Texto Argumentativo

ACERCA DE LA PENA DE MUERTE

En pleno siglo XXI, la pena capital no siempre se dicta de acuerdo a la gravedad del delito cometido sino a los caprichos del sistema judicial de cada país.

Nuestro mundo actual está saturado de crímenes y destrucciones violentas de vidas humanas. Probablemente es algo que ha ocurrido en todas las épocas desde que los hombres formaron grandes sociedades urbanas, pero hoy los medios de comunicación nos hacen más conscientes de esos horrores mientras que los nuevos instrumentos bélicos logran que las matanzas sean especialmente devastadoras. Estamos cada vez más acostumbrados a ver en las pantallas de nuestros televisores cómo los seres humanos exterminan con saña o, aún peor, con indiferencia a otros seres humanos. De modo que los tres o cuatro mil ejecutados anualmente en aplicación de sentencias capitales son sólo una gota en ese océano de sangre y desesperanza.

Esos homicidios no ocurren en el fragor de un enfrentamiento bélico, sino tras la calma de una deliberación jurídica; no padecen el anonimato de los muertos en un bombardeo, sino que sus nombres son conocidos y sus historias estudiadas desde mucho antes de padecer su triste suerte; no perecen en situaciones excepcionales, como atentados o guerras, sino en la normalidad del orden jurídico establecido. Cuando conocen su sentencia, la empiezan a padecer semanas, meses y hasta años antes de que llegue la hora fatal. En algunos casos, cometieron previamente fechorías brutales pero es luego la sociedad entera la que se brutaliza a su imagen y semejanza para castigarles. Padecen y perecen ejecutados por verdugos que representan a todos sus conciudadanos. En la sociedad en la que sigue vigente la pena de muerte, todos los habitantes tienen que asumir la responsabilidad del verdugo que mata en su nombre.

La condena a muerte no puede ser considerada hoy un castigo jurídico extremo, pero tan legítimo como cualquier otro. En una concepción civilizada del derecho, los castigos penales deben servir para proteger a la sociedad (disuadiendo a los posibles delincuentes de cometer nuevos crímenes) y regenerar al culpable (dándole ocasión de expiar su delito y cambiar en lo sucesivo de conducta). La pena de muerte cumple dudosamente el primero de estos objetivos, porque en muchos casos radicaliza la violencia de quienes sabiéndose ya jurídicamente "muertos" no dudan en seguir matando para intentar escapar a la justicia; y no cumple en modo alguno el segundo, porque destruye al delincuente negándole toda posibilidad de enmienda y mejora. El derecho penal debe buscar acabar con los delitos y recuperar socialmente a los delincuentes, una vez castigados: la pena capital identifica al criminal con su crimen y destruye a la persona para acabar con su culpa.

Hoy, en pleno siglo XXI, se impone la pena de la muerte no según los delitos sino según los países que los juzgan: en algunas naciones

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