Servicios públicos En Colombia

Los servicios públicos en Colombia han tenido grandes aportes investigativos por parte de académicos y eruditos del Derecho Administrativo en el país. En cuanto a sus distintos significados, Ariño, de un lado, destaca una línea cronológica del papel de los servicios públicos en el país basado en un contexto histórico determinado; Montaña, por otro lado, aduce que los servicios públicos fueron el punto de origen del Derecho Público Administrativo y con esto el objetivo más importante de la Rama Pública Administrativa.

Ariño (2003) afirma que los servicios públicos son actividades de las que la Administración es titular prestando así un servicio al público, de forma directa o por delegación. Son servicios que se ofrecen colectivamente de los que la Administración es máxima responsable:

“Pueden calificarse con propiedad como actividades públicas, aunque no supongan ejercicio de autoridad, desde el momento que la Administración ostenta su titularidad en exclusiva, y sólo mediante técnicas de delegación (concesiones, arrendamiento, contrato de festión de servicios u otra fórumula) pueden los particulares actuar en esos campos.”(Ariño, 2003)

Frente a la tradición estatal al respecto de las diferentes formas de actuación del Estado en el mercado, ha habido cambios en el régimen de los servicios públicos que implicaron que la actuación del Estado regulador y del Estado arbitral se intensificara, con el fin de fomentar la competencia a través de la inclusión de agentes privados a competir con la empresa pública. Estos cambios fueron producidos a partir de los años 70 en los que, según Ariño (2003), se manifestaron fenómenos de privatización y liberación de la economía a causa de la crisis del sector público en este periodo. Por otro lado, el servicio público justifica la presencia del Estado siempre y cuando este actúe para garantizar el control de la prestación y la infraestructura de los servicios esenciales. El papel del Estado alrededor de la prestación de servicios públicos debe ser el de un Estado regulador, que reduzca el papel del Estado productor y prestador, para convertirse en la máxima administración económica, independiente de cualquier control político y empresarial.

Montaña (2002), por otro lado, afirma que los servicios públicos marcaron el origen de la Administración Pública, y siendo este el hecho, sujetan al Derecho público administrativo a su principal objeto de estudio y regulación:

"De este modo el servicio público se convierte en la autolimitación objetiva de la puissance publique, la progresiva penetracion de aquel en la organización administrativa implica un cambio de espítiru que conlleva una implícita subordinación de la puissance a su servicio"

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