DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD 1

La Segunda posguerra propició la positivización de los derechos humanos no sólo en el ámbito internacional, sino en el de cada país. Empero, la denominación que se le dio a los derechos en el seno de cada Estado no fue el de derechos humanos, sino el de derechos fundamentales o constitucionales y es precisamente desde el ámbito de la doctrina constitucional que suele distinguirse entre estas dos acepciones (Villabella Armengol, et al, 2019, p. 7). 

El término de derechos fundamentales fue recogido por primera vez en la Constitución de Bonn de 1948 (Villabella Armengol, et al, 2019, pp. 7–8).  

De tal forma que los derechos consagrados en el texto constitucional alemán son fundamentales en el sentido de que son la base o cimiento bajo el cual se construye el Estado constitucional y democrático de derecho alemán (Villabella et al, 2019, p. 8).}

Este concepto de origen germano ha tenido una gran influencia en todo el constitucionalismo occidental, tanto en Europa continental como en América latina e, incluso, en Estados Unidos, siendo varias las Constituciones que recogen dicho término. 

También son varios los constitucionalistas que han tratado de darle un significado concreto, señalando, la mayoría de las veces, que los derechos humanos están en un plano filosófico o moral, mientras que los derechos fundamentales son derechos positivizados en el ordenamiento interno de un país (Villabella Armengol, et al, 2019, p. 8).

1.2. Antecedentes históricos de los Derechos Humanos.

En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistaron la Antigua Babilonia. Pero sus siguientes acciones fueron las que marcaron un avance significativo para el Hombre. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial (Llugdar, 2017, p. 38). 

Éstos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en lenguaje acadio con escritura cuneiforme. Conocido hoy como el Cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los Derechos Humanos en el mundo (Llugdar, 2017, p. 38).

En la Edad Antigua y en la Edad Media encontramos algunos precedentes remotos de los derechos humanos. Pensadores antiguos, como Confucio (551-479 a. C.) o Aristóteles (384-322 a. C.), por citar los de mayor influencia en sus respectivos ámbitos culturales, así como determinadas corrientes de pensamiento, como el estoicismo y el cristianismo primitivo, avanzaron algunas ideas en favor del individualismo, pero el contexto sociopolítico impidió su desarrollo (Escobar Roca, 2005, p. 4).

Resulta significativo comprobar, por ejemplo, cómo buena parte de estos autores justificaron la esclavitud, demostrándose así que los derechos por ellos defendidos resultaban ajenos al principio de dignidad de la persona, y por tanto al concepto mismo de los derechos humanos (Escobar Roca, 2005, p. 4). 

1.3. Las Cortes de León (1188), Cortes Catalanas (1192), La Carta Magna (1215) y La Bula de Oro  de Hungría (1222).

Las Cortes de León (1188).

Las Cortes de León (1188), es donde surge el más importante de los textos territoriales asturleoneses es la Carta Magna Leonesa u Ordenamiento de León, promulgado por Alfonso IX, rey de Asturias-León, en 1188 (Dávila Campusano, 2017, p. 207).

En lo estrictamente jurídico la Carta Magna Leonesa es un completo catálogo de derechos individuales para todos los súbditos del Reino, que el Rey se compromete a respetar y a hacer respetar: se recogen muchos de los derechos humanos vigentes hoy, se consagran el derecho a la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de propiedad y el derecho a un debido proceso o juicio justo (esto es, que nadie puede ser condenado sino en virtud de juicio previo, ante un tribunal establecido antes de los hechos que va a juzgar y donde toda persona tiene derecho a ser oído y rendir prueba antes de la sentencia) (Dávila Campusano, 2017, pp. 207–208).

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Imagen - Basílica de San Isidoro de León, lugar donde se celebraron las Cortes en 1188.

Prácticamente contenía dicha Carta Magna de León las mismas garantías individuales, que aparecen incorporadas en la Carta Magna Inglesa que veintisiete años más tarde concede el Rey Juan I de Inglaterra, un 15 de junio de 1215 (Dávila Campusano, 2017, pp. 207–208).

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Las Cortes Catalanas (1192).

Las primeras Cortes Catalanas fueron en el año 1192, y durante el reinado de Jaime I el Conquistador (1213-1276), la Corte condal se transformó en Cortes Generales de Cataluña. Pero el paso decisivo se dio en el reinado de su hijo, Pedro II el Grande (1276-1285), cuando, en las Cortes de Barcelona de 1283, mediante la constitución Volem, estatuïm, se estableció el sistema de soberanía pactada, característico del derecho constitucional catalán medieval y moderno. (Parlament de Catalunya, 2021, p. 2).

La Carta Magna (1215).

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En la época medieval aparece una serie de documentos (cuyo exponente más conocido es la Carta Magna de 1215) que obligan al poder político a respetar determinadas posiciones individuales, tales como la propiedad privada o la inviolabilidad del domicilio, se trata de textos muy diferentes a las modernas declaraciones de derechos, de las que difieren sobre todo por su extensión (Escobar Roca, 2005, p. 4). 

Se ratificó posteriormente en 1216 en un Concilio de 25 barones y afectaba, fundamentalmente, a derechos de la nobleza y la iglesia, tanto en materia de justicia, conocido como habeas corpus (que no pudieran ser detenidos arbitrariamente), así como sobre exención de derechos fiscales de la Corona, entre otros (Morán Martín, 2020, p. 2).

La Bula de Oro de Hungría (1222).

También tiene mucha trascendencia histórica la Bula de Oro de Hungría (1222), Tras la vuelta del rey Andrés II de Hungría a su país después de la quinta cruzada, se encontró con una situación caótica. Para solucionar el conflicto, el Rey firmó en el año 1222 la Bula de Oro, un documento afín a la Carta Magna inglesa que restaría poder a la monarquía en beneficio de la nobleza. Los 31 artículos que componen esta fuente son, en su gran mayoría, una compilación de derechos a favor de los nobles, limitando el poder monárquico (Rodríguez Naranjo, 2017, pp. 27–28).

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