CONTROL FISCAL

MANEJO DEL CONTROL FISCAL EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO

La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que: "El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación".

En la Carta Política, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser previo y perceptivo, a posterior y selectivo. No obstante, el nuevo enfoque del control permite la aplicación de un control de advertencia o de prevención, para que el administrador público conozca en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y, mediante la aplicación de un control de corrección, proceda a subsanarlas, con lo cual lograremos entidades más eficientes y eficaces, cumpliendo con el fin último del control que es el mejoramiento continuo de las entidades públicas.

De poco sirve un Estado eficiente si su legitimidad esta cuestionada por la presencia de la Corrupción en sus mecánicas de gobierno. De poco sirve un Estado transparente y pulcro si sus acciones no satisfacen las urgentes demandas de los ciudadanos. Esa es la razón por la cual se concibe la misión de la Contraloría General de la República como la del órgano independiente de control, que, alejado de las dinámicas políticas, propicia, en forma técnica, la construcción permanente de moralidad y eficiencia en la gestión pública.

Sin lugar a dudas, el elemento que más cuestiona al Estado, de cara al ciudadano, es la corrupción. Ella erosiona los principios morales de la nación al considerarla una práctica tolerada, dando origen a la inaceptable concepción social de que lo malo no es robarle al Estado sino dejarse coger.

La corrupción deteriora la legitimidad institucional no sólo en el ámbito de la realidad sino en el de la percepción pública. La consecuencia del primero es que los recursos públicos no cumplen con el propósito de satisfacer las necesidades de la comunidad, arrebatándoles, así, a los colombianos la posibilidad de acceder a la educación, la salud, el trabajo, la recreación y el bienestar. La consecuencia del segundo es que, una percepción pública de corrupción, estimula la informalidad política, económica y jurídica y desestimula el motor de crecimiento de la economía, que no es otro que la inversión nacional y extranjera.

La corrupción es un mal endémico en nuestro país y tiene connotaciones sistémicas. En el nivel central de la administración, con algunas excepciones, hay un afán para hacer más transparente la administración y la contratación. Ese no es el caso en muchos entes territoriales, en donde claramente la administración no está al servicio de los ciudadanos sino del interés electoral que accedió al poder. El manejo de las regalías, el mal uso de los recursos de la salud y la contratación amañada con cooperativas de papel son las mayores fuentes de corrupción sistémica.

El control fiscal estará orientado a consolidar una gestión pública moderna y eficiente, exigiendo a los servidores públicos la rendición oportuna y periódica de los resultados de su gestión. Los objetivos estratégicos en materia de vigilancia fiscal apuntan a una mayor profundización en el proceso auditor, tomando decisiones que prioricen líneas de auditoria, la equitativa distribución de los recursos

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