Oficina Protección De Los Derechos Del Niño

INTRODUCCIÓN:

Dentro de las políticas sociales existentes en el mundo y en nuestro país, el tema de la infancia, su protección y el fomento de nuevos programas y proyectos que reconozcan a la niñez desde su temprana infancia hasta su desarrollo en la adolescencia, ha adquirido relevancia en los últimos 50 años en todas sus dimensiones, en base a la transformaciones sociales, económicas y políticas que se han generado producto de la globalización y sus efectos.

Uno de ellos lo constituye el cambio de paradigma del rol del Estado de uno asistencialista a otro benefactor, que propicia la igualdad y la protección social de parte de sus organismos; por otro lado, el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas como actores protagonistas y sujetos sociales de su propia autonomía, se ha venido implementando cada vez con mayor fuerza en las ideas Políticas y Sociales del desarrollo infantil, promoviendo ideas de integración, territorialidad, y una preocupación permanente por los cuidados de la maternidad y la paternidad responsable.

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1 RESEÑA.

La modalidad OPD se instaló inicialmente, como un proyecto piloto, implementado 6 Oficinas en 5 regiones del país, durante el año 2001. Posteriormente, y luego de la entrada en vigencia de la Ley N°20.032, durante el año 2006 se implementan 102 OPD a través de licitación pública, existiendo actualmente 114 OPD en 177 comunas del país. La implementación de estas Oficinas, se ha llevado a cabo a través de convenios que SENAME ha realizado con 109 municipios o corporaciones municipales y con 5 fundaciones o corporaciones privadas.

Históricamente, el modelo OPD surge como una respuesta al nuevo ordenamiento legal y apuesta por el cambio cultural que involucraba la suscripción y posterior ratificación de Chile de la Convención de los derechos del niño/a. Ya en los años noventa, se evidenciaba el desafío que involucraba a la sociedad chilena la generación de un dispositivo territorial que apuntara hacia la articulación y coordinación de acciones intersectoriales (públicas y privadas) en el espacio local. Por otra parte, uno de los aspectos que se mantenía en la institucionalidad chilena, era la práctica cultural de institucionalizar a niños y niñas frente a necesidades relativas a situaciones de pobreza o dificultades en el ámbito de las capacidades protectoras que los adultos responsables, tenían frente a la crianza de niños y niñas. Es con esta constatación, fundada en la cantidad y los altos períodos de permanencia que tenían niños y niñas en los “hogares de menores”, que se hacía imperante contar con políticas públicas que dieran respuestas alternativas a dicha tendencia.

En el año 2000 y en el marco del proceso de modernización del Estado, se desarrolla el Plan y Política Nacional de Infancia (2000- 2010). Conforme a los nuevos desafíos, el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Servicio Nacional de Menores, dan inicio al proceso de “Reforma Integral al Sistema de Justicia y Protección de la Infancia y Adolescencia en Chile”, destinada a “garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, adecuando las prácticas y el marco legislativo al espíritu y contenido de la Convención de Derechos del Niño”. Se apunta así, a transitar desde la Doctrina de Irregularidad Social a la Doctrina de Protección Integral de los Derechos del Niño, la que está centrada en el 1 Documento interno “Sistemas Locales de Protección de Derechos de la Infancia-Adolescencia: Una Aproximación Conceptual y de Aplicación Práctica”. SENAME, 2005. Bases Técnicas Oficinas de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, lo que significa que, la población infantil y sus familias, pasan a ser protagonistas de su propio desarrollo.

Documento interno “Sistemas Locales de Protección de Derechos de la Infancia-Adolescencia: Una Aproximación Conceptual y de Aplicación Práctica”. SENAME, 2005. Integrada por diversos profesionales e instituciones: J. Cousso, M. Cilleros, Unicef y SENAME.

En este escenario se constituye una Comisión de trabajo con expertos de distintas disciplinas profesionales e institucionales, quienes apuestan por desarrollar un dispositivo análogo a los Tribunales de Menores (que en la actualidad, y bajo la legislación vigente, fueron remplazados por los Tribunales de Familia). Ello debido a que la comunidad demandaba acciones judiciales para una serie de vulneraciones de derechos, que en el caso de existir una respuesta articulada o un dispositivo a nivel local, podía evitar la judicialización de los casos.

Lo anterior, entre otros, en un escenario político- administrativo de impulso y fortalecimiento de procesos y experiencias regionales dirigidas a la descentralización e innovación de la gestión pública con enfoque en el desarrollo territorial

2 LA EMERGENCIA DEL MODELO OPD

En este marco, durante el año 2001 y como proyecto piloto, surgen las primeras 6 Oficinas de Protección de Derechos. Para ello, el Departamento de Protección de Derechos de SENAME desarrolló un trabajo de sensibilización y alianza estratégica con los respectivos municipios, diseñando éstos una propuesta técnica, contando con financiamiento a través de asignaciones directas y un acompañamiento desde SENAME para el desarrollo de la modalidad.

El énfasis para este primer período de instalación (2001 – 2002) estaba dado por el trabajo centrado en la protección de los derechos de niños y niñas, siendo la OPD un dispositivo que recibía aquellos niños/as que habían sufrido vulneraciones de derechos, entregando una primera atención y derivando a las instituciones correspondientes.

En esta fase, desde el Departamento de Protección de Derechos de la Dirección Nacional de SENAME, se realizó un acompañamiento directo a través del denominado “Programa Nacional OPD”, el que se encontraba conformado por un equipo interdisciplinario que monitoreó este primer ciclo, identificando que si bien las OPD eran la puerta de entrada a la protección especial de niños y niñas vulnerados en sus derechos, aún existía escasa información y sensibilización de los actores locales respecto del enfoque de derechos de la niñez. También se comenzó un trabajo con la participación de los equipos técnicos de las OPD y las Unidades de Protección de Derechos (UPRODE) regionales, en torno al desarrollo y conceptualización de los denominados “Sistemas Locales de Protección de Derechos”.

Con los hallazgos señalados, para el período 2003 – 2005 los énfasis se operacionalizan a través de dos componentes metodológicos denominados: “protección de derechos” y “gestión comunitaria”, siendo el primero una continuación del trabajo del primer ciclo y el segundo, una apuesta por desarrollar acciones con los actores de las instituciones, sectores y comunidad local en tanto sensibilización y reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos.

Durante el año 2005 se realiza la “Evaluación de efectos”, a cargo de ACHNU y Asesorías para el desarrollo. En ella se evidencia que la implementación de las Oficinas de Protección de Derechos arroja resultados positivos, constituyendo una apuesta institucional valorada por los usuarios y por el entramado organizacional en el nivel local. Sin embargo, pese a los logros obtenidos, también ha sido un proceso Bases Técnicas Oficinas de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente no exento de desafíos, destacando la necesidad de incorporar activamente al gobierno local.

En el año 2006, y bajo la entrada en vigencia de la Ley de Subvenciones, es realizado un masivo concurso público de OPD. En dicho proceso, los énfasis están dados por “Facilitar el desarrollo institucional de sistemas locales de protección de derechos de la infancia y adolescencia en un territorio determinado abarcando, al menos, el espacio comunal”. En términos metodológicos, se plantean los componentes denominados “Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes” y “Gestión intersectorial y articulación territorial”, continuándose así con las acciones referidas a la atención directa de niños/as vulnerados en sus derechos desde una perspectiva psicosociojurídica y al trabajo en el ámbito local, apostando hacia un cambio cultural sensibilizando, capacitando e instalando en los garantes de derecho, la corresponsabilidad en esta materia.

Cumplido el trienio de ejecución de las OPD (2006 – 2009), se realizó un proceso de evaluación a 101 OPD que finalizaban sus convenios, siendo 85 prorrogadas por contar con una buena evaluación de SENAME. Para el siguiente trienio de ejecución (2009- 2012) se mantuvo el objetivo general del período anterior, bajo la evidencia de que si bien existían procesos de avance en torno a los sistemas locales de protección de derechos, era necesario seguir fortaleciéndolos, sobre todo desde las acciones

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