Tratados Internacionales Vigentes En Mexico

Tratados Internacionales vigentes en México: relación de Legislaturas y/o Períodos Legislativos en que fueron aprobados

I. INTRODUCCIÓN

Se entiende por Tratado Internacional el “convenio regido por el Derecho Internacional Público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de

Derecho Internacional Público, ya sea que su aplicación requiera o no la celebración de acuerdo en

Materias específicas, cualquier que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos

Mexicanos asumen compromiso”.

La aprobación senatorial, es el consentimiento que el Senado otorga en algunos países para la ratificación de unos tratados.

La aprobación interna de los tratados internacionales en México se da de la siguiente forma:

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envía los tratados a la consideración del Senado de la República. Cada tratado se acompaña de un memorándum que contiene los antecedentes del tratado y se explica su contenido si así se estima conveniente; las razones que se tuvieron para celebrarlo y los beneficios que se esperan de él.

En ocasiones, los funcionarios de la SRE y demás dependencias que intervinieron en la negociación se entrevistan con los senadores para aclararles cualquier duda sobre el tratado.

El envío de los tratados a la Cámara de Senadores se efectúa a través de la Secretaría de Gobernación en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública con respecto a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los otros poderes, es decir, que corresponde a la Secretaría de Gobernación servir de enlace entre los poderes de la Unión.

Para ese efecto, el Secretario de Relaciones Exteriores le envía un oficio al Secretario de Gobernación, acompañado de dos copias certificadas del texto en español del tratado, y de copias del memorándum de antecedentes, en el cual le pide que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política, haga llegar a la Cámara de Senadores una de las copias del tratado así como una del memorándum.

En cuanto al proceso legislativo, en este caso el Senado tiene como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de los tratados. El proceso legislativo se rige por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de la Cámara.

Si después de considerar el tratado, el Senado le da su aprobación5, emite un decreto en ese sentido; el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ese decreto se limita a decir que se aprueba el tratado, pues no se publica su texto.

El decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la publicación en el Diario Oficial del decreto emitido por el Senado, va firmado por el Presidente de la República y refrendado por el Secretario de Gobernación.

Después de que se publica en el Diario Oficial el decreto de aprobación, el Poder Ejecutivo ya está en condiciones de ratificar el tratado. Para ello, se prepara lo que se llama el instrumento de ratificación, el cual va firmado por el Presidente de la República y refrendado siempre, cualquiera que sea la materia del tratado, por el Secretario de Relaciones Exteriores.

Por este documento, como su nombre lo indica, el Presidente de la República ratifica o confirma lo hecho en su nombre al firmarse el tratado y promete cumplirlo y observarlo, y hacer que se cumpla observe.

La formación de leyes, aprobación de tratados y decretos dan inicio con base en el Reglamento de Debates sobre la forma intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

II. MARCO JURÍDICO

2.1 LEGISLACIÓN INTERNA

2.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En México, la Constitución Política es la norma suprema a que deben ajustarse todas las demás normas, incluyendo la Convención de Viena o tratado de tratados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1336 de la Constitución, las leyes federales y los tratados son ley suprema de la nación y tienen por tanto, la misma jerarquía; además de establecer la jerarquía legislativa en el sistema jurídico mexicano, esta disposición define el nivel en el cual deben de considerarse los tratados, con respecto a resto de la normatividad.

De ahí que en todo caso un tratado pueda modificar una ley federal, como lo señalan, por ejemplo, el Código Civil Federal (artículo 12), el Código Penal Federal (artículo 6) y el Código Fiscal de la

Federación (artículo 1).

La Constitución mexicana vigente hace referencia a los tratados o convenciones internacionales en los artículos 15, 18, 76, fracción I; 89, fracción X; 104 fracción I; 117 fracción I y 133. La celebración de un tratado se integra en nuestro derecho público interno por la concurrencia de dos voluntades, como son la del Presidente y la del Senado9, tomada la de este último por la mayoría de votos de los presentes.

El artículo 15 constitucional, restringe las facultades del poder Ejecutivo y del Senado para celebrar

tratados.10

En cuanto al artículo 18, en su último párrafo, prevé la celebración de tratados para efecto de llevar a

cabo el llamado intercambio internacional de reos de nacionalidad mexicana o extranjeros.

De igual manera el artículo 89 constitucional, habla de las facultades del Presidente con respecto ala celebración de tratados.

En cuanto al Senado sus facultades se encuentran establecidas en el artículo 76, fracción I.12

Por su parte, el artículo 117 en su fracción I dispone la prohibición de los Estados para la celebración

de tratados.13

Esta prohibición a las entidades federativas resulta congruente con la naturaleza jurídica del Estado

federal mexicano, ya que los Estados miembros carecen de personalidad jurídica para actuar como

sujetos del derecho internacional.

De acuerdo con nuestro sistema jurídico, el Ejecutivo federal puede celebrar tratados

internacionales, y tales tratados sólo requieren de la aprobación del Senado, sin que sea necesaria

la intervención de otro órgano para que el Presidente pueda ratificarlos o adherirse a ellos en el

ámbito internacional.

2.2.1 Convención de Viena sobre el Derecho

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