Actores internos

Actores internos

Dentro del debate del marco jurídico para la paz existen diferentes actores que influyen principalmente por medio de la opinión, estos pueden ser externos, como es el caso de la ONG internacional Human Rights Watch o la misma Corte Penal Internacional; o internos, como la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría, en esta ocasión fijando mayor atención hacia el fiscal Eduardo Montealegre y hacia el procurador Alejandro Ordoñez.

Desde el momento en que se estableció el marco jurídico, ha existido un debate y cruce de opiniones entre estos dos personajes, que de cierta forma son influyentes dentro de la política del país.

Por una parte, el fiscal cree que es imposible para el aparato judicial colombiano investigar, juzgar y condenar todos los delitos y sus autores. Según él son necesarios mecanismos especiales de justicia transicional que den paso a la priorización de los delitos graves y de lesa humanidad, concentrando así la acción penal en los máximos responsables principalmente, permitiendo así la suspensión de penas a los guerrilleros de base, sin crímenes de lesa humanidad o delitos graves y sistemáticos comprobados. Cabe resaltar que estos mecanismos se encuentran dentro del marco legal. (El País, 2014)

Por su parte, Alejandro Ordoñez piensa que el marco legal es un instrumento inconstitucional, que le abre la puerta a la impunidad, ya que no se castigan a todos los responsables de diversas violaciones a los derechos humanos. Basado en esto dice que se privilegia al victimario y se perjudica aún más a las víctimas. (El Tiempo, 2014)

Es allí donde se genera debate entre la opinión de estos dos actores, ante esto Montealegre piensa que el marco no genera impunidad, sino que por el contrario, le ofrece al congreso la opción de tomar un modelo no tan detallado de investigación, evitando así un posible colapso del sistema penal y logrando ofrecer justicia y reparación garantizadas a las víctimas del conflicto. (Ámbito jurídico, s.f)

Como se puede ver, existen marcadas y notables diferencias en cuanto a la posición del fiscal y del procurador respecto al marco jurídico para la paz, el primero se basa en la idea de castigar rigurosamente a los culpables de delitos graves y de crímenes de lesa humanidad, evitando así la participación política de estos sujetos en el post conflicto; además deja de lado a guerrilleros “rasos” , suspendiendo las penas para estos y dejando, de manera implícita, una pequeña puerta abierta para una posible participación política de estos actores del conflicto en el futuro. El segundo simplemente busca evitar por completo lo que según él las FARC tanto buscan, la impunidad, castigando a todos los culpables de violar los derechos humanos de las víctimas a lo largo del conflicto.

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