PROBLEMA PÚBLICO NACIONAL

PROBLEMA PÚBLICO NACIONAL:                                                                     11/12/2016

Confusión administrativa para regularizar un vehículo automotor extranjero, pagar los impuestos correspondientes y darlo de alta en el padrón de tránsito estatal obteniendo sus placas de circulación, para el libre tránsito. Obscuridad y falta de criterio respecto al porcentaje ad valorem aplicable, 50%, 37% o 10%, en perjuicio del contribuyente.

P R O B L E M A   E S P E C Í F I C O

El diez de noviembre de dos mil dieciséis, se solicita del Servicio de Administración Tributaria, la búsqueda del pedimento con el que ingresó al país el vehículo extranjero propiedad del señor JLHL*.

En escrito datado once de noviembre de dos mil dieciséis, responde el organismo de mérito que:

…”se comunica que el Número de Serie o VIN referido en el escrito de solicitud, NO generó información de pedimento alguno en que se haya declarado el dato aportado”...

Esto es, que al día de hoy dicho vehículo está ilegalmente importado al país sin existir registro alguno ante la autoridad hacendaria, para acreditar su legal estancia.

Al preguntarle al funcionario quien entrega el oficio mencionado, cual es el seguimiento para conseguir llevar a cabo la regularización, menciona la necesidad de acudir con un agente aduanal y que “ellos se encargan de todo”.

Manifestado en esos términos, suena como un trámite administrativo algo simple a realizar.

A N T E C E D E N T E S

Por muchos años se hizo común en la zona fronteriza norte y sur de nuestro país, que los residentes de tales áreas y a efecto de apoyar su economía, podían adquirir un vehículo automotor de fabricación extranjera y usarlo en un rango aproximado a 25 kilómetros de distancia de la misma frontera. Para el caso de tener la necesidad de ingresarlo al interior de la república, se hacía obligatorio obtener ante la Administración de Aduanas Local, un permiso provisional temporal para circular en un radio mayor dentro de toda la república.

En enero de 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo objetivo era eliminar y prolongar por tiempo indeterminado las barreras al comercio y la inversión entre los EE.UU., Canadá, y México, estableciendo al efecto cinco etapas de desgravación arancelaria.

Desde su implementación el TLCAN no ha dejado de estar en el centro de la controversia. Sus críticos en los diferentes países lo señalan de haber afectado sectores clave de la industria nacional, como el agrícola en México, ya que ingresan más productos agrícolas de EEUU o de causar pérdidas masivas de empleo en el sector maquilador en EEUU, ya que muchas compañías ahora prefieren instalar sus ensambladoras en México, atraídas por la mano de obra barata y la cercanía geográfica de México, pero son fábricas de EEUU que obtienen grandes ganancias en México.

Lo que queda claro es que un tratado de tal envergadura ha generado beneficios para los países pero también perjuicios económicos en algunos sectores. Según diferentes análisis el nivel de pobreza extrema de México subió rápidamente desde la implantación del acuerdo en 1994, pasando de un 16% a un 28% solo en los primeros cinco años.

5 millones de campesinos tuvieron que abandonar sus tierras, elevando el desempleo urbano en México y aumentando la migración de campesinos a EEUU, generando presiones políticas en el gobierno de EEUU y muchas críticas al gobierno de México.

Es práctica común en al menos 18 estados de la república, ver circular vehículos automotores, camionetas pick-up, casas rodantes, embarcaciones y otros más con placas extranjeras o placas de alguna organización de la sociedad civil o campesina, llamados coloquialmente VEHÍCULOS CHOCOLATE O CHUECOS.

Tal situación genera un problema público con múltiples efectos en los ámbitos siguientes:

• Agrario, tierra y alimentos
• Delincuencia
• Economía y finanzas
• Gobernabilidad, administración y desarrollo
• Laboral
• Medio ambiente, movilidad y transporte
• Salud, integridad física
• Seguridad
• Social, improductivos y marginados

Después del tratado de libre comercio, los campesinos podían comprar vehículos usados extranjeros cuando su destino fuese utilizarlos para labores agrícolas y forestales y pertenecer a alguna agrupación campesina, debido a que el desembolso requerido era considerablemente inferior a la alternativa de comprar un vehículo usado de similares características hecho en México.

Tiempo después, cualquier ciudadano podía convertirse en miembro de una agrupación campesina u organización de desarrollo social y utilizar en sus actividades cotidianas un vehículo extranjero, cubriendo las cuotas correspondientes de afiliación.

Para el año 2012, según un estudio no oficial de la Cámara de Diputados, la afiliación de propietarios de automotores extranjeros irregulares solo a organizaciones campesinas en el año 2000 ascendió a 3’000,000 siendo las más relevantes la Confederación Nacional Campesina (PRI), Unión Campesina Democrática (PRD), Unión Nacional de Organizaciones Sociales y 9 agrupaciones más (Diferentes partidos políticos).

Al mes de mayo de 2016, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y otras afines que coinciden en un estimado de 6’383,600, de vehículos irregulares ingresados sin control y existentes en el país.

La Ley Aduanera señala a efecto de evitar  sanciones, decomiso y/o embargo o incluso privación de la libertad de la persona que lo conduzca, por los delitos de contrabando o fraude, normar su importación definitiva, regularizando el vehículo, casa rodante o embarcación.

Dentro del Programa Paisano se establece que para la importación temporal de vehículos, casas rodantes y embarcaciones el propietario connacional que radica en el extranjero y lo va a internar a México cubra y tramite un permiso temporal cuyo costo es de 51 USD al ingresar a la Aduana en México y de 45 USD si el trámite es por internet. Este documento se confunde por ignorancia o a sabiendas y dolo con el pago de la regularización.

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