ENSAYO “FUERO CONSTITUCIONAL”

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FUERO CONSTITUCIONAL

México dista de contar con un Estado de derecho consolidado, por el contrario la impunidad es casi total.

Un gran sector de la población en México ha sido convencida por los diferentes medios de comunicación en creer que la protección que el Estado mexicano otorga a un amplio grupo de funcionarios públicos y que comúnmente se conoce como fuero, es un instrumento, un privilegio para aprovecharse de impunidad para realizar actos atroces como delitos arbitrarios entre muchos más. Lo que no se dice es que el fuero constitucional garantiza la estabilidad política, el fuero se tiene que mantener para proteger las funciones públicas.

El artículo 61 constitucional establece que “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”, mientras que el artículo 111 señala una extensa lista de funcionarios contra los que no se puede proceder penalmente con el consentimiento previo de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, es decir, el funcionario es “intocable” (según la opinión de un sector) en materia penal mientras no sea desaforado.

Además de los diputados y senadores federales, entre dichos servidores públicos se encuentran los secretarios de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Consejo dela Judicatura Federal, así como los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el Fiscal de la Republica.

El fuero se constituye en una inmunidad procesal a la que tienen derecho ciertos funcionarios públicos que sirve como freno o escudo protector ante acusaciones que podrían entorpecer o poner en riesgo la labor del acusado. Los tipos de protección parlamentaria no fueron diseñados como privilegios de los individuos que llevan a cabo, es decir, para proteger la labor legislativa desarrollada en el recinto parlamentario, el espacio en el que los representantes directamente elegidos por los ciudadanos toman decisiones públicas. En palabras de Simon Wigley, lo que la inmunidad parlamentaria pretende proteger y permitir es “la habilidad de los representantes para deliberar en lugar de los representados a pesar del hecho de que sus posiciones argumentativas puedan apartarse, con frecuencia, del sentimiento popular o de la agenda particular de un grupo de interés”(Wigley 2003, 29-33).

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