DELINCUENCIA

CONSIDERANDO

Que el fenómeno de la delincuencia en México tiene dos componentes primordiales: uno institucional, consistente en estructuras gubernamentales cuyo diseño no resulta el idóneo para atender los retos en materia de seguridad pública que hoy enfrentamos, y otro social, relacionado con índices de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades;

Que la prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan, en términos de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

Que es necesario tanto fortalecer las instituciones como identificar y atender los factores sociales de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia, entre los que destacan la falta de acceso a servicios básicos; carencia de vivienda digna y situación de calle; la desintegración familiar; la educación nula o deficiente y la deserción escolar; el desempleo y la desocupación; el abuso de sustancias y las adicciones, y la falta de espacios públicos seguros;

Que la prevención es la ruta más eficiente y eficaz para mejorar nuestro entorno social y disminuir la violencia y la delincuencia en el país y que para ello se requiere de la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno, del sector privado, del sector social y de las organizaciones de la sociedad civil;

Que para potencializar el presupuesto federal y crear sinergia en las acciones institucionales, es necesaria una visión integral y transversal en el diseño de estrategias que permita, por un lado, generar economías a escala y, por otro, ser más eficientes en nuestro esfuerzo por generar las condiciones sociales y económicas para una eficaz prevención social de la violencia y la delincuencia en el país;

Que mediante el Acuerdo 02/II-SE/2012, de fecha 17 de diciembre de 2012, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública se comprometieron "a elaborar e impulsar conjuntamente, de manera decidida, un Programa Nacional de Prevención del Delito, con enfoque municipal, que oriente los esfuerzos de las diferentes instancias de los gobiernos federal, estatales y municipales en corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia", señalando además que los tres órdenes de gobierno alinearán sus presupuestos para hacer de la prevención del delito una prioridad nacional, y

Que, en este contexto, se requiere la coordinación de los esfuerzos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que, en el ámbito de sus respectivas competencias, participan en programas y acciones vinculados con la atención de los factores sociales de riesgo, he tenido a bien emitir el siguiente

ACUERDO

Artículo Primero.- Se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo objeto es la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Artículo Segundo.- La Comisión estará integrada por:

I. La Secretaría de Gobernación, que la presidirá;

II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. La Secretaría de Desarrollo Social;

IV. La Secretaría de Economía;

V. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VI. La Secretaría de Educación Pública;

VII. La Secretaría de Salud;

VIII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y

IX. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Las dependencias integrantes de la Comisión estarán representadas por su titular, quien podrá designar un suplente con nivel de subsecretario o equivalente.

Asistirá como invitado permanente de la Comisión, con voz pero sin voto, el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien podrá designar un suplente con el nivel jerárquico inmediato inferior.

En los casos que así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar, la Comisión podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a autoridades de los tres órdenes de gobierno y de organismos constitucionales autónomos, así como a representantes de organizaciones de la sociedad civil o personas de reconocido prestigio en la materia.

Artículo Tercero.- La Comisión sesionará válidamente con la mayoría de sus miembros.

La Comisión sesionará por lo menos una vez al mes de manera ordinaria, de acuerdo con el calendario que para tal efecto se expida, y en forma extraordinaria tantas veces como sea necesario, a propuesta de su Presidente.

Las convocatorias se llevarán a cabo por el Secretario Ejecutivo con por lo menos cinco días hábiles de anticipación para las sesiones ordinarias, y dos días hábiles de anticipación para las extraordinarias, y deberán acompañarse del orden del día.

Las resoluciones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo Cuarto.- La Comisión hará las recomendaciones pertinentes para que las políticas, programas y acciones de las dependencias que la integran, relacionadas con la prevención social de la violencia y la delincuencia, se orienten de manera coordinada, prioritariamente, a:

I. La construcción de una ciudadanía responsable;

II. La promoción de una cultura social de legalidad y tolerancia;

III. La corresponsabilidad social;

IV. El mejoramiento del entorno social y el acceso a servicios básicos;

V. La activación y apropiación sociales de los espacios públicos;

VI. La generación de oportunidades de desarrollo;

VII. El apoyo económico para la creación de empresas sociales;

VIII. La atención prioritaria de grupos vulnerables, y

IX. La orientación y formación educativas para combatir las causas psicosociales del delito.

Artículo Quinto.- La Comisión realizará las funciones siguientes:

I. Emitir sus reglas de organización y funcionamiento, plan de trabajo y calendario de sesiones ordinarias;

II. Participar en la definición de las prioridades institucionales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;

III. Propiciar que el gasto que ejerzan las dependencias que la integran se encuentre alineado a la planeación nacional en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, en términos de los instrumentos programáticos

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