación y la salud, conforme se expresa en la correspondiente exposición de motivos.

Como consecuencia y en aras de lograr y mantener un equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas, nacionales y regionales, se busca garantizar la estabilidad de los recursos con que cuentan las regiones y limitar la volatilidad que históricamente éstos han experimentado y garantizar un crecimiento real de los recursos de las regiones en los primeros cinco años y luego una evolución aún más favorable, de forma que el gasto en salud, educación e infraestructura aumente año tras año en términos reales y de una manera estable, a un ritmo compatible con la estabilidad de las finanzas públicas nacionales.

De esta forma el rubro denominado "Situado Fiscal" desapareció del mundo jurídico y da paso a la creación del sistema general de participaciones, que permite de una mejor manera la organización de prestación de los servicios de educación, salud entre otros y constituido por los recursos que la nación transfiere por mandato de la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales departamentos, distritos y municipios.

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