Solidaridad
Enviado por cibavi • 26 de Agosto de 2013 • 3.870 Palabras (16 Páginas) • 228 Visitas
La Doctrina Social de la Iglesia nos plantea ciertos principios que inspiran y deben regir la convivencia social, a saber: el principio de la dignidad de la persona humana, del bien común, de la subsidiariedad y de la solidaridad. Éstos “tienen un carácter general y fundamental y se refieren a la realidad social en toda su complejidad: desde las relaciones interpersonales, caracterizadas por la cercanía y la inmediatez, a las relaciones políticas, económicas y al mundo del derecho, pasando por las relaciones internacionales.”
La dignidad humana es un valor intrínseco de la persona que es creada a imagen y semejanza de Dios. El Bien Común es el conjunto de las condiciones sociales que permiten a las personas realizarse colectiva e individualmente. La solidaridad es la virtud que permite a la familia humana compartir en plenitud el tesoro de los bienes materiales y espirituales y la subsidiariedad es la coordinación de las actividades de la sociedad en apoyo de la vida interna de las comunidades locales.
Para comprender mejor la relación entre estos cuatro principios, el Papa Benedicto XVI lo grafica de la siguiente manera: “la dignidad de la persona es el punto de intersección de dos ejes, uno horizontal, que representa la "solidaridad" y la "subsidiariedad", y uno vertical, que representa el "bien común". Ello crea un campo en el que podemos trazar los diversos puntos de la doctrina social católica que forman el bien común.” Debido a que estos principios deben apreciarse en conjunto, según su unidad, conexión y articulación, la atención específica que haré a los principios de solidaridad y subsidiariedad, no debe conducirnos a un uso parcial, como sucedería si fuesen contemplados de modo individual.
“¿Cómo pueden trabajar juntas la solidaridad y la subsidiariedad en la búsqueda del bien común de un modo que no sólo respete la dignidad humana, sino que le permita también prosperar?(…) una respuesta satisfactoria podrá surgir sólo después de un atento examen del significado de los términos.”
Principio de Subsidiariedad
La subsidiariedad es una de las directrices de las doctrina social de la Iglesia, presente desde la primera encíclica social, Rerum Novarum. Para promover la dignidad de la persona es necesario proteger la familia, los grupos, las asociaciones de todo tipo, ya sea económico, cultural, social, deportivo o profesional, que hacen posible su efectivo crecimiento social. Así la sociedad civil, “entendida como el conjunto de las relaciones entre los individuos y las sociedades intermedias, que se realizan en forma originaria y gracias a la subjetividad creativa del ciudadano” constituye la base de una verdadera comunidad de personas, haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad.
“Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos” . Todas las sociedades de orden superior deben ponerse en actitud de ayuda (subsidium), por tanto de ayuda, promoción y desarrollo, respecto de las sociedades menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desempeñar las funciones que les competen, sin cederlas injustamente a otros cuerpos sociales de nivel superior, de las que terminarían por ser absorbidos y sustituidos y por ver negada, por último, su dignidad propia y su espacio vital.
Así, la subsidiariedad puede entenderse en un doble sentido: en sentido positivo, como una ayuda económica, institucional y legislativa ofrecida a las entidades sociales más pequeñas; y en sentido negativo impone al Estado el deber de abstenerse de cuanto restringiría, de hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad, por lo que no debe realizar lo que los particulares pueden llevar a cabo con su iniciativa, libertad y responsabilidad.
Este principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. Por tanto, la subsidiariedad exige el respeto y la promoción de la primacía de la persona y de la familia; la valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias; el impulso de la iniciativa privada, de modo que cada organismo social, según sus propias peculiaridades, esté al servicio del bien común; el equilibrio entre la esfera pública y la esfera privada, con el consiguiente reconocimiento de la función social del sector privado; una adecuada responsabilidad del ciudadano para «ser parte» activa de la realidad política y social del país.
El negar la subsidiariedad, o limitarla en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad, limita y algunas veces anula el espíritu de libertad y de iniciativa. Del mismo modo, son contrarias a este principio las formas excesivas de concentración, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado: “Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos.” El Estado ciertamente puede suplir en los casos que los particulares no puedan asumir de manera autónoma la iniciativa. Sin embargo, esta suplencia institucional no debe prolongarse y extenderse más allá de lo estrictamente necesario, dado que encuentra justificación sólo en lo excepcional de la situación.
El principio de subsidiariedad “recuerda a los miembros de la sociedad que deben desarrollar al máximo su libertad personal y sus capacidades, para realizar la auténtica colaboración social.” Como consecuencia, es necesaria la participación, entendida como: “una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, individual o asociadamente, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, social y política de la comunidad civil a la que pertenece.”
La participación es un deber que todos deben cumplir, de modo responsable y con vistas al bien común. Ésta no puede ser delimitada o restringida a un contenido particular de la vida social, dada su importancia para el crecimiento, en ámbitos como el mundo del trabajo y de las actividades económicas,
...