Aborto

Muchos son los que han expresado sus opiniones sobre la conveniencia o no de la despenalización del aborto y muchas las polémicas que se han generado en torno al tema. Las posturas varían de país en país y dependiendo de la forma de enfoque del tema.

Poco se puede aportar a un debate moral en el que resulta necesaria una participación interdisciplinaria desde el derecho, la medicina, la filosofía, la antropología y la sociología y donde el consenso parece muy difícil, pero no por ello deja de ser imperantemente necesario.

La gran discusión entre dos posturas aparentemente irreconciliables se centra en la consideración o desconsideración del naciturus como un ser humano.

Iniciaremos considerando la postura de Luis Fuenmayor Toro publicada en el Diario El Progreso de Venezuela el 19 de julio de 2005.

"Escuchar y leer algunas opiniones, sobre la despenalización del aborto en determinados casos, me produce una sensación, que no sé si de asombro, de estupor o de enojo, ante lo que considero una cuestión lógica y transparente, en la que todo el mundo medianamente inteligente debería estar de acuerdo. No se puede obligar a ninguna mujer, a tener un hijo de alguien a quien no sólo no quiere, sino que aborrece por haber sido el autor de una violación en su contra, que además la ha dejado embarazada. Es inaudito que, en pleno siglo XXI, existan quienes anteponen argumentos pseudo morales, por encima de los derechos de una víctima de violación.

Y no estoy utilizando el argumento de que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que desee. Ese es otro asunto. Estoy diciendo que un ser humano fue obligado por otra persona o grupo de personas, a realizar una práctica sexual violenta y extremadamente desagradable, cuyo recuerdo le acompañará toda su vida y la hará sufrir cada vez que se presente. No se trata de cualquier delito, se trata de un delito que hace avergonzar a la víctima y sobre el cual el machismo existente en la sociedad teje cualquier tipo de conjeturas, que se hacen generalmente públicas y que extienden y profundizan el dolor. Es uno de los delitos que conmueve más el entorno familiar de la víctima, quien muchas veces es responsabilizada, aunque sea parcialmente, de lo sucedido.

Todo el proceso de la denuncia policial, los exámenes forenses, la reconstrucción del caso y hasta la atención médica requerida, al ser efectuados por personas no especializadas en el área, resultan un calvario adicional para la mujer violada, quien, muchas veces por evitarse estas malas prácticas, renuncia a su derecho de denunciar lo sucedido y al castigo de los delincuentes involucrados. Las noticias de lo ocurrido, publicadas a través de la prensa, constituyen otro vía crucis que la agraviada debe sobrellevar. Y no hablemos de los comentarios, las miradas, los gestos y las actitudes, que asumen amigos, conocidos, compañeros de trabajo y la gente común, ante la presencia de la víctima.

¿Cómo es posible entonces, que haya quienes opinen que a todo lo anterior hay que agregar un embarazo, un parto y la crianza de un niño, no sólo no deseado que ya es bastante, sino producto de un acto aborrecido por la madre? ¿Con qué derecho se puede obligar a alguien a semejante condena? No voy a discutir que el niño no tiene la culpa de lo sucedido. Pero es que la terminación inmediata del embarazo no es ningún castigo para el futuro niño, ni es con ese fin que se hace. Es parte del manejo terapéutico de la paciente, quien rechaza tener dentro de sí al engendro de su violación. Y la paciente tiene derecho a ser tratada, razón por la cual el aborto es en este caso un procedimiento terapéutico, para garantizar el mejoramiento mental y físico de la víctima de violación.

Si no se aprueba la despenalización del aborto, sólo las mujeres de las clases altas seguirán teniendo acceso a ese procedimiento terapéutico. Las pobres, como siempre, seguirán cargando su cruz".

Las feministas promueven en diversos países, incluyendo el nuestro, una Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Fundamentan su pedido en una razón de salud pública, en la defensa de los Derechos Humanos y en la defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Parte de los objetivos de su campaña es conseguir que los derechos sexuales y los derechos reproductivos sean reconocidos como derechos básicos de todas las personas. Para conseguir dicho propósito, proponen despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.

La "Campaña por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe" se ha lanzado este año en torno a los lemas: "Las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza" y "Métodos anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir"11.

La Campaña es impulsada por siete redes regionales de mujeres y organizaciones de 21 países. Su propósito es educar a la población sobre las consecuencias del aborto inseguro y sensibilizar a quienes toman decisiones políticas en cuanto a su impacto social en las mujeres de menores recursos. La fecha del 28 de septiembre fue establecida como el "Día por el derecho del aborto de las mujeres de América Latina y el Caribe", durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo - Argentina, en noviembre 1990.

La Campaña busca impedir que miles de mujeres tengan que poner en riesgo su vida por recurrir a abortos clandestinos. Según el comunicado de presentación de la Campaña: "Se estima que cada año 46 millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto inducido para terminar con un embarazo no deseado".

La defensa del derecho al aborto es una causa justa -proclaman las feministas argentinas-, en razón de su contenido democrático y de justicia social, que busca asegurar el goce de los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos.

Entienden ellas, que trabajar por el derecho al aborto en razón de justicia social, es reconocer que en el contexto latinoamericano, sumido en la pobreza y la desigualdad social, son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos realizados en clandestinidad, excluidas también de otros bienes culturales y materiales.

La realidad es que la ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según la condición socioeconómica de la mujer y a la falta de información. Por eso, lo deseable es conseguir que no se produzca ni una sola muerte más por complicaciones de un aborto clandestino.

Por su parte, los jerarcas de la Iglesia, las asociaciones civiles pro-familia y las organizaciones pro-vida

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