DERECHO A VIVIENDA ADECUADA

DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

Entendiendo como aspectos que componen el derecho a la vivienda a: la seguridad de tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural, el Estado debiese asumir ciertas acciones y medidas que tiendan a cumplir con sus obligaciones en relación al derecho de una vivienda adecuada. De esta manera. Se presentan algunas medidas que el Estado debe tomar:

1.- Que el derecho a una vivienda adecuada sea garantizado constitucionalmente;

2.- Generar un marco regulatorio del mercado de suelos para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones en materia de vivienda. (Supervisado por una especie de superintendencia de uso de suelos);

3.- Sistematizar información actualizada y desagregada sobre la situación de la vivienda y campamentos;

4.- El Estado debe efectuar las políticas habitacionales necesarias para garantizar la seguridad de tenencia y una vida digna a las personas que viven en campamentos. Para tal efecto, se debe asegurar que el régimen de propiedad vigente en Chile no lo impida. Dar prioridad a los campamentos en el desarrollo de las políticas públicas habitacionales dentro de las medidas para garantizar el derecho a una vivienda adecuada;

5.- Potenciar programas de urbanización y servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad;

En relación a estas medidas y otras acciones que el Estado debiese implementar o se encuentra o implementando, a mi juicio se encuentra en deuda y ha involucionado en torno al derecho de una vivienda adecuada. A manera de ejemplo y sin ir más lejos,   de acuerdo al Catastro de Campamentos 2021^[1], en 2011 había cerca de 27 mil familias en campamentos, actualmente se llega a 89 mil familias.

Por otra parte y en relación a las medidas declaradas, en la actualidad el derecho a una vivienda adecuada no está consagrado en la Constitución, lo que trae como consecuencia que el Estado no cuente con suficientes herramientas para garantizar

la seguridad de tenencia. La incorporación de este derecho que se plantea en la nueva Constitución, sería un avance cualitativo al respecto.

Sobre el mercado de suelos, éste no ha podido ser regulado bajo criterios de “uso social del suelo”, sino más bien ha sido regulado por las herramientas de planificación urbana locales, las que muchas veces quedan limitadas por los procesos especulativos del mercado. Intentos de reformas aún duermen en el Congreso.^[2]

Existe una dispersión de información relativa a la situación de “la vivienda”, quedando muchas veces en manos de ONG, instituciones académicas o Fundaciones. La información pertinente por tanto, favorece tanto al estudio de la problemática como la gestión de políticas públicas.

Finalmente, los campamentos bajo el marco jurídico actual de la propiedad, la protección o resguardo de derechos que podamos garantizar a los sectores más empobrecidos, tiende a ser insuficiente. La apuesta del Estado ha estado enfocada principalmente a soluciones habitacionales a través de programas como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda^[3] Sin embargo, es necesario destacar que no existe un programa especial para familias de campamento, sino que estas quedan incorporadas en los programas regulares del MINVU^[4]. La subsidiaridad en muchos casos, no aborda el problema de fondo y estructural en la conformación de espacios urbanos que puedan, cumplir con los estándares internacionales básicos para dar cumplimiento al derecho de una vivienda adecuada.

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