Desigualdad de género en Chile

Catalina Campos M.

07 de junio de 2016

Desigualdad de género en Chile: ineficiencia del Estado

A pesar de la evolución y los inmensos avances que han permitido que nuestro país esté en vía de desarrollo, aún se ve muy lejana la meta de alcanzar la igualdad en los diversos ámbitos: político, social, cultural y económico. Dentro de estos, la desigualdad más latente y pronunciada es la de género, un fenómeno principalmente social y cultural que genera discriminación en relación a la condición del género, básicamente entre hombres y mujeres. En determinadas zonas y países, de acuerdo a su cultura la desigualdad se hace más prominente que en otras y afecta de manera significativa a la mujer, por lo que se ha hablado durante mucho tiempo que estamos insertos en una sociedad patriarcal. La desigualdad en el ámbito económico se ha visto fuertemente incrementada, a pesar de la lucha de los gobiernos y de las organizaciones feministas que quieren acabar con esta “discapacidad” social. Sin embargo, es sabido que existe una tendencia en los ingresos entre hombres y mujeres, recibiendo estas últimas menores remuneraciones por la misma labor, las mismas horas trabajadas y además creando una asociación de las labores que sí pueden ser realizadas por las damas. Se considera que la génesis del problema ha estado siempre en las dificultades que tienen las mujeres para acceder a un trabajo, ya que las diferentes condiciones no permiten que las mujeres realicen solo algunos trabajos y por pocas horas, ya sea por la fuerza física, la maternidad o la “falta de habilidades” para algunos laborales. “La igualdad de género implica que todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tienen la libertad para desarrollar sus habilidades personales y para hacer elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de género rígidos, o prejuicios. Comprende la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, niñas y niños, para lo cual deben considerarse los intereses, aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y de los hombres, siendo valoradas y favorecidas de la misma manera”.^[1] A partir de lo planteado por la ONU es posible identificar que la desigualdad de género abarca todos los ámbitos y en nuestro país también existe desigualdad en las responsabilidades como el ser padres, las tareas domésticas, entre otros.

La relevancia de este tema radica en la insuficiencia de las políticas de Estado y en la mala manipulación del gobierno para combatir uno de los principales problemas que afectan a nuestro país y a gran parte del mundo, ya que a pesar de los esfuerzos no se ha podido eliminar la alta discriminación y la aceptación y respeto a la diversidad. En esto se basará el siguiente documento; en la incompetencia del Gobierno para resolver un problema de magnitud, acompañado de la falta de políticas públicas para la regulación del problema, que abarca más que un aumento salarial. Para ello, se expondrán los diferentes puntos que permiten afirmar la insuficiencia de las políticas públicas por parte del Estado, mediante cinco puntos importantes; empleo informal, embarazo adolescente y responsabilidad materna, acoso sexual en el trabajo, participación femenina en la actividad política y violencia de género. Cada una fundamentada con argumentos y estadísticas, para luego finalizar a modo de conclusión con las reflexiones finales.

Pese a que ha existido una mayor incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo en América Latina y el mundo en las últimas décadas, las brechas de género persisten con leves variaciones. Se considera que estas desigualdades son producto de las perspectivas del lugar y el papel que desempeñen las mujeres en la comunidad, que aún sigue basándose en prejuicios y discriminaciones hacia la sociedad femenina. Esta desigualdad social radica en un problema estructural gubernamental, es decir, la falta de políticas públicas que adopten medidas para erradicar los principales puntos que generan una discriminación, principalmente en el ámbito laboral.

En primer lugar, un punto deficiente que no ha resuelto el Estado es la gran proporción de trabajadores con empleos informales, ejercidos principalmente por las mujeres. Esto se debe a que las mujeres tienen 23% menos de posibilidades de trabajar que los hombres en los trabajos insertos en el mercado laboral, por lo tanto, deben por necesidad realizar alguna labor que sea remunerada; "La mayoría de las mujeres que no están en el mercado laboral tienen trabajos no pagados de ama de casa. Como consecuencia, las mujeres tienen ingresos mucho menores y pensiones considerablemente más bajas que los hombres".^[2] A raíz de esto, se crean los mercados informales, las labores de amas de casa, lugares clandestinos, etc., y que además son ocupados por la mano de obra barata, especialmente por las mujeres provenientes de otros países, destacando las peruanas, colombianas y bolivianas. Es por eso que se habla de una “feminización de la pobreza”, no solo en nuestro país, sino que a nivel latinoamericano. A partir de una mala regulación por parte del Estado, se generan otros “mini-inconvenientes” que agudizan las desiguales condiciones de trabajo de las mujeres chilenas, puesto que además de generar ingresos en labores no autorizadas o no reguladas son desplazadas por las inmigrantes en nuestro país, que cabe mencionar que si no fueran autorizadas a trabajar se acusaría de discriminación hacia nuestros países vecinos. Esta inconcordancia permitiría que la solución más simple sea dejar las cosas como están, para no dañar más a una de las partes, medida totalmente ineficiente por parte del Estado.

En segundo lugar, tenemos la falta de medidas para evitar el embarazo adolescente, problema que se agudiza en toda América Latina y no deja de ser tema en nuestro país; En Chile, el embarazo adolescente es considerado un problema de Salud Pública grave, ya que cada año nacen aproximadamente 40.355 recién nacidos vivos, hijos de madres adolescentes y 1.175 hijos de madres menores de 15 años.^[3]  Esto produce que las madres adolescentes deban trabajar a temprana edad sin preparación educacional superior o en muchos casos, deben dejar de estudiar para dedicarse a las labores maternas, porque cabe mencionar la tarea de ser padres no es compartida y en la mayoría de los casos la responsabilidad absoluta de lo que conlleva tener un hijo radica en la madre.

Otro punto que agudiza esta situación es la falta de sala cunas, jardines o guarderías en los trabajos, ya que, esto permitiría que la mujer compatibilice su trabajo con la maternidad.

En tercer lugar, es posible identificar la ineficiencia de las políticas públicas, en el alarmante tema del acoso sexual en el trabajo. La ley lo define como “el que una persona realice, en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo”^[4], dejando fuera las acciones que no son bienvenidas por la víctima que no necesariamente caben dentro del concepto de “requerimientos”. Además, los procedimientos de investigación son derivados de inmediato a la misma institución de la cual ha recibido el acoso, por lo que para la víctima no significa una garantía absoluta de la fidelidad de los hechos. Por otro lado, Las sanciones que pueden imponerse son, en primer término, aquellas reguladas en el reglamento interno, esto es, no superiores a amonestación verbal o escrita, o multa de hasta el 25% de la remuneración diaria del trabajador denunciado^[5], o el despido por parte del empleador. Para este problema, el Estado ha modificado leyes e intentado avanzar, sin embargo, las medidas han sido deficientes y el acoso sexual no solo es prominente en el ámbito laboral, sino en las acciones cotidianas.

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