FUNCION PÚBLICA

FUNCION PÚBLICA

El Estado por ser una persona jurídica y por el grado de abstracción que le caracteriza tiene necesariamente que apelar a la utilización de un conjunto de personas naturales como conducto adecuado para el cumplimiento de sus actividades. Y no solo porque estas personas sean las adecuadas, sino porque son elemento indispensable para la realización de la función de la administración, es por esto que surge la denominación de dichos sujetos como servicidores públicos. A esa “relación laboral entre el Estado y sus servidores” es a lo que se le denomina Función Pública, es decir que esta debe ser entendida como “el conjunto de regímenes aplicables a la generalidad del personal de la administración”[1]. Con respecto a la conceptualización legal de esta figura jurídica, se ha dicho que es algo restricta ya que el art. 1 de la ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, establece que la función pública está conformada por “quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública”, lo cual ha de entenderse de manera más amplia para efectos académicos, queriéndose significar con esto que dentro del concepto de función pública deben de abarcarse todos los diferentes regímenes aplicables al personal de la administración en general y no solo el que se aplica a quienes tienen una vinculación legal y reglamentaria.

En Colombia la función pública, en lo que a sus distintos regímenes se trate, ha venido presentando una lenta evolución, enmarcándose principalmente en tres etapas que a su vez constituye tres aspectos dentro del concepto de régimen de la función pública, son las siguientes EL REGIMEN TRADICIONAL, en el cual se defiende la idea en la cual “los funcionarios deben estar sometidos a reglamentaciones especiales”[2]. Otro es el caso de la distinciónFUNCION PÚBLICA

El Estado por ser una persona jurídica y por el grado de abstracción que le caracteriza tiene necesariamente que apelar a la utilización de un conjunto de personas naturales como conducto adecuado para el cumplimiento de sus actividades. Y no solo porque estas personas sean las adecuadas, sino porque son elemento indispensable para la realización de la función de la administración, es por esto que surge la denominación de dichos sujetos como servicidores públicos. A esa “relación laboral entre el Estado y sus servidores” es a lo que se le denomina Función Pública, es decir que esta debe ser entendida como “el conjunto de regímenes aplicables a la generalidad del personal de la administración”[1]. Con respecto a la conceptualización legal de esta figura jurídica, se ha dicho que es algo restricta ya que el art. 1 de la ley 909 de 2004,

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