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Considero en este momento necesario indagar sobre las peculiaridades de la derogada Ley Orgánica de Educación (1980) ante las controversias levantadas por la oposición venezolana a las intenciones educativas del gobierno en materia educativa hasta la fecha. Ha habido, programada e intencionadamente, una confrontación incesante a todo intento de democratización participativa y protagónica del proceso educativo y recientemente hubo enfrentamientos ideológicos y gerenciales de grupos de la vieja guardia sindical educativa con argumentos, según las cuales, se incrementa la politización marxista de la educación, se ejerce un excesivo control social comunal, se elimina la autonomía universitaria en lo financiero y administrativo, se orienta la educación básica hacia un adoctrinamiento comunista de nuestros niños, en fin, una serie de pretextos cuya intención estaba orientada y aun se orienta, entre otros objetivos, a mantener el status quo educativo en lo relativo al control estatal y la autonomía financiera y administrativa de la educación universitaria, entre otros privilegios, ahora en fase de extinción.

La educación venezolana de 1980 y la del 2009

El proceso educativo venezolano desde 1980, año de la promulgación de la recientemente derogada Ley Orgánica de Educación (1980) en sus disposiciones fundamentales, respecto a sus bases, estaba determinada por una educación integral, determinadora de la orientación, planificación y organización del sistema educativo y reguladora del funcionamiento de los servicios que en aquel entonces tuvieran relación con esta. De igual forma, se declaraba a la educación como función indeclinable del Estado Venezolano y derecho permanente e indeclinable de la persona.

La vigente Ley Orgánica de Educación no se aparta de lo previsto en sus normas fundamentales de la derogada ley del 1980. En efecto, como objeto, la actual establece el desarrollo de los principios y valores rectores, derechos, garantías y deberes en educación, que asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés, de acuerdo con los principios constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la transformación social; así como las bases organizativas y de funcionamiento del Sistema Educativo de la República Bolivariana de Venezuela.

De lo anterior se desprende una suerte de consonancia entre los dos instrumentos jurídicos en cuanto a sus finalidades ya que la ley del 80, destacaba el pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, basada en la familia como célula fundamental y en la valorización del trabajo; capaz de participar activa, consciente y solidariamente en los procesos de transformación social, consustanciada con los valores de la identidad nacional y con la comprensión, la tolerancia, la convivencia y las actitudes que favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de integración y solidaridad latinoamericana, aspectos estos contenidos en la actual ley de educación en el artículo 3 referido a los Principios y Valores rectores de la educación al enfatizarse la valoración social y ética del trabajo, la democracia participativa y protagónica, el respeto a la vida, el amor y fraternidad, convivencia armónica en el marco de la solidaridad, la tolerancia y la valoración del bien común, aparte de otros principios, inexistentes en la anterior, complementarios cualitativos de la intencionalidad del Estado Venezolano en materia educativa.

Como misión, la educación venezolana, de acuerdo con lo establecido en el instrumento jurídico educativo del 80, se concebía el desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso racional de los recursos naturales; y la contribución a la formación y capacitación de los equipos humanos necesarios para el desarrollo del país y la promoción de los esfuerzos creadores del pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo integral, autónomo e independiente.

La vigente ley, contempla la misión educativa establecida en la derogada ley en sus fines (Art 15) al mencionar el desarrollo del potencial creativo de cada ser humano (inciso 1), el impulso de una conciencia ecológica para la preservación de la biodiversidad y el socio diversidad, las condiciones ambientales y el aprovechamiento racional de los recursos naturales

La educación como medio de mejoramiento de la comunidad y factor primordial del desarrollo nacional, se evidenció en el documento derogado como un servicio público prestado por el Estado o impartido por particulares dentro de los principios y normas establecidos en la ley para ese entonces, bajo la suprema inspección y vigilancia de aquel y con su estímulo y protección moral y material. En la vigente ley, estos aspectos se contemplan en El Estado Docente (Art 5) al mencionarlo como función indeclinable del Estado en tanto servicio público materializado en las políticas educativas y el aseguramiento por parte del Estado del cumplimiento de las condiciones establecidas en el antes señalado artículo en las instituciones educativas privadas autorizadas.

Este instrumento legal educativo rezaba en relación al carácter libre de la educación venezolana lo atinente a su dedicación: Toda persona podrá dedicarse libremente a las ciencias y a las técnicas, a las artes o a las letras; y previa demostración de sus capacidad, fundar cátedras y establecimiento0s educativos conforme a las disposiciones de esta ley (Ley Orgánica de Educación 1980) o de leyes especiales y bajo la suprema inspección y vigilancia del Estado.

En torno a los derechos de los ciudadanos a recibir educación sin ningún tipo de discriminación, la Ley Orgánica de Educación (1980) establecía el cumplimiento de este aspecto al decir: Todos tienen derecho a recibir una educación conforme con sus aptitudes y aspiraciones, adecuada a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o local, sin ningún tipo de discriminación por razón de la raza, del sexo, del credo, la posición económica y social o de cualquier otra naturaleza.

En cuanto a la proporción igualitaria de derechos y oportunidades, la derogada ley exponía que el Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el cumplimiento de la obligación que en tal sentido le corresponde, así como los servicios de orientación, asistencia y protección integral al alumno, con el fin de garantizar el máximo rendimiento social del sistema educativo. La vinculación educación trabajo también se consideró en este instrumento legal al mencionar el proceso educativo como estrechamente ligado al trabajo con fines de armonización de la educación con la actividad

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