Conflicto Mapuche

Estos objetivos fueron trazados de acuerdo al cuadro de balance de fortalezas y debilidades de los años noventa, en los cuales el MINVU consideraba como carencias las limitaciones de focalización de sus programas en los sectores pobres; y que el sistema de producción masiva SERVIU había generado una crisis de calidad, que según los antecedentes que están a la vista, permanecen hasta nuestros días, y que las nuevas políticas requerían enfrentar los problemas de segregación socioespacial que las ciudades presentaban y consolidar mejores grados de acceso de los pobres a servicios urbanos y niveles adecuados de calidad de vida.24 Claro está que hasta este momento, el tema ambiental aparece como insuficientemente tratado, por lo que ni siquiera se hace mención de los servicios ambientales asociados a los recursos naturales que han desaparecido con el patrón de urbanización de las últimas décadas.

Ahora bien, todas estas buenas intenciones chocaron, sin embargo, con el problema de fondo, es decir, con la predominancia que adquirió y que mantiene hasta nuestros días el mercado, al momento de regular la distribución social de la tierra, tema que sigue teniendo la misma fuerza que tenía la intencionalidad ideológica del gobierno militar desde 1979.

24 Ibíd.

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De hecho, las políticas habitacionales del tercer gobierno de la Concertación (2000-2006), en particular el fondo concursable, son evaluados como orientaciones estratégicas que fortalecen el rol subsidiario del Estado, ampliando el papel del sector privado.25 La reforma sustancial que impuso forzosamente la dictadura militar en 1979, sigue siendo sustentada, entonces, por los gobiernos de la Concertación, los que han continuado mostrando un desprecio y un desinterés casi absoluto por la sustentabilidad ambiental, económica y social de las ciudades del neoliberalismo.

Finalmente, se debe destacar en este período un elemento que es consecuencia directa de las políticas habitacionales de la dictadura y que ha sido ya tratado en los capítulos anteriores, que es la segregación espacial y la fragmentación urbana a gran escala que generaron las grandes erradicaciones de poblaciones pobres a quienes se facilitó el acceso a soluciones habitacionales precarias en barrios ubicados en la periferia de la ciudad, con todo lo que esto significa para el deterioro de la calidad de vida de aquellos a quienes las políticas habitacionales pretendían ayudar.

Desde 1990 en adelante, la Concertación de Partidos por la Democracia asumió la conducción de las políticas habitacionales y debió enfrentar un déficit de 900.000 viviendas o familias sin casa y una parte importante de viviendas sociales en mal estado, algunas por la mala calidad de la construcción y su consiguiente rápido deterioro y otras porque desde su concepción misma y desde el momento de su entrega, ya formaban parte del parque deficitario de soluciones habitacionales, ya que durante la dictadura militar las viviendas

73sociales habían bajado de calidad, de tamaño y de vida útil además de ser una de las causas fundamentales del surgimiento de nuevos problemas urbanos y sociales que hasta nuestros días no han podido ser revertidos.

Sin embargo, y a pesar de la ácidas y numerosas críticas que las políticas de este periodo recibieron por quienes eran partidarios del retorno a la democracia, la Concertación de Partidos por la Democracia, una vez en el poder, no buscó cambiar el rol del Estado ni el de la empresa privada y mucho menos pretendió volver a considerar la vivienda como un derecho inalienable, sino que mantuvo al mercado como regidor de la distribución de los suelos y a las empresas constructoras e inmobiliarias como los ejecutores de las soluciones habitacionales. A pesar de esto, sí hubo medidas concretas para paliar el déficit habitacional que analizaremos a continuación.

El enfoque con el cual la Concertación pretendía enfrentar el déficit de vivienda heredado de la dictadura planteaba tres ejes centrales de acción con los cuales pretendía además, enfrenar de alguna forma los resultados de casi una década de políticas (Mac Donald, 1992):

• • •

Más viviendas para los más pobres y allegados. Mejores barrios y ciudades. Diseño y ejecución participativa de los programas habitacionales.

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Se introdujo además el concepto de participación democrática vinculando este concepto al de crecimiento con equidad. En este sentido, el primer gobierno, de Patricio Aylwin Azócar, consideró, al menos discursivamente, los siguientes elementos para avanzar en políticas habitacionales:

• Redistribución del ingreso favoreciendo a los sectores más necesitados, pero sin descuidar a los sectores medios.

• Contemplar mayores subsidios para las soluciones de menor costo unitario y mayor focalización en la pobreza.

• Delegar en las autoridades regionales las opciones de desarrollo de los programas habitacionales.

• Ponderación de los factores socioeconómicos y habitacionales en la entrega de soluciones, premiando la focalización y los esfuerzos de organización de los postulantes.

• Libre asociación, creación de modalidades de postulación colectiva. • Participación abierta de organizaciones del sector privado (Cámara

Chilena de la Construcción), organizaciones sociales y ONG’s. • Integración de los más desposeídos a las redes de servicios sociales

urbanos.

El segundo gobierno de la Concertación, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, asumió en un momento de bonanza económica

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