Proyecto Científico (desodorante).

 La democracia como sistema de gobierno y como forma de vida.

Mantener la división y la independencia de los poderes del Estado, evita el abuso de poder, y permite equilibrio para la toma de decisiones. Pretender controlar todos los poderes es anticipar la destrucción del sistema democrático en lo político y en la vida de los bolivianos. La democracia constitucional supone el gobierno de la mayoría, pero con el reconocimiento de los necesarios derechos de todas las minorías y el respeto de todos los seres humanos, límites absolutos y necesarios de los poderes del Gobierno.  Cuando se analiza este precepto teórico estamos hablando necesariamente de una democracia representativa fundada en la existencia de un marco constitucional. La actual Constitución Política del Estado, reconoce los derechos y garantías de las personas, e incluso los amplía en relación a lo que establecía la antigua Constitución. De tal modo que la democracia es un régimen integral mediante el cual se intenta que la sociedad constituya su expresión propia y directa de la libertad y concurrentemente de la justicia, igualdad, en sus aspectos, cívico, político, cultural, económico etc., para la realización de los derechos necesarios, es decir de los llamados tradicionalmente derechos naturales y el bien común. La democracia representa un estilo de vida, un modo de ser del régimen estatal, una política favorable al hombre y a su libertad personal. El sistema democrático funciona universalmente en las democracias, mediante la separación de los poderes, como una forma de garantizar la independencia entre ellos y evitar la intromisión en el funcionamiento del Legislativo, el Judicial, con la injerencia del Ejecutivo. Nadie puede desconocer que durante los últimos años de desarrollo democrático en el país, las influencias políticas han dañado, por ejemplo, la administración de justicia en algunos casos con directivas emanadas desde el poder político y otras por influencias y componendas. Si esta práctica ha resultado dañina para la institucionalidad de los órganos del Estado, resultaría una aberración que a un Gobierno se le ocurra tener el control absoluto de esas tres instancias, es decir, manejarlas con el riesgo de la discrecionalidad en el poder político administrativo representado por el Ejecutivo, en el Legislativo donde la elaboración de leyes y los controles de fiscalización serían unidireccionales y en el Judicial, donde los tribunales de justicia, ya no sólo estarían proclives a las influencias, sino a los instructivos de las instancias máximas del Gobierno. La división de poderes o división de las funciones del Estado, que es característica fundamental de todo sistema democrático sería anulada, junto con los denominados controles interorgánicos, intraorgánicos y externos, es decir de los controles jurídico-administrativos, entre los poderes del Estado para un equilibrio en la toma de decisiones y evitar el abuso del poder. Quedarían excluidos todo vestigio de controles al interior de cada uno de estos poderes, y además, el mismo control externo, ahora denominado control de los movimientos sociales, resultarían simples figuras adocenadas al Gobierno.

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Nombre: Elizabeth Bonilla Tayo.                                                                        Curso: 5to “C”

La democracia como sistema de gobierno y como forma de vida.

Mantener la división y la independencia de los poderes del Estado, evita el abuso de poder, y permite equilibrio para la toma de decisiones. Pretender controlar todos los poderes es anticipar la destrucción del sistema democrático en lo político y en la vida de los bolivianos. La democracia constitucional supone el gobierno de la mayoría, pero con el reconocimiento de los necesarios derechos de todas las minorías y el respeto de todos los seres humanos, límites absolutos y necesarios de los poderes del Gobierno.  Cuando se analiza este precepto teórico estamos hablando necesariamente de una democracia representativa fundada en la existencia de un marco constitucional. La actual Constitución Política del Estado, reconoce los derechos y garantías de las personas, e incluso los amplía en relación a lo que establecía la antigua Constitución. De tal modo que la democracia es un régimen integral mediante el cual se intenta que la sociedad constituya su expresión propia y directa de la libertad y concurrentemente de la justicia, igualdad, en sus aspectos, cívico, político, cultural, económico etc., para la realización de los derechos necesarios, es decir de los llamados tradicionalmente derechos naturales y el bien común. La democracia representa un estilo de vida, un modo de ser del régimen estatal, una política favorable al hombre y a su libertad personal. El sistema democrático funciona universalmente en las democracias, mediante la separación de los poderes, como una forma de garantizar la independencia entre ellos y evitar la intromisión en el funcionamiento del Legislativo, el Judicial, con la injerencia del Ejecutivo. Nadie puede desconocer que durante los últimos años de desarrollo democrático en el país, las influencias políticas han dañado, por ejemplo, la administración de justicia en algunos casos con directivas emanadas desde el poder político y otras por influencias y componendas. Si esta práctica ha resultado dañina para la institucionalidad de los órganos del Estado, resultaría una aberración que a un Gobierno se le ocurra tener el control absoluto de esas tres instancias, es decir, manejarlas con el riesgo de la discrecionalidad en el poder político administrativo representado por el Ejecutivo, en el Legislativo donde la elaboración de leyes y los controles de fiscalización serían unidireccionales y en el Judicial, donde los tribunales de justicia, ya no sólo estarían proclives a las influencias, sino a los instructivos de las instancias máximas del Gobierno. La división de poderes o división de las funciones del Estado, que es característica fundamental de todo sistema democrático sería anulada, junto con los denominados controles interorgánicos, intraorgánicos y externos, es decir de los controles jurídico-administrativos, entre los poderes del Estado para un equilibrio en la toma de decisiones y evitar el abuso del poder. Quedarían excluidos todo vestigio de controles al interior de cada uno de estos poderes, y además, el mismo control externo, ahora denominado control de los movimientos sociales, resultarían simples figuras adocenadas al Gobierno.

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