LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL DEFAULT ECUATORIANO

EL DEFAULT ECUATORIANO DE 2008

En diciembre de 2018, el gobierno de Ecuador decidió poner pausa a los pagos relacionados a parte de su deuda pública externa, en concreto los Bonos Global 2012 y 2030, acción que el mismo país ya había incurrido con anterioridad en defaults de los años 80 y 90. Lo característica principal de este default, y su posterior desenlace, es que se llevó a cabo de forma unilateral y por iniciativa de la parte deudora en cuanto a los tiempos y términos en los que se planteaba.                                                  Algo totalmente contrario a los defaults soberanos a los que han estado acostumbrados los mercados internacionales de capital: forzados por la insolvencia del gobierno y reencauzados a favor de los beneficios de los acreedores, este se basó en argumentaciones sobre el carácter ilegal e ilegítimo de la deuda contraída. Así, analistas financieros lamentaban que no se debiese a la incapacidad de pago, sino a la falta de voluntad de pago y de interés en trabajar con los tenedores de bonos. Esta acción constituía, sin duda, una ruptura con las reglas de juego que regían las relaciones entre deudores y acreedores bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).                                                                    

Entre julio del año 2007 y noviembre del 2008, se había desarrollado una auditoría de la deuda pública ecuatoriana para establecer que según la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) el endeudamiento público había derivado en "una herramienta de saqueo de recursos y de sumisión a políticas impuestas por los organismos multilaterales" y había supuesto un freno al desarrollo.

La crisis del 2008, tuvo su origen en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén y el economista Alberto Dahik Garzozi, promotores del neoliberalismo en el Ecuador, que con la creación de la Ley de Instituciones Financieras, se liberalizó las tasas de interés y permitió la libre circulación de capitales y el aumento de los créditos vinculados, que crecieron sin control, lo que generó especulación, agresiva devaluación del sucre (hasta aquel entonces, la moneda del Ecuador), que llegó a perder hasta el 195% de su valor, elevados e insostenibles niveles inflacionarios, fuga de capitales y masiva quiebra de los bancos y, luego de malos manejos privados y públicos, el estado tuvo que asumir como propia, deuda de entidades financieras quebradas o en proceso de rescate financiero, ante la posibilidad del quiebre total del sistema financiero del país, utilizando para ello un monto cercano a 1,6 mil millones de dólares de los fondos del estado de Ecuador destinado a los bancos que quebraron (Vidal-Folch & Del Río, 2015), la crisis financiera produjo aproximadamente un 70% del cierre de las instituciones financieras del país y las pérdidas económicas ascendieron aproximadamente a 8 mil millones de dólares. Al asumir el estado los costos de dicha, los transmitió a la población mediante algunos mecanismos, tales como la elevación del costo de los servicios y la reducción de la inversión social.

Por otro lado, vale mencionar que la historia de este caso gira principalmente alrededor de la declaración unilateral de un segmento de la deuda externa del Ecuador, que fue recuperada a través de una recompra de la deuda. El gobierno ecuatoriano presentó a los poseedores de los mencionados bonos una propuesta para recomprar dichos papeles por un monto global de $3200 millones de dólares, utilizando una controvertida estrategia para dicha operación de recompra, favorable para algunos analistas económicos, como el Nobel de Economía Joseph Stiglitz quién señaló en 2009 que “la decisión fue beneficiosa para Ecuador, hay costos y beneficios que asumir” y, desastrosa para otros, ya que según Wall Street “se constituía en el primer ejemplo de un país solvente que se niega a pagar su deuda externa” y de acuerdo a otro grupo de analistas económicos, esto afectó la credibilidad del país en los mercados internacionales, por esta razón subieron las tasas de interés para los bonos ecuatorianos, una vez que Ecuador volvió a los mercados internacionales en el año 2014, luego del default. El mecanismo determinó una nueva estructura de la deuda del país para el 2009, de tal forma que, a mediados de año, ya se había recomprado parte de la deuda y lo que quedó fuera de la posible compra, se adquirió a través de una subasta inversa, finalizando el año con una disminución sustancial de la deuda externa del Ecuador.

Gráfico 1. Valor de los bonos Brady entre los años 1995 y 2007.

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Fuente: Banco Central del Ecuador (2010)

Tal como muestra en la gráfica, el canje de los bonos Brady encareció el servicio de la deuda de los bonos Global 2012 con una tasa de interés del 12% y de los bonos Global 2030 que llegaría a los 10 %, en contraposición a los 4,5% de los bonos Brady, que al ser canjeados por los bonos Global, se penalizó con un aumento de tasa de interés de más del doble y casi el triple respectivamente.

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