IMPUNIDAD POR RETARDOS PROCESALES EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO

UNIVERSIDAD FERMÍN TORO

VICE-RECTORADO ACADÉMICO

DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POST GRADO

IMPUNIDAD POR RETARDOS PROCESALES

EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO

AUTOR:

EDMUNDO JOSÉ RAIDE RICCI

Caracas, Venezuela 2012

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….

CAPÍTULOS

I EL PROBLEMA…………………………………………………………………

Planteamiento del Problema…………………………………………

Objetivos de la Investigación…………………………………………

Justificación…………………………………………………………….

Alcances y Limitaciones……………………………………………….

Descripción Metodología……………………………………………..

Naturaleza de la Investigación………………………………….

Técnicas de Recolección de los Datos………………………..

Técnicas de Análisis e Interpretación de los Datos………….

II MARCO TEÓRICO REFERENCIAL………………………………………….

Antecedentes…………………………………………………………….

Referencias Teóricas Jurídicas……………………………………..

Principales Causas del Retardo Procesal en Venezuela.....

Los Efectos que Genera el Retardo Procesal en

Venezuela………………………………………………………

Impunidad de los Procesados en la Administración de

Justicia Penal Venezolana…………………………………..

Artículos del Código Orgánico Procesal Penal que

Soslayan el Retardo Procesal en la Administración de

Justicia…………………………………………………………

Referencias Legales…………………………………………………..

Definición de Términos Básicos…………………………………….

Desarrollo e Interpretación de los Resultados………………………..

III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………….

Conclusiones…………………………………………………………..

Recomendaciones……………………………………………………

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………

INTRODUCCIÓN

Está en el tapete la situación que refiere el retardo procesal, así como las lamentables consecuencia que el mismo ha dejado, y que es alarmante la situación que se vive actualmente en el país como consecuencia de este flagelo, que se ha apoderado de los circuitos judiciales penales, centros de reclusión, llámese internados judiciales y demás instituciones operadoras de justicia, que ha dejado inclusive pérdidas humanas, y en consecuencia violación de derechos humanos y garantías constitucionales.

El proceso penal venezolano actual es de corte garantista, al punto que podría válidamente denominarse proceso penal constitucional, en razón de que priva por encima del derecho procesal penal, el derecho constitucional que asiste a todas las partes que participan en el proceso, o dicho de otra forma, todos los sujetos procesales se encuentran en situación de igualdad y, por ende, son titulares de idénticos derechos, ya sean procesales o constitucionales, de conformidad con la norma prevista en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De allí, que el sistema de justicia acusatorio ha enaltecido no sólo los derechos de las víctimas, sino también la de los derechos que asisten a los imputados o acusados, en el entendido de que todos los sujetos que intervienen en el proceso, tienen las mismas oportunidades para ejercer su defensa, pues no se trata tan sólo de respetar y garantizar los derechos y garantías de la persona a quien el Estado pretende reclamar responsabilidad penal, sino también de las personas que aparezcan de conformidad con la ley perjudicados por tal acción. Tomando en consideración que el incumplimiento de esos derechos se extienden al grupo familiar de cada uno de ellos, para entonces convertirse en una situación incontrolable, que a pesar de no estar al alcance de la persecución penal, están más cerca del deterioro de la vida, por tener un familiar procesado que cada día enfrenta en el sitio de reclusión violaciones flagrantes de sus derechos, acechándolo la muerte y tratando de sobrevivir a las circunstancias que con regularidad allí pasan.

La función del Estado por órgano del Ministerio Público, está dirigida a investigar y aclarar la verdad de los hechos para determinar su tipicidad y autoría. En razón de ello, las partes tienen derechos reconocidos por la legislación patria en función de la garantía constitucional al debido proceso, con toda la potestad de ejecutar a plenitud los derechos que les asisten en las oportunidades previstas por la ley.

La función del juez es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Su actuación está prevista tanto en la ley adjetiva como en la sustantiva. Sin embargo, los jueces deben asumir una actitud participativa en los procesos de desarrollo y de cambio social. No deben ser tan tímidos ante las leyes, ya que ellas muchas veces no se adaptan a la realidad. El Juez debe ser decidido a aceptar las innovaciones, debe ser intérprete y no aferrarse a la letra de ley. En esas circunstancias tendremos un Juez cerca de la realidad social. Los Jueces deben tener presente en todo momento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De este modo, el propósito de la presente investigación radica en dar a conocer las causas que generan el retardo procesal, las consecuencias del retardo procesal, los hechos que se suscitan en los Circuitos Judiciales Penales y demás órganos operadores de justicia, así como la posición adoptada por éstos para generar soluciones a tan grave problema.

De allí, que la justificación del presente trabajo se enmarque en el carácter documental, de tipo descriptivo y explicativo, por cuanto existen diversos documentos relacionados con el tema a tratar, los cuales permitieron

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