SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN COLOMBIA

SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN COLOMBIA

Contenido

INTRODUCCION 5

1. SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN COLOMBIA 6

1.1 ANTECEDENTES 6

1.2 ACTUALIDAD 10

2. NORMATIVIDAD 12

- Ley 142 de 1994: 12

- Ley 632 de 2000 12

- Ley 689 de 2001 12

- Ley 80 de 1993 12

- Ley 715 de 2001 y Decreto 849 de 2002, 12

- Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial 12

Decreto 565 de 1996; 13

- Decreto 891 de 2002, 13

- Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 13

- Decreto 1140 de 2003, 13

- Decreto 1220 de 2005, 13

- Decreto 1013 de 2005 13

- Decreto 1505 de 2003, 13

- Resolución 1096 de 2000, 14

- Resolución 1045 de 2003, 14

- Resolución CRA 153 de 2001 14

Régimen legal de la prestación del servicio público de aseo 14

- Resoluciones 156, 162 de 2001, 242, 271 de 2003 y 289 de 2004 14

- Resolución CRA N° 309 de 2004 de 2004 14

- Resolución CRA 315 de 2005 15

- Resolución CRA 325 de 2005, 15

- Resoluciones 159 y 193 de 2001 15

- Resolución 1076 de 2003 15

- Acuerdo 012 de junio 11 de 2004, 15

- Acuerdo 034 de 2004, 16

- Acuerdo 004, del 16 de Mayo de 2005 16

- Resolución 1076 de 2004. 16

- Resolución 1570 de 2004. 16

- Decreto 1505 de 2003 17

BIBLIOGRAFIA 18

INTRODUCCION

En el presente trabajo se desarrollará a profundidad lo concerniente al servicio público domiciliario de aseo y su régimen legal, el cual se encuentra sentado primeramente en la ley 142/94 y contiene las reglas generales aplicables a los servicios públicos domiciliarios, que para el caso del servicio de aseo son desarrollados por decretos posteriores que fijan las pautas de calidad, continuidad y eficiencia que se deben observar en el mismo.

Por otra parte se plasmarán en forma retrospectiva el marco legal del servicio de aseo. Más adelante en la actualidad se concluye que los componentes técnicos de éste son acompasados con las responsabilidades ambientales y sanitarias que envuelve la prestación de dicho servicio.

Es por eso que la orientación específica del decreto 1713/02 se resume en el concepto de gestión integral de residuos sólidos, que implica darles a las basuras el tratamiento técnico que menos impacto produzca sobre el medio ambiente. Así mismo, encontramos que la dinámica del sector propugna una competencia más abierta entre los distintos operadores y la aplicación de opciones tarifarias basadas en la medición o aforo individual de cada usuario como una forma de alcanzar una mayor nivel de equidad en los cobros realizados en la facturación.

1. SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN COLOMBIA

1.1 ANTECEDENTES

Los servicios públicos en Colombia antes de la expedición de la Constitución de 1991 eran prestados bajo la figura de monopolio estatal. Es decir, tradicionalmente el Estado era el único prestador de los servicios públicos, a través de empresas estatales o a través del otorgamiento de concesiones. En éste último caso la titularidad de la prestación del servicio se conservaba en cabeza del Estado.

Desde 1930 se asignaron responsabilidades claras a los departamentos y municipios en materia de financiación de estudios y obras necesarios para la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico, entre los que se incluye el servicio de aseo. A pesar de lo anterior, la Nación conservó un importante papel en materia de financiación. El sector central otorgaba recursos a los gobiernos municipales y frecuentemente estos recursos eran de carácter no reembolsable.

Desde la década de los años 30 la Nación asumió el control de las tarifas. A partir de la reforma del Estado en 1968, la fijación de tarifas estuvo a cargo de la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos14, como órgano adscrito al Departamento Nacional de Planeación (DNP). La razón de ser de esta Junta era preservar el principio de costos de los servicios bajo la premisa de cubrir las obligaciones de las empresas y respetar la capacidad de pago de los usuarios.

La precaria situación fiscal de un gran número de municipios llevó a que la autonomía municipal para manejar los sistemas de acueducto y saneamiento básico no llegara a concretarse. En la práctica, la prestación de los servicios fue generalmente asumida por la Nación a través de diferentes formas legales e instituciones. Entre ellas el Instituto de Fomento Municipal (INSFOPAL), creado en 1950. El INSFOPAL financiaba, planificaba, diseñaba, construía, operaba, mantenía y administraba los servicios en los municipios.

Con la reforma constitucional de 1968 el INSFOPAL dejó de depender del Ministerio de Fomento Económico para depender del Ministerio de Salud, y sus funciones se limitaron a los asentamientos, poblaciones y ciudades con más de 2.500 habitantes. Para los municipios con menos de 2.500 habitantes en un área urbana se creó el Instituto Nacional de Programas Especiales de Salud (INPES), que más tarde asumió el nombre de Instituto Nacional de Salud.

En 1975 se retomó el modelo de prestación municipal, avanzando en la búsqueda de mecanismos que permitieran una real autonomía y responsabilidad de los municipios y departamentos.

Las reformas descritas ocasionaron inestabilidad institucional en el sector, y como consecuencia de ello la imposibilidad de consolidar prestadores fuertes. Entre los municipios más afectados con los cambios referidos se encontraron los que atendían entre 2.500 y 100.000 habitantes16. Durante esa época los procesos de prestación del servicio de aseo no fueron inmunes a las prácticas clientelistas locales, lo que afectó el buen desempeño de los prestadores.

A mediados de la década de los ochenta se comienza a concebir la reforma administrativa del Estado17. Los cambios habrían de centrarse en la transferencia de responsabilidades a las entidades territoriales. La reforma inició con los cambios introducidos por las Leyes 11 y 1218 de 1986. Ellas restringieron las funciones del INSFOPAL, particularmente en materia de financiación. Esta entidad conservó su papel en materia de asistencia técnica municipal. Las funciones de financiación fueron trasladadas al Fondo Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU), que otorgaba créditos reembolsables previa adquisición de compromisos en la planeación física y financiera y la presentación de contrapartidas.

A principios de la década de los 90, la prestación del servicio de aseo se encontraba esencialmente en cabeza de empresas públicas y de las secretarías de obras o aseo de los respectivos municipios. En 1992 el

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