Economía Española

LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

1.1 INTRODUCCIÓN

Antes de la existencia del euro los distintos instrumentos de política económica estaban esencialmente en manos nacionales. Mientras existió la peseta, España dispuso de un banco central con poderes para emitirla y, por tanto, de la posibilidad de realizar una política monetaria propia. Los tipos de cambio de nuestra moneda respecto al resto podían variar, dando la opción de desarrollar una política cambiaria española. Las decisiones de política fiscal correspondían a las administraciones nacionales sin restricciones significativas. En la misma situación estaban las políticas de oferta.

El último uso independiente que las autoridades españolas hicieron de este variado arsenal de instrumentos para actuar sobre la economía estuvo destinado a cumplir los cinco criterios de convergencia o condiciones de Maastricht, que era preciso satisfacer para incorporarse a la Unión Monetaria Europea (UME). Estas condiciones fueron:

- Estabilidad de precios. La tasa de inflación no ha de rebasar en 1’5 puntos porcentuales la media de inflación de los tres Estados miembros con menor crecimiento de precios.

- Disciplina de las finanzas públicas. Déficit AAPP < 3% PIB y la deuda pública < 60% PIB.

- Convergencia de los tipos de interés. El tipo de interés a largo plazo que no rebase en más de 2 puntos porcentuales la media de tipos de interés de los tres Estados miembros con menor inflación.

- Estabilidad de los tipos de cambio. El tipo de cambio de la moneda nacional debería mantenerse estable dentro de las bandas del SME durante al menos dos años.

El resultado final de ese esfuerzo de convergencia nominal fue el holgado cumplimiento por la economía española en 1998, año del examen, de todos los requisitos exigidos. Esto hizo posible formar parte de la UME desde su nacimiento, el 1 de enero de 1999.

Además de exigir cierto grado de estabilidad macroeconómica antes de permitir a un país la entrada en la zona del euro, el proceso de unificación monetaria incluía también un nuevo diseño para las políticas económicas, con el fin de preservar y reforzar esa “cultura de la estabilidad” una vez dentro. La política monetaria y la cambiaria han pasado a ser instrumentos supranacionales, pues se basan en una moneda compartida. La política fiscal sigue en manos nacionales, pero no con una libertad de uso plena, sino sujeta a las restricciones que impone el cumplimiento del Pacto de Estabilidad. Sólo en las políticas de oferta el margen de actuación de las autoridades nacionales sigue siendo tan amplio con en el pasado.

1.2 LA POLÍTICA MONETARIA

1.2.1. Diseño institucional y objetivo

El Banco Central Europeo más los diecisiete bancos centrales nacionales de los países de la zona del euro (que han perdido su riesgo esencial de ser emisores de una moneda propia, pero siguen existiendo) forman el Eurosistema. Su principal órgano rector es el Consejo de Gobierno, donde se toman las decisiones de política monetaria. Lo componen en la actualidad veintitrés miembros: los seis del Comité Ejecutivo más los diecisiete gobernadores de los bancos centrales nacionales. El Comité Ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del BCE: prepara los materiales para las reuniones del Consejo de Gobierno y pone en práctica las decisiones en él adoptadas. Sus seis miembros, entre ellos el presidente y el vicepresidente del BCE, son nombrados de común acuerdo por los Jefes de Estado o de Gobiernos de los países de la zona del euro.

Las reuniones del Consejo de Gobierno son quincenales, pero normalmente, sólo en la primera reunión de cada mes se toman las decisiones importantes de política monetaria, las relativas a los tipos de interés. Los acuerdos se adoptan teóricamente por mayoría simple, aunque en realidad suele optarse por lograr una posición de consenso que no haga necesario llegar a la votación. Cada uno de los veintitrés miembros dispone de un voto del mismo valor, puesto que no tienen el carácter de representantes nacionales; por el contrario, se supone que han de tomar decisiones adecuadas para el conjunto de la zona, sin tener en cuenta las circunstancias particulares de su país de procedencia.

Los largos mandatos de los miembros del Consejo de Gobierno son uno de los mecanismos fundamentales para garantizar que la política monetaria única esté en manos de una institución independiente, no subordinada a ninguna otra en su ámbito de competencia, como se estipula en los Tratados. La independencia de los bancos centrales se considera una importante garantía de que la política monetaria no sufra interferencias debidas a motivos meramente electorales.

El consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre el tipo de interés al que presta liquidez a muy corto plazo a los bancos comerciales. Por supuesto, existen muchos otros tipos de interés en la economía (de las hipotecas, los créditos al consumo…) para préstamos con diferentez plazos y riesgo, que son lo que finalmente afectarán a la conducta de los consumidores y empresarios. Sin embargo, el tipo fijado por el Consejo de Gobierno suele marcar la tendencia a todos los demás. Cuando los bancos comerciales pueden obtener liquidez barata del banco emisor, ellos a su vez, suelen, aunque con cierto retraso, repercutir ese menor coste en los tipos que cargar a sus prestatarios. Así, el tipo de interés que controla el banco emisor señala la orientación de la política monetaria, su carácter más o menos expansivo, y sus efectos se acaban transmitiendo, con mayor o menor celeridad o intensidad, al resto de los tipos de interés a diferentes plazos.

El objetivo que se persigue con estas decisiones sobre el tipo de interés es lograr la estabilidad de precios en el conjunto de la zona del euro. Tal es el único mandato legal del BCE, sin mayor concreción. Es él mismo quien ha definido el objetivo más detalladamente. Considera que hay estabilidad de precios si el IPC Armonizado de la zona no sobrepasa el 2% de crecimiento anual (Véase el recuadro 1). El anuncio de un valor numérico concreto busca guiar las expectativas de los agentes. La elección del IPCA se debe a que es el índice más utilizado en los contratos y en los cálculos del poder adquisitivo. El cumplimiento del objetivo es compatible con la existencia de diferenciales de inflación nacionales, que lleven a determinados países a sobrepasarlos- el BCE sólo se ocupa del agregado, pues es la variable sobre la que puede actuar con la política monetaria, común por naturaleza a toda la zona que comparte moneda. Los diferenciales nacionales se deberán a causas locales, por lo que habrá que contrarrestarlos con los instrumentos de política económica que siguen en manos de cada país (como las políticas de

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