Voto Facultativo

HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA:

“EL VOTO VOLUNTARIO”

Percy Víctor Raúl Grandez Barrón(*)

A prima facie causa resquemor la noticia de que el martes 27 de octubre del 2009, una fracción de congresistas hayan archivado el proyecto de Ley Nº 3577/2009-CR, presentada por la bancada aprista, que proponía establecer el voto facultativo (también llamado voto voluntario) en nuestro sistema electoral. En el debate se dieron argumentos a favor y en contra de este proyecto; sin embargo, muchas de las posiciones en contra se reducían en clásicos argumentos interesados y caprichosos. Es por ello que en el presente trabajo pondremos en la balanza al voto voluntario y al voto obligatorio, desplazándonos a un viaje rumbo a la historia, iniciando desde los tiempos en que se gestó la obligatoriedad del voto, para luego aterrizar en la reafirmación de hacer verdaderamente libre el voto, con miras a la instauración del voto facultativo y poniendo la brújula en nuestro espacio y tiempo. Sin perjuicio de lo antes indicado, debemos afirmar que es oportuno el actual contexto para que dejemos de ser una democracia con libertades disfrazadas, para convertirnos así, en una democracia donde se garantice el respeto de las principales “libertades”, inherentes a la naturaleza humana.

I. ANTECEDENTES

En el devenir histórico de nuestro país se han producido múltiples conquistas electorales, entre las cuales tenemos el derecho de sufragio activo y pasivo(1) de las mujeres, de los analfabetos, de los miembros del clero, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional —estos últimos no pueden ser elegibles mientras no hayan pasado a situación de retiro—; así como también, otro importante avance en materia electoral, es que a los 18 años de edad el ciudadano ya pueda acudir a las urnas, y su importancia recae en que antes que entrara en vigencia la constitución de 1979, la mayoría de edad se obtenía a los 21 años. De esta manera se ha logrado que el derecho de sufragio adquiera dos, de sus tres principales características, vale decir, que el voto sea secreto y universal, empero, aún no se ha logrado la fundamental característica, y es que el voto sea realmente libre, en el sentido amplio de su significado, y ello debido a su obligatoriedad.

Dentro de este contexto, haciendo una breve reseña histórica sobre el derecho de sufragio, podemos afirmar que hasta el 07 de setiembre de 1955, este derecho estuvo reservado a los ciudadanos varones, ya que recién con la Ley 12391, es que se extiende este privilegio a las ciudadanas mujeres. Es así que la Comisión Villarán mostraba su posición en contra del voto femenino, sosteniendo que “no se concede voto a las mujeres, porque sus condiciones no son propicias todavía al ejercicio de derechos políticos. La mujer peruana, en general, no se halla en posesión de suficiente independencia civil, social, económica, ni intelectual y religiosa, para votar con libertad“(2). Curiosamente, en esa época muchas personas —en especial los políticos— coincidían con Villarán, así como de manera similar, mostraban su endeble postura de mantener el voto obligatorio; sin embargo, hoy en la actualidad, ninguna de esas dos posiciones tiene certera idoneidad democrática. La primera se quedó en su oscuridad y se dio el gran paso hacia el derecho del sufragio femenino, pero aún queda pendiente la segunda reforma constitucional, que tiene que dejar su pasado oscuro, para ver la luz; para voltear así, la página de aquellos tiempos en que relucían y salían a flote los gobiernos militaristas, dignos del autoritarismo y la dictadura, donde muchas veces no se respetaban los derechos humanos y donde primaba la coacción y con mayor razón también obligaban a los ciudadanos a votar, es quizá en ese contexto donde tenía vigencia el voto obligatorio.

Además de lo antes indicado, podemos recordar cómo se configura el sufragio universal en nuestro país, al respecto el ex senador Alva Orlandini, nos relata que “a las mujeres no se les reconoció derechos políticos hasta que, en 1955, por Ley Nº 12391, se reformó la Constitución de 1933. A los analfabetos se les reconoció el derecho al sufragio en la Constitución de 1856, pero, al reformarse la Carta de 1860, volvieron a la marginación política en 1895. La Constitución de 1979 confirió la calidad de ciudadanos-electores a los analfabetos”(3).

Sin perjuicio de lo antes mencionado, podemos afirmar que incluso antes del año 1834 ya se sancionaba a quienes no acudían a votar. Inicialmente, se les constreñía a los ciudadanos, convirtiéndolos en inelegibles; luego, en 1834 se le imponía una multa de 4 a 12 pesos, además que se le suspendía la ciudadanía por 2 años, en 1849 la suspensión de la ciudadanía se redujo a un año y posteriormente en 1861 la multa bordeaba entre 25 a 50 pesos.

Asimismo, “cabe precisar que el cumplimiento de la obligación se acreditaba con el sello y la firma del presidente de mesa de sufragio en la libreta electoral y de no tener la certificación perdía validez. Tales normas son las que con algunas modificaciones imperan hasta la actualidad”(4).

II. ENFOQUE JURÍDICO

El sufragio es un derecho, por ende, nadie puede obligar al ciudadano a que lo cumpla. En esencia, podemos afirmar que como el ciudadano tiene derecho a elegir, también tiene el derecho a no elegir. En este orden de ideas, el constitucionalista Carlos Hakansson sostiene que “así como existe ‘un derecho a elegir’ este debe complementarse con la opción a ‘no elegir’, también se manifiesta en el deseo de no querer ejercer el derecho de participación, de mantener su independencia política, de querer vivir a espaldas al sistema o probablemente no compartir los ideales democráticos. Frente a todos estos casos que nos pueden sorprender, y dejar algo perplejos, debo decir que uno de los mayores atributos de la democracia es su capacidad para aceptar la autocrítica y cuestionamientos al propio sistema; por eso es el gobierno más tolerado por los ciudadanos”(5).

Asimismo, puede agregarse que “el voto facultativo es aquél que ejerce el ciudadano de manera libre y sin ninguna clase de imposición o coacción. Es, en teoría, el que mejor contabiliza con la democracia, en la medida que si el ejercicio de este derecho es sometido a amenazas, coacciones o cualquier tipo de influencia externa no estamos ante un proceso democrático”(6).

Entonces, debemos de comprender que en una verdadera democracia no puede, ni debe existir una política de represión y coerción hacia los que no quieran ejercer un derecho, que en este caso vendría a ser el derecho a no elegir. Así como el ser elegible, es

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