MOVIMIENTOS SOCIALES Y PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ENTORNO SOCIAL Y POLITICO

CASO 6: MOVIMIENTOS SOCIALES Y PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La empresa Aguas del Tunari y el desencadenamiento de la guerra del agua

APERTURA

El objetivo de la sesión es abordar un caso que permita ponderar el poder transformador radical de cambios que puede tener un movimiento social. Como una causa o varias causas o demandas ciudadanas se convierten en organización para derivar en movimientos que pone a prueba la capacidad del sistema político para administrar y canalizar la demanda

Brindar herramientas conceptuales y prácticas  que desarrollen capacidades para comprender y analizar la naturaleza compleja y condiciones por las que un movimiento social despliega su energía neutralizando y  debilitando la institucionalidad, las instancias formales de mediación (Partidos políticos, sindicatos, etc.) y establecer los efectos que tiene sobre la actividad económica y los agentes económicos empresariales directa o indirectamente afectadas por la misma.

Contar con elementos teóricos para comprender el alcance y límites de la noción de servicio como bien público y como mercancía y sus implicaciones económicas y políticas en la dinámica empresarial en una sociedad pobre y desigual.  

1. CONTEXTO NACIONAL: La privatización de los Servicios Públicos ^[1]

• Contexto General: Las políticas de servicio público en el periodo “neoliberal”

El proceso de reformas vinculadas a los servicios públicos en Bolivia se inicio durante la década de los años 90. En el caso de los servicios de agua potable y saneamiento, fueron transferidos a la administración privada mediante contratos de Concesión.

Estas reformas se desarrollaron en el marco del conjunto de ideas y visiones asociadas al denominado Consenso de Washington. En efecto,  las medidas de orden político adoptadas bajo la influencia liberalizadora de la economía, pretendían dar respuesta a la crisis experimentada durante la década de los 80, como consecuencia de una serie de cambios estructurales producidos en los Estados y en la Sociedad Latinoamericana durante la década precedente. En la denominada “década perdida” de los 80, Latinoamérica y particularmente Bolivia enfrento una crisis económica sin precedentes; estancamiento económico,  colapso de la industria minera, profundización  de endeudamiento, hiperinflación y el colapso del modelo económico heredado de la revolución nacional, Capitalismo de Estado, entre otros indicadores críticos.  

Las medidas de ajuste estructural y las formulas liberalizadoras fueron planteadas como la mejor opción para remontar la crisis. Se partía de la premisa de que la liberalización del comercio, la desregulación de la economía y de los precios así como  la estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal permitirían resultados óptimos para revertir los efectos de la crisis.

En materia de servicios, la reforma “ surgió como respuesta a las necesidades de desarrollo de este sector y específicamente a problemas tales como la falta de inversiones en infraestructura de agua y alcantarilladas, la mala gestión de las empresas públicas, la baja calidad de los servicios prestados.”  Finalizando el siglo XX Bolivia presenta uno de los índices más bajos de cobertura de agua y alcantarillado de América Latina” (Oporto, H. 2007)  Adicionalmente a los déficits señalados el mayor problema radicaba en la dificultad de ampliar la cobertura del servicio para dar  respuesta al crecimiento urbano acelerado producto de las migraciones internas registradas en el país.  El estancamiento de inversiones  en este sector hacía imposible el acceso de la población a estos servicios. La Paz y Cochabamba fueron las ciudades que con distintos resultados impulso procesos de transferencia al sector privado del servicio de agua potable y alcantarillado.

• Cochabamba: El Proyecto Múltiple Misicuni (PMM), la Empresa Aguas del Tunari, Antecedentes

La ciudad de Cochabamba enfrentaba serias dificultades para resolver estructuralmente la demanda insatisfecha y creciente del servicio. En esta ciudad los servicios de agua potable y alcantarillado estaban a cargo del “Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba“(SEMAPA) fundada en 1967 como Sociedad Anónima Mixta, no habiendo funcionado como tal ya que no conto con la participación privada. La empresa conto con el apoyo del Tesoro General de la Nación y en menor proporción del Municipio de las ciudad de Cochabamba (Salinas, 2007). El año 1996 las cifras relacionadas a la cobertura y otros indicadores del  servicio en la ciudad eran las siguientes:

• 60,9% de cobertura de agua
• 57.9% de cobertura de alcantarillado
• Perdidas físicas de agua cruda: 19.3%
• Perdidas físicas de agua tratadas: 25%
• Perdidas comerciales de agua tratada: 16%.
• Horas de servicio 4 a 24 horas.
• 20% de las facturas se cobraba con morosidad de 12 meses
• Dificultades de ejecutar créditos y donaciones
• Endeudamiento de largo plazo de 9.8 $us
• Perdidas  $us 1.8 millones  el año 1994 y de $us3.7 millones el año 1995.Perdida acumulada $us 25 millones.
• Por la debilidad  e ineficiencia institucional casi pierde $us 14 millones del Banco Mundial.

Una futura concesión del servicio debía responder a un requerimiento de inversión de:

• $us. 249,9 millones durante 30 años de concesión.  $us. 75 millones los primeros 5 años ( para el servicio) Esta inversión no incluía la inversión en agua cruda que debía realizarse por los proveedores de Fuentes de Agua que el año 1996 eran dos CORANI O MISICUNI.

• El Proyecto MULTIPLE MISICUNI (PMM): Demanda y reivindicación regional. Consigna: Misicuni Sí, Corani No.

Desde la década de los 60 el PMM fue planteado como la solución para abastecer de agua a Cochabamba. Desde un principio se lo diseño con tres componentes: 1. Agua para consumo humano, 2. Agua para riego y 3. Generación de electricidad. Demandaba la inversión en túneles, presas y central hidroeléctrica.

Cronología del proyecto hasta la movilización por Misicuni.

• En un principio, los estudios técnicos-económicos no justificaban su factibilidad.
• A principios de la década de los 90 (1992), el gobierno de Italia otorgó un crédito de aprox. $us 18 millones para el componente agua para consumo humano. Destinado a la primera   etapa del PMM. (PERFORACION DEL TUNEL  DE 13 Km). La primera fase concluiría hasta el 2002.
• Las condiciones o prerrequisitos para el crédito eran: estudio medio ambiental, términos de referencia y la estrategia para la capitalización del PMM y de SEMAPA.
• El año 1996, una consultora establece que el PMM debe ser dado en concesión a una empresa privada, la cual debía realizar inversiones significativas. La venta de agua y la generación de electricidad debían generar los recursos suficientes para cubrir los costos de operación y la inversión. SEMAPA tendría que generar recursos para comprar agua a MISICUNI. Dicho pago debía ser financiado por los usuarios de ese servicio o en su caso mediante subsidio de parte del Estado. SEMAPA no podía afrontar esos pagos. Por lo que se decide que SEMAPA también sea transferida al concesionario.
• Se requería de un marco legal que viabilice la transferencia del área de concesión.

En este contexto, y durante el gobierno de Sánchez de Lozada, surgió la posibilidad inmediata de acceder a otra fuente de agua, CORANI. No viene al caso analizar el debate técnico financiero que generó la propuesta. En todo caso, se entendía que CORANI postergaría la realización de MISICUNI  proyecto impulsado y largamente añorado por el movimiento cívico y población de  Cochabamba.

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