Antecedentes

ANTECEDENTES

A nivel internacional

Desde el punto de vista que aquí nos interesa, la historia del siglo XX, puede interpretarse (especialmente en Europa) como la resultante de la tensión entre las lógicas del capitalismo por un lado (que con la generalización del trabajo asalariado, introduce una profunda fractura social) y las lógicas democráticas por el otro (que extiende el estatuto de ciudadanía y posibilita un proceso no desdeñable de homogeneización social).

En los últimos años, se han ido poniendo de manifiesto los límites de este modelo de integración social, con procesos de mundialización económica que han puesto mucho más de relieve las tendencias exclusógenas del capitalismo. Las transformaciones en las esferas económica y social y la aparición de nuevos riesgos sociales, han debilitado la capacidad protectora del empleo y la estructura familiar, los dos grandes pilares sobre los que se sustentaban las políticas sociales y de integración. Es en ese contexto en el que se apunta hacia una progresiva dualización de la sociedad en dos grupos de población, uno integrado y otro cada vez más alejado del empleo y la participación social.

Hacia fines del 2001, comienzos del 2002, Argentina comenzó a afrontar una de las crisis más profundas de toda su historia. En este contexto, con el supuesto desafío de promover “inclusión social” surgieron algunas respuestas de política pública para hacer frente a este escenario. La política en materia de transferencia de ingresos de mayor alcance cuantitativo fue el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y posteriormente el Programa Familias por la Inclusión Social.

A nivel nacional

Por su parte en Venezuela, La política social del Gobierno Bolivariano establece el cumplimiento de los derechos humanos para la máxima satisfacción de las necesidades del pueblo, sumando, cada vez más, oportunidades que posibilitan la comprensión y valoración de su desarrollo y participación en todos los ámbitos de la vida nacional.

Los alcances de esta política fueron consolidándose a través de las Misiones Sociales, creadas a partir del año 2003 y más tarde, en el 2011, con las Grandes Misiones. Las primeras dan celeridad a la incorporación del pueblo, a través de su participación democrática, atención integral de la salud y la educación, seguridad y protección social, dotación de vivienda, formación para el trabajo y crecientes fuentes de empleo. Las segundas, ya formuladas en conjunto como un objetivo estratégico y general de la Propuesta para la Gestión Bolivariana Socialista durante el sexenio 2013-2019, constituyen un instrumento revolucionario de nivel superior para dar continuidad al cumplimiento de las medidas contra los determinantes de las condiciones de injusticia y desigualdad, hasta llegar al nivel de absoluta irreversibilidad para el no retorno a la pobreza general ni a la pobreza extrema.

A nivel local

En el estado Sucre se activaron las mesas de trabajo conformadas en el marco del Plan Café (Producción, Industria, Desarrollo Social y Salud) para llevar a cabo -integradas institucionalmente como una sola- múltiples operativos integrales en las comunidades remotas y de difícil acceso de los 15 municipios de esta entidad federal.

Esta información se refiere a un proceso que, indistintamente de su condición normativa, es una genuina construcción social que permanentemente se está reelaborando en el seno de las comunidades y de la sociedad en general. En la mayoría de los casos, esta transformación se ve condicionada por la influencia de factores de orden político, comunitario, económico y social. No obstante, desde el punto de vista histórico y cultural continua manteniendo un valor reivindicativo en estas comunidades y sus habitantes, por cuanto su significado se apoya en la necesidad de soñar, esperanzarse o proyectar metas que alcanzar, con el objetivo de lograr su desarrollo social sostenido y el mejoramiento sustancial de su calidad de vida, especialmente en espacios locales cuya principal característica son sus altas condiciones de pobreza, necesidades y demandas sociales.

BASES LEGALES Y TEÓRICAS:

La progresiva utilización del término exclusión en sustitución del de pobreza por parte de la Comisión Europea se produjo a partir de los años ochenta debido a la extensión de cierto consenso en cuanto a la necesidad de superar una visión excesivamente economicista del concepto de pobreza. Sin embargo, este cambio de terminología en el ámbito de la política europea no parece ser sólo una cuestión de modas terminológicas, sino que responde a un proceso de transformación de la propia sociedad.

La extensión del término exclusión responde, precisamente, a la existencia de un elevado nivel de consenso teórico sobre la necesidad de utilizar una concepción que incluya la naturaleza dinámica, multidimensional y heterogénea del fenómeno. Por otro lado, de una concepción estática, que entendía la pobreza como situación de bajos ingresos en un momento determinado del tiempo, se pasa a una concepción que entiende la exclusión como un proceso. De la concepción dual que entendía la pobreza como una situación que afectaba a un colectivo diferenciado de la sociedad mayoritaria, se pasa a la diferenciación de una heterogeneidad de espacios situados en el continuo entre integración y exclusión. La exclusión social se entiende pues como un proceso de alejamiento progresivo de una situación de integración social en el que pueden distinguirse diversos estadios en función de la intensidad: desde la precariedad o vulnerabilidad más leve hasta las situaciones de exclusión más graves.

Como se ha venido diciendo, la noción de exclusión social va más allá de la carencia material, puesto que incorpora al análisis de la desigualdad en la distribución de los recursos socialmente valorados otros aspectos como la discriminación, la estigmatización, el rechazo social o la debilidad en las redes interpersonales que contribuyen, refuerzan o alimentan las dinámicas de expulsión u obstaculización del acceso a determinados espacios, derechos o relaciones sociales que son el único medio para alcanzar ciertos recursos (Martínez, 1999). Así, el género, la edad, la procedencia u orígenes culturales o el estado de salud pueden ser factores que determinen la situación de exclusión o inclusión social de una persona o colectivo, junto con la posición económica y en el mercado laboral, el nivel educativo y el capital cultural acumulado, las características de la vivienda y del territorio en que ésta se halle, entre otros muchos elementos (EDIS, 1998, Renes, 2000; Subirats, 2004).

El concepto de exclusión social así definido puede aplicarse, como hace Pedro José Cabrera (2000), a los sectores más marginados

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