Arancel Judicial

Procesal Civil General

Universidad El Bosque

¿USTED CONSIDERA QUE EL ARANCEL JUDICIAL QUE CONSAGRA LA LEY 1653 DE 2013 ES CONSTITUCIONAL O INCONSTITUCIONAL A LA LUZ DE LOS PARÁMETROS EXPUESTOS EN LA SENTENCIA C-713 DE 2008 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL?

El arancel judicial se encuentra reglamentado mediante La Ley 1653 de 2013, consiste en pagar “una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de justicia, dicha contribución equivale al 1.5% de la totalidad de las prestaciones, deberá ser cancelada antes de la demanda a cargo del demandante inicial, del demandante en reconvención o de quien presente una demanda acumulado en procesos con pretensiones dinerarias.

Según la Corte Constitucional, el arancel judicial es una forma recaudatoria destinada a financiar los gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia, dentro del propósito de mejorar sus dotaciones y ofrecer así un mejor servicio al ciudadano.

En Sentencia C-713 de 2008 la Corte sostuvo que “la configuración del arancel judicial no puede conllevar la imposición de barreras de acceso a la justicia, ni desincentivar a los ciudadanos para que se vean obligados a acudir ante los particulares investidos transitoriamente para hacer uso de los mecanismos alternativos de administración de justicia”. Sin embargo, dicha contribución desconoce principios como la gratuidad en el acceso a la administración de justicia, el Estado social de derecho, entre otros, pues impone el pago de un parafiscal para la admisión de la demanda, por otro lado es una carga dineraria que no todas las personas están en condiciones de asumir, de manera que muchas se abstendrían de reclamar legalmente sus derechos por la imposibilidad de cancelarlo (aunque dicha ley prevé excepciones que aseguran la posibilidad de acceder a la justicia para hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en la Constitución y en las Leyes), viola directamente el derecho de administración de justicia, pues resulta un derecho parcial y no absoluto, en cuanto al requerimiento de un pago anticipado a la demanda que limite el acceso a la justicia.

En conclusión, considero inconstitucional la Ley 1653, en tanto que constriñe el acceso a la administración de justicia y contradice principios procesales como la gratuidad a la misma, por otro lado viola principios como la igualdad en cuanto establece excepciones para no cobrar dicho arancel.

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