Juicios Orales

La instauración de juicios orales en el país, una de las propuestas de reforma penal que más polémica ha generado, es un hecho.

Las principales fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en que este sistema, que cambiará el sistema de justicia penal que ha imperado en el país desde el siglo pasado, se concretará, sino en este periodo de sesiones, a más tardar en el que sigue.

Lo único que detiene la reforma, de acuerdo con los legisladores que encabezan la discusión sobre este tema, son las diferencias que enfrentan sobre la forma en que se debe implementar este sistema.

Y es en este punto donde abogados de diferentes sectores, lo mismo de la academia que del Poder Judicial o de los foros de litigantes, advierten de los riesgos que tendría que los legisladores no prevean y programen todos los puntos que se requerirán para transitar de un sistema al otro.

Porque, aseguran, una mala planeación o implementación de los juicios orales podría generar más daños que los que se pretende solucionar.

En especial si en la reforma sólo se aprueban los juicios orales, sin hacer cambios en los Ministerios Públicos ni en las policías, que es donde, actualmente, se concentran los principales problemas de corrupción e ineficiencia.

En sí, la propuesta de transitar de los juicios escritos a un sistema oral ha propiciado opiniones encontradas de una legislatura a otra, entre los académicos, los integrantes del Poder Judicial e incluso entre el ex presidente Vicente Fox y el actual titular del Ejecutivo, Felipe Calderón.

Pero, después de varios años, finalmente la iniciativa logró contar con el respaldo de quienes tienen en sus manos el poder de decisión en este caso: los legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión.

La implementación de los juicios orales ha sido impulsada desde hace casi una década por empresarios, Organismos No Gubernamentales y gobiernos extranjeros, como el del Reino Unido.

Cada uno de los interesados, desde sus diferentes “trincheras”, fueron logrando que este tema se consolidara poco a poco, primero en los estados y ahora a nivel federal.

De primera instancia, por ejemplo, el Gobierno del Reino Unido, buscó impulsar que los juicios orales se instauraran a nivel federal, pero debido a que su propuesta no prosperó, decidieron comenzar el cambio por los estados.

Fue así como lograron que se aprobaran reformas en estados como Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y Oaxaca para poner en marcha los juicios orales, aunque cada entidad con su propio estilo.

Así hasta que lograron que la propuesta de los juicios orales fuera retomada por el ex presidente Vicente Fox, quien la incluyó en el paquete de reformas que envió en materia penal y de seguridad.

En esa ocasión el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, hizo un llamado para dejar atrás los tiempos en los que las reformas se realizaban por un grupo de “iluminados o genios”, sin tomar en cuenta a la ciudadanía.

La propuesta de Fox no prosperó en la anterior legislatura. Los entonces senadores no la aprobaron porque la consideraron inviable. La situación dio un giro y se invirtió con el cambio de presidente de la República y de Legislatura.

En sus primeros seis meses de gestión, el presidente Felipe Calderón también envió un paquete de iniciativas para también realizar cambios en materia penal y de seguridad, pero no incluyó el tránsito a la oralidad en los juicios.

Y en esta ocasión fueron los legisladores quienes decidieron retomar el tema.

Después de una serie de negociaciones la propuesta logró obtener el visto bueno del Ejecutivo. Los juicios orales alcanzaron los consensos necesarios para volverse realidad y dejar atrás el sistema de justicia escrita que está vigente en el país desde el siglo pasado.

A partir de entonces, el grupo de legisladores que se encarga de darle forma a la reforma y que está encabezado por los presidentes de las comisiones de Justicia del Senado y de la Cámara de Diputados, Alejandro González Alcocer, y César Camacho, pasaron a la fase de decidir cómo se llevará a cabo la transición a este sistema, en el que se plantea que el cambio dure como máximo siete años.

Y es ahí donde los especialistas piden que se concentre la atención, porque los errores o deficiencias que se cometan en esta fase pueden generar no sólo que la reforma fracase, sino que al hacerlo agrave los problemas de justicia que se pretenden solucionar con su instauración.

Indispensable, una transición planeada

José Antonio Caballero

El debate sobre una eventual transformación de la justicia penal en México ya no es un acontecimiento futuro e incierto. Los estados de Nuevo León, México, Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas y Baja California, a pesar de las importantes diferencias entre cada estado, son un claro ejemplo de las consecuencias prácticas de las discusiones sobre la oralidad y el proceso penal acusatorio en México. El Congreso de la Unión y las legislaturas de otros estados también consideran la conveniencia de modificar los procesos penales en el resto del país. La crisis de la justicia penal es una realidad y es una buena noticia que los legisladores se aboquen a la resolución del problema.

Pero al margen de la discusión sobre los méritos y alcances de las reformas procesales aprobadas o de las propuestas existentes, me parece que los encargados de discutirlas también deben considerar la manera en la que dichas reformas serán eventualmente implementadas y el impacto que se espera de ellas. El tema no es menor. Hasta el momento el tema de la implementación se centra en dos cuestiones. En primer lugar se mencionan las dificultades para la puesta en funcionamiento del régimen constitucional para el tratamiento de menores infractores (reformas al Artículo 18 de la Constitución). La experiencia ha sido compleja y en muchos casos la ejecución de la reforma se encuentra inacabada. Las lecciones de este proceso indican que la reforma de un sistema de justicia no solamente se alimenta de buenas intenciones, sino que también exige una cuidadosa planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación.

En segundo lugar, las aproximaciones a la cuestión de la implementación de la reforma procesal penal en materia de oralidad se suelen centrar en los costos. Se habla de la necesidad de aumentar considerablemente los presupuestos de las instituciones que integran el sistema de impartición de justicia, pero no parece haber mayores referencias sobre la manera en la que los recursos serán destinados.

Habida cuenta de lo anterior, parece necesario orientar la discusión hacia las necesidades concretas que se pueden generar con motivo de una reforma al sistema

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