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Programa Sectorial [pic 1][pic 2][pic 3]

                          De

Seguridad Ciudadana[pic 4]

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Evaluación del programa

Integrantes:

Maria Isabel Astrid Sánchez[pic 8]

Bertha Macías Gómez

Introducción

Una de las tareas fundamentales de todo Gobierno es brindar la debida protección

a sus habitantes para que desarrollen con normalidad su vida cotidiana en un marco de paz y libertad. Por ello resulta fundamental la coordinación de las tareas policiales, el desarrollo de políticas de prevención del delito, así como el control del sistema penitenciario y de readaptación social (Exposición de motivos de la ley orgánica del decreto 24395/LX/13 publicado el 27 de febrero de 2013).

El Estado debe garantizar que las funciones de seguridad pública y protección a la sociedad se realicen con eficacia, eficiencia y certeza jurídica, y a su vez fortalezcan el desarrollo humano de los habitantes. La sociedad exige de las autoridades protección a varios tipos de amenazas: la criminalidad convencional y organizada; la victimización social e institucional; los riesgos medioambientales, y los diferentes tipos de violencia que reducen el capital social necesario para crear lazos productivos en la comunidad y recuperar los espacios públicos.

La delincuencia en Jalisco tiende a ser más organizada y utiliza métodos cada vez más violentos. Debido a la debilidad institucional ocasionada por la falta o dispersión de recursos estatales, las organizaciones criminales terminan convirtiéndose en una autoridad de facto, poniendo en riesgo la convivencia pacífica de los ciudadanos (Exposición de motivos de la ley orgánica del decreto

24395/LX/13 publicado el 27 de febrero de 2013).

La situación actual de violencia ha atentado directamente en contra de la tranquilidad y libertad de la población en diversas regiones del estado. La presencia y riesgos sociales que conlleva el crimen organizado requieren de la coordinación permanente de las instituciones e instrumentos operativos en materia de seguridad.

Necesita, además, de decisiones inmediatas y rápidas como complemento a la definición de políticas y tareas conjuntas de las instancias encargadas de la procuración de justicia (Exposición de motivos de la ley orgánica del decreto

24395/LX/13 publicado el 27 de febrero de 2013).

En el tema de seguridad, el Gobierno del Estado de Jalisco apostó por el establecimiento de una política integral para lograr la coordinación entre las dependencias de los distintos niveles de gobierno encargadas de la procuración de justicia y seguridad pública, y así realizar de manera efectiva la persecución e investigación de delitos.

Con el fin de coordinar las funciones que históricamente estuvieron desarticuladas, se trabajó en la normatividad, la operatividad y la funcionalidad. De acuerdo con la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se concentraron áreas homólogas en un solo mando con el fin de reorganizar y simplificar procesos, mejores resultados y maximizar recursos. Esto representó la desaparición de estructuras de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social (SSPPRS) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ) para el surgimiento de nuevas unidades como parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

La seguridad pública en Jalisco requiere de la participación de todos los involucrados en el sector, en donde cada uno asuma su responsabilidad y el compromiso de participar de manera eficaz, para subsanar los rezagos en sus corporaciones. El problema no solo se limita a participar en la implementación de operativos o intercambio de información, sino también en el compromiso de cuidar la seguridad personal de sus elementos, teniendo como prioridad el fortalecimiento de su corporación a través de equipamiento.

Además de lo anterior, existen retos a superar en la materia: baja efectividad en su operación por la lentitud del proceso; deficiente integración de averiguaciones previas y consignaciones; falta de transparencia en el proceso; corrupción, e la impunidad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 2013 (Envipe) muestra que en Jalisco solamente 52.1% de la sociedad confía en la labor de los jueces, mientras que sólo 47.7% lo hace en el Ministerio Público y las procuradurías.

El sistema de justicia impacta directamente en la vida cotidiana. Es la base del Estado de derecho y armoniza las libertades de los individuos en un ambiente de orden y paz, indispensables para un desarrollo integral como sociedad.

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, garantizar los derechos y la libertad de las personas es tarea ineludible de los tres poderes del

Estado. Ciudadanos seguros, libres de riesgos y amenazas, que viven en armonía y paz, es el resultado de la certeza jurídica, del acceso a la justicia y a la seguridad pública. En el PED 2013-2033 se reconoce el profundo reto que existe en México y en el estado para que se haga cumplir la ley bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto, independientemente de la condición de género, orientación sexual, raza, etnia, creencias o situación socioeconómica. El bienestar basado en la garantía de derechos de libertad individual y colectiva, como en ningún otro, requiere de acciones de cooperación y complementariedad de los poderes públicos, así como de corresponsabilidad social.

Justificación

La seguridad ciudadana es un concepto más amplio que el de seguridad pública. Una definición de seguridad ciudadana sería: “el no temer una agresión violenta, saber respetada la integridad física y, sobretodo, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado, y circular tranquilamente por las calles sin temor a un robo o una agresión” (Dammert, Ribarne, Díaz, Manzano, & Piña, 2006). Otra forma de definirla es “la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros” (PNUD-Costa Rica, 2005).

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