LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA ECONOMÍA PUBLICA

LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA ECONOMÍA PUBLICA: Una mirada histórica a su evolución y desarrollo. Por: José Silva Ruiz

Las finanzas públicas fueron ideadas por grandes teóricos como Smith, Ricardo, Keynes y Samuelson, entre otros, quienes a partir de los desarrollos políticos y sociales de la época y del surgimiento del mercantilismo que hizo que la estructura impositiva aumentara, desarrollaron sus definiciones de finanzas públicas y/o economía pública. Estas definiciones tienen un rasgo general en casi todas, ya que, enmarcan que las finanzas públicas están compuestas por tres elementos básicos del presupuesto como lo son: los Ingresos públicos, los gastos públicos y la deuda pública, se basan en los principios tributarios de equidad y eficiencia, teniendo en cuenta estos aspectos y la evolución a través del tiempo, estos teóricos han realizado sus estudios y análisis.

Desde el punto de vista del Gastos público:

Adam Smith establece  que ciertos servicios deben ser provistos por el Estado como los son: en primer lugar el gasto de Defensa: Para proteger la sociedad contra la violencia y de la invasión de otras sociedades independientes, se debe hacer a través de la fuerza militar. En segundo lugar los Gastos de justicia: Para proteger hasta donde sea posible, a los miembros de la sociedad contra las injusticias y opresiones de cualquier otro oponente de ella; debe establecer una recta administración de justicia, en tercer lugar están los Gastos en obras e Instituciones Públicas: Establece y sostiene “aquellas instituciones y empresas públicas a través de las cuales se pueden tener altas ventajas para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio nunca sería compensado por el gasto de algún individuo”. Instituciones tales como las de facilitar el comercio y la educación y por último, los Gastos para sostener la dignidad del soberano: Crecen en medida que se incrementan los gastos del pueblo.

Para Mill, la naturaleza de ciertos bienes exige la provisión pública, como la educación oficial, regulación en horas de trabajo el cuidado público de los pobres, etc, pero critica la ineficiencia de la acción gubernativa y se basa en el principio de utilitarismo “a pesar del interés público por determinados servicios, los individuos no encuentran interés en adelantarlos”, entendido desde el punto de vista que “ los individuos son los mejores jueces de sus propios intereses” por lo tanto, en algunas asuntos es mejor la intervención privada y no la del gobierno.

Sobre la década de 1880 surge una nueva perspectiva de Finanzas públicas, la economía del sector público fue legitimada e incorporada a la teoría general del valor, esta perspectiva inspirada por Sax, Panteloni y Mazzola, fundamenta que: “dadas las preferencias individuales, el bienestar se maximiza igualando la utilidad marginal al precio” se genera entonces un “proceso igualitario que requiere fijar precios diferenciales, con ello la imposición según el beneficio se convierte en la “Ley Suprema de la economía fiscal”.

Para Wicksell, la provisión de bienes debería hacerse con el fin de maximizar la satisfacción individual, por ello, es claro para Wicksell “que la justicia impositiva presupone la justicia en la distribución de la propiedad y de la renta”.

En el caso de Lindahl, considera una tributación justa, al equilibrio existente entre que la  tributación sea acorde al  beneficio recibido.  

Marshall   crea el concepto de Excedente del Consumidor (es la diferencia entre lo que una persona está dispuesta a pagar y lo que tiene que pagar) el cual suministra una medida para los excedentes de satisfacción de los individuos.

A su vez Pigou, introduce el concepto de externalidades como distinción entre el producto neto privado y el social, hace una diferencia entre costos privados y costos sociales.

Pareto define el bienestar general como el punto donde ningún movimiento puede mejorar los componentes de un sistema. A partir de aquí, se ve la necesidad de tratar simultáneamente los ingresos y los gastos en el presupuesto público, teniendo en cuenta esto, se crea el principio de beneficio el cual pone en relación directa los costos del servicio, la disposición a pagar y la demanda del usuario, este principio está más enfocado a  el principio de eficiencia que al de la equidad.

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