Estado Táchira Políticas agrarias y Políticas agrícolas

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular Para la Educación

Instituto Universitario de Tecnología

Estado Táchira

Políticas agrarias y Políticas agrícolas

San Cristóbal, 28 de Enero de 2019

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular Para la Educación

Instituto Universitario de Tecnología

Estado Táchira

Políticas agrarias y Políticas agrícolas

(Trabajo)

Autores:
ELI YOVANNITA ORTEGA

JULIANA

San Cristóbal,  28 de Enero de 2019

INTRODUCCIÓN

        Las políticas agrarias y agrícolas han sido de suma importancia en el transcurso de la historia nacional, la Venezuela agrícola, por ejemplo, se caracterizaba por el predominio del café y el cacao como productos de exportación, así como nuestra dependencia a los mercados internacionales principales, el analfabetismo en muy altos niveles y la vida rural de la mayoría de los venezolanos, justo antes de la transición histórica hacia la Venezuela petrolera, todo bajo políticas pasadas en el área agrícola y agraria. Con el paso de los años, las políticas de dicha área han evolucionado de la mano del progreso en la economía nacional, siendo de esta manera modificadas, para el avance y el bienestar del pueblo venezolano.

Numerosos han sido los avances de la Revolución Bolivariana en materia agrícola y agraria, pasando desde la guerra contra el latifundio, la transformación del sistema jurídico nacional y el impulso de planes y proyectos productivos, hasta la promoción de organizaciones socio-productivas como célula fundamental del modelo productivo socialista. La realidad es que nos encontramos sumergidos en una dependiente economía rentista petrolera. Durante el proceso revolucionario se han invertido más de 468.618 millones de dólares para el bienestar social, planes de desarrollo y misiones, incluyendo la misión agrovenezuela. Conforme avanza el impulso de la economía agrícola y agraria, surgen políticas necesarias para regular, administrar y controlar la producción en dichas áreas

        En los últimos años, se han presenciado enormes avances, desde un enfoque político, hacia las áreas agrarias y agrícolas, puesto que representan una importante necesidad en el desarrollo y balance en el mismo pueblo venezolano. Tales sectores tienen una influencia radical en las bases del desarrollo rural integral y sustentable para el desarrollo humano y crecimiento económico. Gracias a reformas y ministerios impuestas por el estado, junto a la constitución de la república, las políticas en los sectores agrarios y agrícolas son regidos y administrados eficazmente, por ejemplo: la “Ley de tierras y Desarrollo agrario” y el Ministerio de Agricultura y Tierras.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN        iii

ÍNDICE GENERAL        iv

OBJETIVOS        1

Objetivo General        1

Objetivos Específicos        1

MARCO TEÓRICO        2

CONCLUSIÓN        8

REFERENCIAS        9

OBJETIVOS

Objetivo General

        Definir la importancia y eficacia de las políticas agrarias y políticas agrícolas.

Objetivos Específicos

        Reconstruir los antecedentes de las políticas agrícolas.

        Conceptuar los parámetros y alcances de las políticas agrícolas.

        Indicar los beneficios de las políticas agrarias para el pueblo.

MARCO TEÓRICO

        Desde mediados de la década de los cuarenta se instrumentó una política orientada a incentivar una fuerte mecanización de la agricultura a fin de compensar la crónica escasez de trabajo que caracterizaba la dotación de factores predominante en la agricultura. Rodríguez R. (2009), afirma que “Ello convirtió rápidamente a Venezuela en uno de los países más mecanizados de la América Latina”

        Por otro lado, el cambio estructural de la agricultura venezolana fue visto, desde 1936, desde dos puntos de vista: uno que se enfocaba en la tecnificación de la agricultura tradicional; y otro que apuntaba a la creación de una nueva agricultura. Como resultado, durante el gobierno militar que tomó las riendas del país entre 1949 y 1957 se llevó a cabo una política de cambio de la estructura agraria que buscaba no afectar el sistema latifundista de tenencia de la tierra predominante en la agricultura. A tal efecto, Jiménez (1968) afirma,  “se implementó un programa de colonización en tierras de frontera agrícola que perseguía la creación de una clase de campesinos acomodados que sirviera de impedimento a la propagación de la ideología comunista en el campo”. La reforma agraria, que se inició a comienzos de la década de los sesenta, se definía como una política cuya finalidad fundamental era la liquidación del régimen latifundista de tenencia.

        En consecuencia, como política estructural se caracterizó por poseer un contenido fuertemente redistributivo, propender a disminuir la subutilización de la tierra estableciendo el principio de función social de la misma y finalmente perseguir la eliminación de los regímenes de tenencia indirecta. El sesgo anti-latifundista de la reforma agraria se tradujo, a su vez, en una actitud contraria a la expansión de grandes explotaciones en el campo venezolano.

        Otro fenómeno que se produce durante estos años es el progresivo ascenso de los sectores medios, cuya importancia en la estructura agraria se incrementa en forma sensible. Como se observa, estos fenómenos se profundizan en el tiempo hasta derivar en una hegemonía de dichos sectores en la estructura agraria. La reforma agraria contribuyó a potenciar ambos fenómenos, si bien es cierto que otros factores como el mercado de la tierra desempeñaron igual o mayor papel. En consecuencia, al final de estos años noventas, los cambios estructurales de la agricultura venezolana se enmarcaron en la tendencia a la expansión de una producción familiar moderna que predominó en las economías de mercado industrializadas o en vías de industrialización; la cual en el caso de Venezuela asumió la forma de una vía «farmer» debido a las características del mercado de factores y al sesgo observado en el cambio tecnológico hacia una intensiva mecanización.

        La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) se aprobó en el 2001 con el propósito de implementar las directrices que establecía en materia de tenencia de la tierra, lo que Soto (2006) denomina “el modelo agrario bolivariano”. Este se propuso luchar contra el régimen latifundista y disminuir la elevada concentración de la propiedad territorial que es característica del mismo, la cual, según los promotores de dicha ley, se había mantenido inalterada a pesar de los esfuerzos +

de la reforma agraria de 1960. En consecuencia, con la LTDA se iniciaría un proceso de democratización de la propiedad rural que conduciría a una mayor justicia en la distribución de la riqueza y del ingreso en el campo. Sin embargo, las acciones de la LTDA también han afectado las tierras ocupadas por los pequeños y medianos productores empresariales, desconociendo los derechos de propiedad que generó la política de regularización de tenencia a favor de este sector durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado.

        La Ley de Tierras persigue la creación de una vía de desarrollo que tiene como beneficiarios a los campesinos pobres, enfatizando las formas asociativas. Estas formas asociativas no guardan ninguna diferencia con las organizaciones campesinas de reforma agraria en cuanto a su dependencia del Estado. Son en realidad granjas paraestatales con una precaria participación del campesinado y en donde la sostenibilidad en el tiempo está en función del subsidio estatal. No tienen como objetivo único los aspectos productivos, sino que se enmarcan en la política general de reducción de la pobreza, buscando mejorar el nivel de vida de los campesinos pobres; es decir, los propósitos son más de orden social. “Su contribución a la solución de los problemas de abastecimiento ante una eventual caída de las importaciones es limitada” Afirma Parker (2008).

        Lejos de contribuir a aliviar la crisis de desabastecimiento que se agudiza en los inicios del año 2013, la situación de las fincas intervenidas se ha complicado. En la medida en que la crisis fiscal se ha agravado, la asignación de recursos a las mismas se ha reducido, lo cual ha dificultado su manejo. A finales del año 2012 los trabajadores de estas fincas plantearon a representantes gubernamentales estas carencias, las cuales consistían en: falta de pagos y sueldos precarios, problemas en el suministro de los insumos, riesgo sanitario de los rebaños. Carencias que han limitado la producción de estas explotaciones intervenidas. Estas fallas han sido reportadas en la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras del año 2012. Un reflejo de que el manejo de estas fincas se ha convertido en una carga difícil de sobrellevar por el Gobierno es la decisión, anunciada en abril del 2013, de transferir su administración a las gobernaciones regionales, que carecen de los recursos financieros y humanos para llevar a cabo este propósito.

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