EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL FEDERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

FACULTAD DE DERECHO

“EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL FEDERAL”

TESINA

QUE PARA OBETENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA PRESENTA:

ARIADNNE OSORIO GONZÁLEZ

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Un Estado democrático como el nuestro, una vez legitimado, debe apegarse sin restricción alguna a la ley, misma que le señala sus límites, alcances y atribuciones, determinando su conformación y los lineamientos generales a los que debe de apegarse y no contradecirse en cuanto a competencia y funciones de los mismos.

Nuestra Constitución, en sus artículos 25 y 26, contempla la facultad del Estado para regir el desarrollo de la Nación, el cual debe procurar que sea integral y sustentable de una forma independiente y autónoma, que fortalezca la soberanía de la Nación y el régimen democrático, para que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad del ser humano en lo individual, así como de la sociedad.

Para tal efecto, el Estado cuenta con las facultades de planear democráticamente el desarrollo nacional, dando origen con ello, al Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán todos los programas de la Administración Pública Federal, en la que se incluye la política tributaria a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ente administrativo del Poder Ejecutivo Federal, con facultades para la administración de los recursos del Estado, del tal forma, que para algunos analistas la política tributaria que implementa el Estado es la más importante que se instrumenta a nivel nacional, debido a que a través de ella se obtienen los medios necesarios para el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas el Ejecutivo Federal y los otros dos poderes.

De ahí que el Estado para poder realizar sus actividades requiere allegarse de recursos, lo que puede hacer obrando en funciones de Derecho Público o Derecho Privado, siendo que en funciones de Derecho Privado lo hará adquiriendo como heredero, legatario o donatario o bien, como parte en los contratos de Derecho que celebre.

Por cuanto hace a la función de Derecho Público, normalmente lo hará en ejercicio de su potestad tributaria, o por medio de la contratación de empréstitos o en su caso a través de situaciones extraordinarias como lo son la requisición, nacionalización y expropiación.

Los entes facultados para imponer contribuciones son la federación y las entidades federativas, además de precisarse la existencia de un sujeto obligado, el cual será quien se coloque en el supuesto previsto en la norma impositiva decretada por la autoridad federal o local.

Respecto al señalamiento en el que una de las funciones que tiene el Estado de recabar de los particulares las contribuciones se justifica debido a que esa recaudación se encuentra destinada para cumplir con las necesidades de la sociedad, es decir, en el bien común, sin embargo, también dentro de este contenido necesariamente surge la obligación que el Estado tiene para justificar la facultad de poder coaccionar a quien incumple con sus obligaciones tributarias, lo que en materia fiscal puede instrumentarse de dos formas: la primera por la sanción administrativa, impuesta por una autoridad administrativa y que sirve para hacer efectivas las contribuciones omitidas, así como los recargos, sin que con ello se afecte el procedimiento penal; y la segunda, con la aplicación de una pena privativa de la libertad por el órgano judicial penal, el cual, de acuerdo a lo señalado por el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, por ningún motivo impondrá sanción pecuniaria.

Por lo que se refiere a la materia penal, los ilícitos fiscales en los últimos años, han despertado en nuestro país gran interés, debido a los innumerables efectos perjudiciales que la defraudación tributaria ocasiona a la economía nacional, por lo que se ha tenido que recurrir a esta rama del derecho, con el objeto de proteger los intereses del Fisco Federal, tratando con ello, de dar seguridad jurídica.

Debido a la importancia de la recaudación de las contribuciones por parte del Estado, en el presente trabajo se dan una serie de propuestas, que considero podrían ayudar a mejorar la política criminal en materia de defraudación fiscal; para llegar a tales propuestas primeramente, se estudió la teoría del delito enfocada al ilícito en cuestión, así como el procedimiento penal federal a que son sometidos aquéllos causantes que son acusados de cometer el delito de defraudación fiscal en el orden federal; además de comentar algunas causas que a mi parecer han hecho que las medidas adoptadas por el gobierno federal para evitar o reprimir las conductas antijurídicas en materia fiscal, han sido deficientes y como consecuencia, no han logrado su objetivo.

Desde tiempos remotos se han pagado tributos a quienes gobernaban o dominaban a la población de ciertos territorios, en la época de los Aztecas se obtenían tributos voluntarios y pacíficos de su población, también en forma obligatoria a los pobladores de los territorios sometidos a ellos, dichos tributos eran pagados con productos agrícolas, artesanales, piedras preciosas, oro, plata e incluso con hombres y mujeres de  pueblos sometidos.

En la época de la Colonia surge la pena de prisión a quienes omitían el pago de tributos de forma total o parcial, y en el México Independiente los legisladores promulgaron diversas leyes fiscales como fuente de las Finanzas Públicas en las que se apoyó el Estado Mexicano para cumplir con sus funciones.

La norma jurídica que por primera vez prevé el delito de defraudación fiscal en nuestra legislación aparece al publicarse la Ley Penal de Defraudación Impositiva en Materia Federal el 30 de diciembre de 1947; pero anterior a esta ley y como antecedente de delito fiscal, encontramos al delito de contrabando regulado desde a finales del siglo XIX, durante el período del porfiriato, en el cual, se encontraban las conductas que afectaban al fisco, o fueron reguladas como infracciones, por así disponerlo en la Ley General del Timbre de 1893.

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