POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL

 POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL

1. REDUCCIÓN DE LA POBREZA:

Cuando hablamos de pobreza no solo nos referimos a la carencia de ingresos, sino también involucra la falta de acceso adecuado a servicios de salud, agua y saneamiento, a educación y a una buena nutrición. La pobreza tiene muchas dimensiones, pero sus causas son el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas.

En el Perú, la pobreza es un problema predominantemente rural, ya que según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 81% de los individuos calificados como pobres extremos vive en zonas rurales.

Afortunadamente, se han registrado importantes mejoras en muchos de los indicadores sociales, entre las que destaca la reducción del nivel de pobreza extrema de 16% en 2004 a 7% en 2011, el más bajo en toda su historia.

Para contribuir a la reducción de la pobreza en zonas rurales, el Estado ha creado el Fondo Nacional para la Inclusión Económica (FONIE), a cargo del Ministerio de Inclusión Social, el cual financia proyectos de infraestructura y gastos de mantenimientos en los sectores de telecomunicaciones, caminos y carreteras, agua y saneamiento y energía en zonas rurales. El FONIE cuenta con 600 millones de soles en 2013 para reducir la brecha de infraestructura en dichas zonas. (Instituto Peruano de Economia, s.f.)

Entre otras propuestas del Estado para reducir la pobreza en el país, tenemos promover la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo; fortalecer las capacidades locales de gestión que promuevan el acceso a la información, la capacitación, la transferencia tecnológica y un mayor acceso al crédito; asignar recursos crecientes de inversión social en educación y salud para maximizar la eficiencia de los programas, orientándose hacia las personas de mayor pobreza; fomentar el pleno ejercicio de la ciudadanía y la participación de los ciudadanos en situación de pobreza en la identificación de necesidades, el diseño de soluciones y la gestión de los programas; establecer un sistema local de identificación, atención y promoción del empleo a personas sin sustento; garantizar el ejercicio de los derechos de las personas y el acceso a la administración de justicia de la población que vive en situación de pobreza. (Foco Económico, 2021)

2. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACIÓN:

La igualdad y la no discriminación son principios fundamentales de las normas internacionales de derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género. La discriminación actualmente constituye una problemática extendida que se encuentra presente en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Estas prácticas deshumanizan a las personas por atacar la dignidad misma del ser humano y son un obstáculo para la integración y cohesión social. De esta manera,

los individuos que pertenecen a esos grupos son juzgados no por sus méritos y acciones sino por los prejuicios que la sociedad generaliza al grupo de forma injustificada. (Pueblo, 2007)

Al abordar el tema de la igualdad desde una perspectiva constitucional, se conceptúa en una doble dimensión: por un lado, como un principio rector de todo el ordenamiento jurídico del estado democrático de derecho, siendo un valor esencial y una regla básica que éste debe garantizar y preservar. Y, por otro lado, como un derecho constitucional subjetivo, individualmente exigible, que otorga a toda persona el derecho de ser tratado con igualdad ante la ley y de no ser objeto de forma alguna de discriminación.

Los objetivos que el Estado plantea para promover la promoción de igualdad de oportunidades sin discriminación son : combatir toda forma de discriminación, fomentando la igualdad de oportunidades; fortalecer la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil; dar acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo; desarrollar sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres responsables de hogar, personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas discriminadas o excluidas; y promover y proteger los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que los favorezcan integralmente. (Acuerdo Nacional, 2002)

3. ERRADICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EL TRÁFICO Y EL CONSUMO ILEGAL DE DROGAS:

Está política busca estimular estilos de vida en la sociedad que los motiven a rechazar la producción, tráfico y consumo ilegal de drogas, así como las actividades ilícitas como consecuencia de lo antes mencionado, para esto se busca mejorar los contenidos educativos y una mayor participación de la familia. Se plantea también, impulsar sistemas de prevención del consumo de drogas, así como también promover el desarrollo alternativo integral con el fin de sustituir la economía basada en el cultivo de coca para la posterior producción de drogas por una economía que sea lícita, rentable y a la vez sostenible.

Otro de los principios clave es el fomentar el cuidado y la recuperación del medio ambiente que ha sido afectado por la informalidad agrícola dedicada a la producción de insumos para la posterior elaboración ilícita de drogas.

La corrupción de funcionarios públicos o ex funcionarios del Estado peruano tiene mucha relación con el tráfico ilícito, es por ello que se busca combatir las relaciones posibles existentes entre ambos bandos que muchas veces resultan siendo uno solo.

Una de las alternativas de solución para esta política es promover el ecoturismo en las zonas afectadas producto de esta actividad ilegal. (Acuerdo Nacional, 2002)

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