Ley Nacional Y Federal

Los cambios estructurales referidos son los que establecieron que la educación es responsabilidad efectiva y directa de los estados provinciales mientras que el Estado Nacional define las políticas educativas, controla su implementación y evalúa sus resultados. La Ley de Financiamiento, sobre la que se asienta la LEN, estableció los lineamientos centrales de ajustes a la “transferencia” para generar mecanismos de ayuda financiera a las provincias más pobres y al mismo tiempo de mayor control sobre los estados provinciales. Pero no dejó de ser una ley compensatoria y no de garantía de derecho igualitario para todo ciudadano o ciudadana del país cualquiera sea su lugar de nacimiento.

La LEN avanza aún más en el diseño de autonomización del sistema escolar de modo de satisfacer “la libertad de elección” que se hizo carne en las políticas educativas de los 90 de la mano del neoliberalismo de los Friedman y Hayeck en economía.

Por eso la palabra educación pública desapareció en los textos de las dos leyes. En cambio se habla de gestiones diversas. Mientras la Ley 1420 de Educación primaria, cuyo diseño impregnó nuestro sistema educativo durante casi un siglo, señala con precisión (Artículos 4 y 5) la distinción entre escuelas públicas y particulares o privadas, las nuevas leyes hacen desaparecer el término[18]. En cambio, ambas hablan de un sólo sistema educativo con gestiones diferentes: estatal y privada. La segunda avanza aún más incorporando las gestiones sociales y cooperativas. La desaparición del término no es semántica. Obedece a la política que impusieron las reformas de los 90 que alentó la “comunitarización” de las escuelas. Esto trajo aparejado un fortalecimiento creciente de los sectores privados en educación y alentó la demanda creciente por subsidios a emprendimientos sectoriales en educación.

La estructura de niveles diferenciada por provincias que ha traído verdaderos problemas de segmentación interprovincial no se ha resuelta quedando abierta su consideración a futuro. Esta situación se mantiene en el marco de un discurso en el que unos de sus ejes principales es la unidad nacional. Sin embargo, como ya se mencionó, esto no llevó a modificar las políticas que acentuaron la desigualdad inter-jurisdiccional como la transferencia. Por el contrario, se pretende lograr esta unidad a partir de un proceso de centralización de las decisiones en el Estado Nacional, que son implementadas por las jurisdicciones. De esta manera continua la lógica de separación entre lo técnico y lo político operada durante los 90s.

Según esto, las políticas se definen desde un centro, en este caso el Ministerio Nacional, presentadas como las más lógicas, legitimadas por un conocimiento técnico. A su vez, son gestionadas, por las provincias, que deben resolver los conflictos generados por

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