Derechos Humanos

Todo sistema de protección de los derechos humanos supone, primero, el reconocimiento de estos derechos en los textos fundamentales y en el cuadro nacional correspondiente a cada Estado. Aquellos que se han inscrito en los instrumentos jurídicos jerárquicamente más elevados, los derechos humanos y los principios que rigen a éstos, se ven beneficiados de la más grande autoridad y seguridad, en lo que concierne tanto a si definición como a su garantía. Ellos devienen así, parte integrante de los principios fundadores de la organización de la vida en sociedad, que determina la finalidad del sistema político. En este cuadro, los derechos humanos no son sólo "objetos protegidos" por la norma superior, sino son, por su propia naturaleza, portadores de sentidos y valores

fundados sobre el respeto de la dignidad humana, que se expresa a través de la declinación concreta de estos derechos.

El legislativo

Es el poder legislativo quien constituye la principal institución que está encargada de la protección de los derechos humanos en el marco nacional. El representa "la voluntad del pueblo, quien es el fundamento de la autoridad de los poderes públicos", según los términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 21). Y los principales instrumentos internacionales que tienen carácter jurídico obligatorio prevén que los Estados Partes se comprometen a adoptar en particular las "medidas legislativas" para asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos. La organización y la garantía de los derechos y libertades son, en consecuencia, el resorte de la ley elaborada y adoptada por una asamblea elegida por el pueblo, la cual expresa la voluntad de este último.

El Judicial

Desde que los derechos humanos han sido reconocidos por la constitución y determinados por la ley, su respeto y garantía exigen que medios y vías de recursos sean ofrecidos en caso de violación de estos derechos. Es el poder judicial que asegura el "… recurso efectivo, contra los actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley" a que toda persona tiene derecho, como lo prevén la Declaración Universal y los principales instrumentos internacionales de derechos humanos16. El primer imperativo es la independencia de las instituciones judiciales que deben al mismo tiempo responder a las exigencias de competencia, imparcialidad, y legalidad, a fin de que toda persona pueda ejercer efectivamente su "derecho a que su causa sea escuchada equitativa y públicamente".

El ejecutivo

La responsabilidad de asegurar las condiciones y los medios concretos de puesta en funcionamiento de los derechos humanos en el seno de cada Estado incumbe esencialmente al poder ejecutivo y a sus órganos, que operan en el cuadro del gobierno y las diversas ramas de la administración pública. El ejecutivo tiene por misión a nivel nacional, aplicar las leyes adoptadas por el Parlamento, y debe obrar en el respeto de los principios y de las normas establecidas en la Constitución, pero es igualmente encargado de ejecutar los compromisos relativos a los derechos humanos que el Estado ha suscrito en el plano internacional y de rendir informes delante de las instancias internacionales competentes, aquellas que los instrumentos pertinentes le exijan.

El ejecutivo es, en consecuencia, en el centro del dispositivo de la aplicación de los derechos humanos: el debe tomar las medidas apropiadas, según las formas prescritas (decreto, ordenanza, decisión, reglamento, etc.) y dentro de los límites que le son fijados (principalmente por la ley), para permitir el ejercicio efectivo de los derechos humanos y asegurar su respeto; en consecuencia, está sometido al control de instancias competentes (judiciales, legislativas) y debe rendir cuenta de sus actos delante los diversos órganos de la sociedad y del conjunto de los ciudadanos.

Sistemas

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