Empresas de Seguridad Privada: Falta de regulación y cumplimiento de la normatividad

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Empresas de Seguridad Privada: Falta de Regulación y Cumplimiento de la Normatividad.

En la búsqueda de soluciones a los graves problemas de violencia e inseguridad que padecemos en el país y a la falta de capacidad de los diferentes niveles de gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos, desde hace algunos años, se ha optado por parte de empresas, comercios y particulares por la contratación de guardias de seguridad privada para salvaguardar y proteger sus bienes, propiedades y/o integridad física.

Paradójicamente, el riesgo de inseguridad no termina al contratar personal de guardias privados, ya que, quienes contratan a empresas que se dedican a ese ramo, quedan expuestas a la falta de profesionalismo e irregularidades en que operan dichas empresas. Según estadísticas, más de un 80% de las empresas de seguridad privada operan al margen de la ley y dejan por un lado los filtros que deben aplicar al contratar a dicho personal, tales como antecedentes no penales, antecedentes laborales y diferentes tipos de exámenes: médico, físico, psicológico y toxicológico. Aunado a esto, la falta de capacitación, alta rotación de personal, bajos salarios, falta de prestaciones de ley, largas jornadas de trabajo, sin dejar de mencionar que un gran porcentaje de ellos no es provisto de equipo de protección personal ni uniforme.

Por otro lado, las empresas irregulares no solo no están calificadas para ofrecer los servicios de protección, sino que carecen de los permisos correspondientes ante las autoridades, no llevan registros fidedignos del personal que han contratado y muchos de ellos, al estar operando en la informalidad, evaden sus responsabilidades fiscales y laborales por lo que, las ya mencionadas empresas, se encuentran operando al margen de la ley.

Se han dado múltiples intentos, tanto a nivel estatal como en el federal, de controlar y regular las empresas de seguridad privada, las cuales han tenido un crecimiento exponencial al no verse obstaculizadas por parte del gobierno para su establecimiento y operación, a pesar de que un gran porcentaje de ellas se desarrollan en la ilegalidad.

El diputado Omar Ortega, secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, llevó a cabo, en Marzo del 2016, uno de los más recientes intentos de meter en control a las empresas que se dedican a ese rubro al solicitar al Consejo Nacional de Seguridad Pública que emita a la brevedad, criterios para regular y poner bajo control de manera efectiva a las empresas de seguridad privada que han proliferado en el país. (Melín Campos 2016)

En un reportaje que publica El Universal el 22 de Octubre del 2017 menciona que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta esa fecha cuentan con un registro de 3,977 empresas que brindan los servicios de seguridad privada en México, pero esa cifra solo engloba a las que operan legalmente. Se cree que existen en el país alrededor de 8,000 empresas de seguridad fuera del marco de la legalidad. (Higareda 2017)

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