Simultaneidad de penas de prision

SENTENCIADO: ISIDRO ROMERO VAZQUEZ  

   DELITO: HOMICIDIO EN GRADO DE  

TENTATIVA CALIFICADO  

CAUSA PENAL: 96/2002 

H. JUEZ QUINCUAGESIMO PENAL  

EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E  

                            El que suscribe ISIDRO ROMERO VAZQUEZ, por mi propio derecho y en mi carácter de sentenciado en la causa penal cita al rubro, actualmente privado de mi libertad personal en el Centro Varonil de Reinserción Social, Santa Martha Acatitla, Modulo B (ZONA DIAMANTE), en Calle Morelos S/N, Colonia; Paraje Zacatepec, Delegación; Iztapalapa, Ciudad de México, Domicilio que señalo para oír y recibir toda clase de notificaciones, ante usted con todo respeto comparezco para exponer:

      Con fundamento en los artículos 8, 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Código Penal vigente en la Ciudad de México, así como 541. 542, 543, 544 Y 545 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales vigente en el Distrito Federal, vengo a promover de la forma más atenta y respetuosa INCIDENTE NO ESPECIFICADO de compurgación simultanea de penas de prisión, impuestas por USIA en mi contra en los delitos de:  

1. ROBO ESPECIFICO CALIFICADO  Expediente: 203/2001 JUZGADO 50 PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL (Actualmente Ciudad de México).

1. HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA CALIFICADO 96/2002 JUZGADO 50 PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL (Actualmente Ciudad de México).

1. PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA 249/2001 JUZGADO 9 DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL (Actualmente Ciudad de México).

Ya que en mi caso los delitos por los cuales fui procesado y sentenciado por su señoría, en expedientes diversos, los mismos son conexos en su comisión y caen dentro del supuesto contenido en el artículo 33 del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México):  

Articulo 33 (concepto y duración de la prisión)  

La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración no será menor de tres meses ni mayor de setenta años. Su ejecución se llevara a cabo en los   establecimientos o lugares que disponga la autoridad ejecutora de las sanciones penales en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) o del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente, en la resolución judicial respectiva o en los convenios celebrados.

En toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computara el tiempo de la detención o el arraigo.  

Si se trata de dos o más penas de prisión impuestas en sentencias diferentes aquellas se cumplirán de manera sucesiva, sin que la suma de ellas sea mayor de setenta años.

En el supuesto de la imposición de las penas de prisión emanadas de hechos conexos, similares o derivados uno del otro, se deberá de computar dichas penas desde el momento en que se detuvo al sujeto, por el delito inicial.  

Por lo que con fundamento en el artículo 10 del código penal  para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el cual maneja en su contenido EL PRINCIPIO DE LA LEY  MÀS FAVORABLE, que a la letra dice: 

ARTICULO 10

Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad correspondiente, entrare en vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto a la ley más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción aplicará de oficio la ley más favorable………………………………………….…

Ahora bien, sustentando los preceptos antes mencionados, se invocan las jurisprudencias que son del tenor literal siguiente: 

REDUCCION DE LA PENA. LA APLICACIÓN DE LA LEY MÁS FAVORABLE  AL REO, AUN CUANDO YA ESTÉ EN EJECUCIÓN LA SENTENCIA, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JUDICIAL  (LEGISLACIÓN FEDERAL).  

Los artículos 56 del Código Penal Federal y 553 del Código Federal de Procedimientos Penales señalan que la aplicación de la ley posterior que favorece al inculpado o al sentenciado corresponde tanto a la autoridad judicial como a la administrativa que esté ejecutando la sanción penal. Sin embargo, esa aplicación deberá efectuarse de acuerdo a las características materiales del beneficio que la nueva norma concede al reo. Por otro lado, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un principio de reserva judicial respecto de la imposición de las penas, el cual constituye una garantía a favor de los gobernados, en tanto que la restricción de los bienes jurídicos del autor del delito sólo puede ser consecuencia de la función jurisdiccional ejercida por la autoridad judicial competente, pues precisamente por esa reserva judicial los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal disponen que las autoridades jurisdiccionales aplicarán las sanciones y fijarán las penas, lo cual se lleva a cabo a través de la adecuación de la culpabilidad del sentenciado con respecto a los máximos y mínimos establecidos como sanción en las leyes penales. En consecuencia, al entrar en vigor una ley que permita a los sentenciados la reducción de las sanciones impuestas por un delito determinado, su aplicación corresponde a la autoridad judicial, aun cuando ya se esté ejecutando la sentencia, pues la jurisdicción de la autoridad judicial si bien cesa, la misma no se agota, en virtud de que el acto de reducción de la pena tiene relación directa con la facultad de los Jueces para imponer las  sanciones, porque al modificarse los limites señalados por al legislador para sancionar un delito, necesariamente debe realizarse una adecuación entre lo ya impuesto y lo que entró en vigor, de ahí que no puede considerarse como una cuestión de ejecución de las penas.

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