Enfermeria

En México se vive a un clima exacerbado de violencia, que además de afectar los derechos de muchos ciudadanos, ha segado la vida a miles de personas, trastocando la seguridad, el bienestar y el futuro de muchas familias. Este es el caso de las familias de civiles inocentes expuestos al fuego cruzado entre criminales y fuerzas del orden. El gobierno ha reconocido que hay víctimas inocentes en la guerra contra el narco, en voz de su titular y en el de los secretarios de Gobernación y de Defensa, calificados como “daños colaterales”. Pero hasta el momento es flaco su compromiso ante estas familias victimizadas.

A partir de fuentes periodísticas, sabemos que hay cerca de 4 mil niños y adolescentes ultimados y más de 3 mil 700 huérfanos cuyos ambos padres o uno de ellos han fallecido por las mismas razones, afectando estas muertes a más de 20 mil familias en toda la República. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha señalado que más de 400 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado, sólo en Ciudad Juárez.

Esta escalada de civiles inocentes muertos aumenta año con año, sin que sepa cuáles han sido las circunstancias de su muerte; ni se pueda determinar cuántos de los 22 mil caídos, reportados en los operativos militares, son efectivamente sicarios y personeros de las organizaciones criminales. Ninguna autoridad se ha dado a la tarea de documentar estas muertes en términos de la efectiva participación o responsabilidad de los hoy occisos en materia delictiva. Tampoco se han ocupado de la debida identificación de estas personas, sin descontar el hecho de que en no pocos casos se les ha alterado incluso su identidad, para incluirlos en los miles de mexicanos prescindibles, supernumerarios, incluidos en las listas de sicarios y criminales, que en la lógica de la guerra contra el narco no son personas.

Todo esto entraña un trato inhumano, al margen incluso de los tratados internacionales en materia de conflictos armados. La desafección a la salvaguarda y respeto de los principios humanitarios y derechos humanos por parte de las instituciones ha llevado a las familias victimadas y a los parientes de los civiles inocentes a acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quien, se señala, ha recibido 5 mil quejas de 2006 a 2009.

El Estado ha signado instrumentos internacionales fundantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN) y sus Protocolos facultativos, quedando por ello obligado a dar garantías a la vida, seguridad y derechos humanos de la población, especialmente en caso de niñas, niños y adolescentes. El Estado debe garantizar el derecho a la justicia y a la verdad de todas las víctimas. Debe también derecho a la reparación del daño a sus familias, además de protección contra todas las formas de violencia relacionadas con la operación de las organizaciones criminales e investigar la violación de derechos humanos y, perseguir y sancionar a los responsables.

En el caso de la niñez el artículo sexto de la Convención sobre los Derechos de la Niñez firmada y ratificada por México se obliga a la protección del derecho intrínseco a la vida, a su supervivencia y al desarrollo. Además del deber de mitigar los sufrimientos de niñas, niños y adolescentes, y garantizar sus derechos a salud, desarrollo, seguridad y paz.

La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que fija las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad administrativa y regular del Estado, obliga al Ejecutivo federal a indemnizar a las familias. El Estado mexicano no sólo está obligado a proteger los derechos de la niñez y a adoptar medidas especiales de protección a los menores víctimas directas o indirectas de la guerra contra el narco, sino además a reparar los daños colaterales e indemnizar a las víctimas.

Entre estas medidas la primera obligación del Estado es llevar un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos. Y entregar los cuerpos a cada familia que los reclame. El gobierno federal no puede tratar a las víctimas de esta guerra como si fueran fantasmas, o parias sin derechos, en una especie de holocausto de los pobres. Sería necesario crear un fondo nacional de indemnización contra daños patrimoniales y pérdida de vidas inocentes, para reparar los daños de la guerra contra las organizaciones criminales, en las familias afectadas. Hay suficientes bienes incautadoS a las organizaciones criminales, que pueden rematarse para formar este fondo y auxiliar a las familias desintegradas o mutiladas por la muerte de alguno de sus miembros.

Por último sería imprescindible una política integral para atender las lesiones físicas y emocionales que sufren las familias afectadas por estas muertes, con la intervención del DIF; la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública, para brindar servicios jurídicos, de atención medica-sicológica a las familias, rehabilitación física en casos necesarios, y oportunidades para realizar emprendimientos económicos a las viudas y dar protección a los huérfanos mediante becas para garantizarles educación.

TIPOS DE ANGUSTIA SEGÚN FRASES Y PREGUNTAS ILUSTRATIVAS

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