Sociologia

INTRODUCCIÓN

La Economía Social debe estar estrechamente ligada al desarrollo ecoómico de los sectores populares más desposeídos esta, establece categorías muy claras en cuanto a sus formas de organización empresarial bajo los principios de solidaridad, complementariedad y cooperación en contra posición al de libre mercado y competencia. Su objetivo esencial es la búsqueda de la Soberanía y Seguridad Alimentaría. Es la oferta de una postura diversificadota que supere la formación Monopolica presente en nuestro mercado de alimentos y productos esenciales, es la búsqueda de mecanismos diferentes con el auspicio del Estado para enfrentar la inflación cuyo flagelo echa por tierra todos aquellos esfuerzos en haber logrado el crecimiento sostenido pero que aun no ha producido los necesarios y esperados impactos sobre la redistribución del ingreso y de la riqueza que la sociedad genera.

Finalmente la Economía Social Solidaria puntualiza el énfasis sobre las tareas formativas de las comunidades autogestionarias como poderes populares y células primarias de articulación de este sistema productivo, siendo el sitio donde decantan la mayoría de los esfuerzos y de las tareas especificas de este orden, en la medida en que se vayan constituyendo. Desde ellas tenemos por delante una larga tarea de formación que debe comenzar por establecer las bases de una amplia campaña de “alfabetización productiva” de la población que permita homologar y enriquecer los conocimientos técnicos, gerenciales, organizacionales, tecnológicos, societarios, históricos, culturales, que nos pongan a tono con el reto revolucionario planteado.

MARCO CONSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL SISTEMA SOCIO ECONÓMICO DEL PAÍS

Una de las características de la Constitución venezolana aprobada en 1999, es la inclusión de diferentes mecanismos de participación popular, consagrados como derechos políticos de los ciudadanos. Entre ellos cabe destacar las diversas formas de participación en la esfera socio-económica, en los cuales se incluyen las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad” (art. 70).

El establecimiento de este derecho constitucional ha servido como punto de partida para que los órganos gubernamentales orienten su apoyo institucional y financiero hacia las agrupaciones de ciudadanos que se organizan bajo las figuras ya mencionadas. Inicialmente se concentró la atención en el sector de las cooperativas, dando origen a la creación de miles de iniciativas de este tipo, en la búsqueda del apoyo oficial. Sobre esta experiencia, se estima que hasta mediados de 2005, se habían creado en el país más de 74 mil cooperativas, pasando Venezuela a ocupar el segundo lugar a nivel mundial entre los países con mayor número de casos, después de China. Algunos expertos, afirman que la experiencia no ha sido la más favorable, ya que muchas de estas nuevas organizaciones solo se han formado para recibir los recursos prometidos por el gobierno. Para él, la cooperativa impulsada actualmente, a diferencia de las que sobreviven desde períodos anteriores, se caracteriza por lo siguiente:

No conoce la autogestión ni el autofinanciamiento, sino que son ciento por ciento financiadas por el Estado; las cooperativas se han convertido en un instrumento de distribución del ingreso petrolero por parte del Gobierno. Pero de paso el sistema es tan malo, tan pobre y tan improvisado, que la gran mayoría de los créditos que se entregan a las cooperativas son a fondo perdido porque apenas se entrega el primer lote de dinero, la cooperativa desaparece.

La experiencia del programa de apoyo gubernamental a las cooperativas muestra algunos logros, como el estímulo a la iniciativa productiva de microempresarios y población en situación de desempleo formal, pero debe ser evaluado objetivamente para detectar sus debilidades y diseñar planes de acción que permitan su permanencia sustentable. En todo caso, los puntos a favor y en contra de este programa gubernamental han servido como referencia para la promoción de nuevos programas que impulsan la participación popular en el campo económico, como lo establece el texto constitucional. Es así como durante el año 2005 se comenzaron a impulsar las figuras de la cogestión y las empresas de producción social (EPS), que junto con las cooperativas, los microcréditos y el apoyo a la pequeña y mediana empresa (PYME), se toman como puntas de lanza de los programas oficiales orientados a la consolidación de la “economía popular.

Son diversos los temas de discusión que surgen a raíz de estas acciones gubernamentales, ya que cada una de ellas tiene implicaciones políticas, jurídicas, económicas, sociales, ambientales, e incluso institucionales. En este escrito se plantearán algunas reflexiones relacionadas especialmente con los mecanismos de cogestión que vienen promoviéndose en el país, analizados desde una perspectiva económica.

Es necesario aclarar el significado del término “cogestión, para diferenciarlo de otros esquemas de participación en las decisiones económicas. Al respecto puede citarse a Sabino (1991: 1), quién la define como:

Participación de los trabajadores en la gestión de la empresa a través de representantes suyos en el directorio y en algunas otras instancias de gestión: gerencias, departamentos, etc. La cogestión puede ser una derivación de la copropiedad de la empresa o puede ser independiente de ésta, como resultado de leyes que la imponen.

En este sentido, se diferencia de la autogestión, ya que esta se refiere a aquellos casos donde los trabajadores toman las decisiones gerenciales en forma independiente, sean o no propietarios de la empresa; por otro lado, las cooperativas se conforman por un grupo de socios que comparten sus servicios y sus ganancias, y que eligen una junta directiva que tome las decisiones generales. Otro término con el que puede confundirse la cogestión es el de copropiedad, donde los trabajadores poseen una porción significativa de las acciones de la empresa, hecho que puede dar cabida a la aplicación de mecanismos cogestionarios.

Para el caso venezolano, las experiencias de cogestión que se vienen aplicando en el sector empresarial, no parten de la copropiedad de la firma, sino que se basan en la expropiación por parte del Estado de empresas en crisis, declaradas como utilidad pública, y entregadas a los trabajadores para que sean coadministradas por ellos y por los directivos designados por el gobierno. Se han dado otros casos en los cuales los propietarios privados, con la finalidad de acceder a

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