Libre Expresion

or su parte, los grupos subversivos pretenden aparecer como los forjadores de un nuevo orden que corrija las injusticias existentes, con la ilusión de que una concepción política, sustentada en ideologías ya revaluadas por razón de sus estruendosos fracasos, sirva de panacea a los anhelos de cambio que todos compartimos. Dicho en otros términos, para la subversión colombiana "aún no se ha caído el muro de Berlín y se continúa dentro de la Guerra Fría"; por eso todavía miran en el modelo cubano y quizás en el de la China Comunista un ejemplo de redención para nuestro país en contradicción a nuestro sistema democrático, que nace con la república por el triunfo del Ejército en los campos de batalla de la guerra magna y el cual todos debemos contribuir a mejorar y transformar para hacerlo digno de ser defendido, pero no a derrumbarlo con el afán iconoclasta de una lucha fratricida que no tiene razón ni sentido.

Cuando dentro del nuevo orden mundial ya no es posible obtener la ayuda externa para la lucha revolucionaria, porque ha desaparecido la confrontación ideológica Este-Oeste, los alzados en armas han tenido que recurrir a sus propios sistemas de financiación para sostener su "guerra" bajo el criterio de la validez de todos los medios y ello los ha llevado a caer continuamente en la acción delictiva y en el contubernio con el crimen organizado de los alucinógenos, lo cual los confunde con los delincuentes comunes, así pregonen una y otra vez sus presuntos fines altruistas que se contradicen con sus actividades criminales. Al respecto, el General Rafael Uribe Uribe, alguna vez afirmó: "No hay guerrilla que no degenere en banda de forajidos".

Infortunadamente, la corrupción que sufrimos ha contribuido a legitimar la acción de la guerrilla así nos parezca absurdo decirlo y, además, el auge del narcotráfico con su innegable vinculación al movimiento subversivo, le da al conflicto colombiano un carácter su géneris que lo hace diferente de otros de Latinoamérica. Debido a diversos factores y circunstancias, ha hecho de la subversión un instrumento de lucro criminal, mediante la ejecución de los delitos más atroces, como son el secuestro, la extorsión, el chantaje, el magnicidio, las masacres, todos ellos proscritos por las normas del Derecho Internacional Humanitario. Delitos éstos que jamás podrán justificarse como medios para financiar su aparato político y militar, porque ningún ideal -si es que existe-, puede sustentarse sobre la acción perversa de quienes pretenden encarnarlo.

La falta de autoridad del Estado

Al estudiar los conflictos de otros países, no obstante sufrir más hondas injusticias sociales, se descubre que los índices de violencia son mucho menores que los nuestros, lo cual nos hace pensar que existen muchas otras causas, además de la injusticia social que motivan nuestras , conductas violentas.

De variados estudios e investigaciones se ha podido establecer que los mayores porcentajes de víctimas, no son los causados por los grupos en armas en las áreas rurales, así sean los que más impacto causan por la publicidad de los medios de comunicación. En el libro de los llamados violentólogos, Colombia, Violencia y Democracia, desde 1985 se precisó que sólo el 7.51% de las víctimas resultaban por acción directa de dichos grupos. Desde entonces se afirmó que "mucho más que las del monte, las violencias que nos están matando son las de la calle". Una década más tarde, la Comisión de Conciliación Nacional, en su documento básico Hacia la estructuración de una política nacional permanente de paz—Aportes para un debate reajusta esta cifra en un 14 % y expresa que el otro 86% "lo pone la cotidianidad al margen de la guerra".

Obvio es entender que, si se disminuyera el choque entre los distintos actores de violencia, estos índices serían menores, por cuanto nuestros múltiples conflictos están muy estrechamente relacionados entre sí. Empero, es de aceptar que un proceso de paz exitoso con las guerrillas y con los paramilitares, no habría de garantizar que la violencia llegara a desaparecer, por cuanto día a día los índices de criminalidad se incrementan más debido a la impunidad que incita a las conductas delictivas.

Para darnos una idea de lo que esta criminalidad significa, nos valemos del análisis comparativo que respecto a otros países hiciera el politólogo Francisco de Roux, (transcrito por el doctor y catedrático Rodrigo Escobar Navia en un reciente ensayo sobre estos temas), del cual resumimos algunos datos: así por ejemplo, si los homicidios cometidos en 1960 en varios países, se hubieran realizado al mismo ritmo de Colombia, por cada uno perpetrado en Inglaterra, hubieran llegado a 48 y en Noruega a 86; los 1.500 en el Japón hubieran sido 79.000, las 1.474 personas asesinadas en Indonesia hubieran resultado en 145.597, las 786 de Egipto hubieran correspondido a 41.396 y en China las 11.330 víctimas se habrían convertido en 889.910 en nuestro país.

Si bien es cierto que esta asombrosa criminalidad obedece a diferentes razones y circunstancias, esa impunidad reconocida en un 98% por los mismos organismos judiciales, no es sino el reflejo de un Estado débil, incapaz de hacer respetar la ley y de ejercer la justicia y esta situación vergonzosa indica a su vez la falta de autoridad del Estado para mantener el orden y cumplir su básica razón de ser, que no es otra que la de proteger y garantizar la vida de sus habitantes.

Y esta falta de potestad, obedece a la carencia de los fundamentos éticos y morales que tanto los dirigentes (en especial la clase política), como los gobernantes, han venido perdiendo al haber supeditado su función de servidores a la de usufructuarios de sus propias prebendas personales o de sus intereses egoístas de partido cuando no mezquinos, pues la legitimidad de un mandato no se desprende de su elección popular en comicios frecuentemente cuestionados y normalmente manipulados, sino en la actitud decorosa, eficiente y proba de quienes ejerzan el poder en bien del interés colectivo de todos los ciudadanos y de los objetivos de la nación.

Esta realidad muestra la quiebra de nuestro sistemé judicial como factor que induce al delito, pues el malhechor potencial, como el que se ha acostumbrado a serlo, sabe que solo tiene un 2 % de probabilidad de llegar a ser sancionado y de ahí la proliferación de los antisociales comunes y de los que pretenden ser delincuentes políticos.

De lo anterior se infiere que el proceso de paz, no solo debe buscar el término del enfrentamiento armado, sino reforzar la autoridad y la justicia para garantizar la convivencia entre los habitantes del país y para que la sociedad recupere la confianza

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