Aborto

Según la legislación vigente en cada Entidad, hay siete circunstancias en que no se considera al aborto como delito y estas son:

1) Cuando el embarazo es resultado de una violación.

2) Cuando el aborto es provocado accidentalmente, es decir de manera "imprudencial".

3) Cuando a juicio del médico el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer y considera que el bebé no tiene o tiene pocas posibilidades de vivir.

4) Cuando se detecta que el feto tiene malformaciones genéticas, es decir por "razones eugenésicas".

5) Cuando de continuar con el embarazo se provocaría un grave daño a la salud de la mujer, quien además tiene otros hijos.

6) Cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no deseada y forzada.

7) Cuando la mujer tiene razones económicas para interrumpir el embarazo, siendo ya madre de al menos tres hijos.

En México, 226 mujeres son denunciadas anualmente por el delito de aborto. Esto se debe a que no existe armonía entre las leyes federales y las estatales relativas a este tema, lo que provoca que el acceso a esta práctica sea un problema de justicia social, discriminación de género y hasta de condición económica, revela un informe elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

De acuerdo con el informe de GIRE llamado “Omisión e Indiferencia, Derechos Reproductivos en México”, las entidades en donde se encuentra la legislación más restrictiva en materia de aborto son Guanajuato y Querétaro, en las que sólo se admiten como causales de exclusión de responsabilidad la violación sexual y el aborto imprudencial.

En tanto, Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Sonora, Campeche, Nuevo León y Chiapas cuentan con tres causales para poder abortar: la violación, el aborto imprudencial y el peligro de muerte.

Lo anterior genera que aun cuando los abortos ilegales se realicen en condiciones seguras, lasmujeres que se someten a uno clandestino están expuestas a ser sujetas de procesos penales cuya resolución puede constituir penas que van desde multas y tratamientos médicos, hasta la pérdida de la libertad. Así, el acceso al aborto depende del lugar de residencia de la mujer y de su estatus socioeconómico.

En el informe de GIRE se detalla el caso de 26 mujeres sujetas a proceso penal en un periodo que comprende de junio de 2011 a enero de 2013.

De estos casos destacan al menos cinco en los cuales las mujeres son niñas de 15 a 17 años, quienes fueron denunciadas por sus madres, novios, doctores o enfermeras. A ellas se les inició algún tipo de proceso penal.

“En este sentido, un estudio muy reciente documenta que las mujeres pobres, menos educadas e indígenas tienen nueve veces más probabilidad de tener un aborto inseguro que las mujeres con mayores posibilidades económicas, más educadas y que no pertenecen a etnias indígenas. Adicionalmente, las mujeres que viven en los estados más pobres del país tienen más riesgo de tener un aborto inseguro; allí es, además, donde hay una mayor proporción de mujeres sexualmente activas que no utilizan métodos

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